En el último pleno del Congreso, se aprobó definitivamente —después de su paso por el Senado— la Ley Orgánica del Servicio Público de Justicia, con muchas dificultades debido al anunciado veto de Podemos. Había habido previamente varias broncas cruzadas entre Podemos y el PNV, Junts y el Gobierno a costa de la no renovación del impuesto extraordinario a las compañías energéticas, votación en la que estuvieron juntos PP, Vox, PNV y Junts. A lo que voy es a que la prensa seria —en este caso, El País— dedicó una página entera a glosar los más mínimos detalles de todas estas broncas y apenas una línea a informar del contenido de la ley aprobada.

 

La ley tiene casi 300 páginas y supone una reforma profunda de muchos procedimientos de la justicia que habían quedado obsoletos desde que se instituyeron hace 39 años. En particular se sustituyen los Juzgados de Primera Instancia unipersonales por órganos colegiados asistidos por una Oficina Judicial en cada municipio. Ello permitirá una mayor eficiencia y especialización en el tratamiento de los litigios. A la vez, se crean órganos de mediación institucionales para dirimir conflictos de forma pactada, siempre que ello sea posible, antes de llevarlos a las instancias judiciales, lo que presumiblemente hará disminuir la carga de los juzgados.

 

Otra ley importante que afecta a la justicia, y que se llevará a las Cortes en 2025, es la de Enjuiciamiento Criminal, que se ha gestado a lo largo de 15 años y que establece que sean los fiscales los que instruyan las causas bajo la vigilancia de un juez de garantías. Después de un año, el CGPJ ha emitido un informe favorable a la misma y también  el PP parece mostrarse favorable a ella.

 

Para mi, estas son las cosas que importan, la Política con mayúsculas, es decir, las reformas que hacen que la sociedad mejore y avance. Por ejemplo, que las últimas centrales de carbón se cierren definitivamente en 2025, es para mí una noticia importante, como también lo es que en 2023 el 56% de la electricidad consumida la hayan producido las tecnologías renovables, pasando por delante de las no renovables que, por contraste, eran mayoritarias en 2018 con el 62% del total.

 

También me parece muy relevante que se estén instalando cuatro megafábricas de baterías para automóviles eléctricos en Zaragoza, Sagunto, Valladolid y el País Vasco, las cuales podrán abastecer a varios millones de vehículos. O la deducción del 15% del IRPF en la compra de un vehículo eléctrico para 2025. O que la potencia instalada de paneles solares para autoconsumo sea actualmente de 8 GW —el equivalente a 8 centrales nucleares— y que la electricidad generada por ellos suponga ya el 4% del total consumido. Que el país avance en electrificación y que esta electricidad sea en su mayor parte de origen renovable representa un avance en el combate contra el peligroso calentamiento del planeta.

 

Normalmente estas noticias, cuando aparecen, lo hacen en páginas muy interiores de los periódicos y casi nunca son tratadas en profundidad. Se echa a faltar artículos de fondo —muy abundantes en los diarios y revistas de la época de la Transición— que expliquen en detalle todos estos avances y los pongan en perspectiva. 

 

A cambio, abundan los “analistos” sabelotodo que emiten sus ideologizadas opiniones en tertulias de radio y televisión y se dedican a la política con minúsculas, es decir, al chascarrillo, a la bronca diaria y a glosar los improperios que los políticos se cruzan entre sí. Han convertido la política en un espectáculo, en una serie por capítulos, aparentemente ideada para nuestro entretenimiento o, más bien, para alimentar las fobias y las filias de los oyentes. En mi opinión, los medios tienen una parte importante de responsabilidad —sin negar, por supuesto, la de los políticos que se dedican a este tipo de política, que la tienen aún mayor— en que los ciudadanos se alejen de los asuntos públicos.

 

Como muestra, tenemos la reciente comparecencia ante los medios del presidente Sánchez tras el último Consejo de Ministros del año. Este dedicó tres cuartos de hora a hacer balance del 2024 y habló de numerosos asuntos relacionados con el desempeño de su gobierno: de datos macro económicos —crecimiento del PIB. déficit, deuda e inflación—, datos sociales —cantidad de empleos, nivel de paro, disminución de la desigualdad—, datos políticos —fundamentalmente, la disminución de las tensiones en Cataluña y la aplicación de la ley de amnistía—, política exterior —guerras en Ucrania y Próximo Oriente y la posición de España en ellas, la nueva Comisión Europea y la participación española en la misma— y de tareas pendientes, muy en particular de las iniciativas en marcha para mejorar el problema de la vivienda.

 

Como era de suponer, sus valoraciones fueron por lo general positivas y yo esperaba —ingenuamente— que, en las preguntas de los periodistas, algunas de sus afirmaciones fueran matizadas o contradichas. Lejos de ello, las diez o doce preguntas que pude escuchar ignoraron por completo la intervención de Sánchez y se dedicaron a preguntarle por los asuntos favoritos de los periodistas, o sea, por los temas que alimentan su espectáculo mediático: Begoña Sánchez, el Fiscal General, los correos filtrados, si se va a entrevistar o no con Puigdemont, si entiende o no que los jueces prevarican, etc.

 

Según Ignacio Sánchez-Cuenca (El País, 17/12/24) esta época se caracteriza por una crisis generalizada de los agentes de intermediación: prensa y partidos. Hoy la mayor parte de las personas se informan (o desinforman) directamente de las redes sociales, sin acudir a los medios de comunicación tradicionales. Si esto ya es un problema grave, todavía lo agrava más el que estos medios ignoren los problemas importantes y se dediquen tan solo a glosar los chascarrillos de la política.