La España de charanga y pandereta,
cerrado y sacristía,
devota de Frascuelo y de María...
En esta España, no vamos a engañarnos: la universidad no importa a nadie, ni a políticos, ni a los medios, ni a los ciudadanos, salvo que sus hijos vayan a ir pronto a la universidad o estén en ella. Es una triste realidad, pero es la nuestra.
La universidad ha sido siempre determinante para una sociedad. En 1930, José Ortega y Gasset escribió La Misión de la Universidad, planteando su visión sobre lo que debía ser la universidad en la sociedad, especialmente en un tiempo histórico de cambios profundos. Aunque el contexto en el que Ortega se encontraba era muy diferente al actual, su reflexión sobre el sentido y la misión de la universidad en tiempos tormentosos sigue siendo pertinente.
La universidad, entendía Ortega, debía ser un espacio de formación de élites intelectuales capaces de responder a los desafíos de la sociedad y de “contribuir al bien común”.
La aceleración del cambio tecnológico, la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización… La irrupción de estas tecnologías está transformando de manera radical la economía y el trabajo. Ortega subrayaba que el conocimiento no debe ser un medio para la mera acumulación de riqueza o poder, sino un instrumento para la reflexión crítica y para el desarrollo de la humanidad gracias a la explotación del saber. Hoy, la tecnología avanza vertiginosamente, y la universidad debería servir no solo para formar individuos que incrementen la innovación, sino también para dotarlos de la capacidad de pensar críticamente sobre el uso de estas tecnologías, su impacto y sus implicaciones éticas. El cambio climático, una de las amenazas más urgentes, solo será frenado por la tecnología y el conocimiento.
Ortega veía la universidad como un motor de la investigación y el pensamiento profundo. ¿Alguien mínimamente responsable no cree que la universidad debe contribuir a la creación de soluciones científicas, tecnológicas y sociales que nos saquen del atolladero de este tiempo?
En un mundo cada vez más polarizado, marcado por los conflictos y el auge de los autoritarismos, nos encontramos en un momento crítico donde es más necesario pensar e investigar. Con Ortega diríamos que la universidad debe ser el centro de un pensamiento universal, lejos de intereses nacionales o partidistas. La mejor forma de abordar los problemas globales es prepararse para ellos. La universidad debe ser un refugio de pluralismo, en el que las distintas opiniones puedan expresarse y debatirse de manera respetuosa y crítica. El conocimiento y la educación no deben ser instrumentalizados al servicio de una u otra agenda política; deben ser vehículos para el desarrollo de una ciudadanía crítica y reflexiva que mire al futuro.
Uno de los debates recurrentes es el de universidad pública vs. universidad privada. La universidad pública es el espacio privilegiado para la formación de los individuos y la creación de conocimiento. Lo público tiene la responsabilidad de ofrecer una educación accesible a todos. Hoy, en un contexto de mercantilización de todo, este principio es más relevante que nunca. Por otra parte, a estas alturas, rechazar la existencia de universidades privadas es un absurdo. Lo que hay que buscar es que estas ofrezcan una educación de calidad, cumpliendo los mismos estándares de excelencia académica y los mismos principios de reversión del conocimiento a la sociedad. No deben ser una competencia de la universidad pública, sino un complemento enriquecedor.
La clave es que ambas estén comprometidas con la investigación, la formación crítica y la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. La universidad pública debe seguir siendo la piedra angular del sistema, ya que es la única capaz de garantizar una educación accesible a todos los ciudadanos.
El reciente acuerdo suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central para la financiación de las universidades públicas madrileñas tiene como objetivo principal garantizar la estabilidad laboral y la calidad académica. Dentro del marco del Programa María Goyri, este convenio permitirá la creación de 1.100 plazas de profesores ayudantes doctores en las seis universidades públicas de la región. El Gobierno central asumirá el 60 % del coste durante los primeros seis años, mientras que la Comunidad aportará el 40 % restante. Posteriormente, la Comunidad de Madrid deberá financiar la totalidad de los salarios, consolidando estas plazas como permanentes.
Este acuerdo, parte de una estrategia nacional que ya ha sido ratificada por otras comunidades autónomas, busca fortalecer el sistema universitario y fomentar la igualdad de oportunidades. A pesar de ciertas reticencias iniciales por parte del Gobierno madrileño, finalmente se ha avanzado en un consenso, lo que permitirá una inversión de aproximadamente 169 millones de euros por parte del Estado y garantizará un impacto positivo en el ámbito de la investigación y la docencia.
En todo caso, la financiación de las universidades públicas sigue siendo insuficiente e incierta. La universidad debe ser un espacio autónomo, libre de las presiones políticas y económicas, pero eso solo se consigue con una financiación adecuada, no sujeta a la confrontación política que ensombrece todo.
Es evidente que Isabel Díaz Ayuso ha promovido políticas que, de una manera u otra, favorecen la privatización parcial de la educación superior y ponen todo tipo de trabas a los recursos destinados a la universidad pública. Lo más preocupante es que su gobierno ha fomentado el crecimiento de universidades privadas sin aplicar criterios rigurosos para garantizar que estas contribuyan al conjunto de la misión de la universidad en España.
La privatización de la educación superior puede percibirse como una estrategia para mejorar la eficiencia del sistema, pero en la práctica esta política ha derivado en una mayor desigualdad en el acceso a una educación de calidad. En lugar de fortalecer la universidad pública, Ayuso ha optado por políticas que favorecen a las universidades privadas sin discriminar entre las de calidad y las que no lo son. Esto responde más a una agenda de batalla cultural que a una estrategia meditada, ignorando las consecuencias a largo plazo para la igualdad de oportunidades, la calidad educativa y el potencial de la universidad como motor del desarrollo español.
Asfixiar financieramente a las universidades públicas mientras se apoya indiscriminadamente a las privadas no es una estrategia política coherente. Si lo es, resulta profundamente errónea. La universidad debe ser un espacio autónomo, libre de los intereses económicos, y su financiación debe ser suficiente para garantizar que pueda cumplir con su misión. Las políticas de Ayuso no solo son perjudiciales para el sistema educativo, sino que además socavan el papel de la universidad como institución al servicio del interés general.
La universidad marcará la senda del futuro. Su misión sigue siendo, ahora más que nunca, imprescindible para garantizar la libertad y el desarrollo del conocimiento. Debe ser un espacio autónomo, libre de las presiones políticas y económicas, orientado a la proposición de soluciones para los grandes problemas del mundo contemporáneo.
Los datos son claros: durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso, la financiación destinada a las universidades públicas ha experimentado recortes o incrementos insuficientes frente al crecimiento del número de estudiantes. Según datos del Ministerio de Educación, el presupuesto destinado a universidades públicas en la Comunidad de Madrid ha disminuido en términos reales.
Por ejemplo, universidades públicas como la Complutense enfrentan dificultades para actualizar sus infraestructuras y ampliar las becas para estudiantes vulnerables, mientras que universidades privadas como la Francisco de Vitoria han recibido apoyo político para proyectos de expansión. ¿Razones de interés general? El acceso a una educación superior de calidad se ve limitado para quienes no pueden pagar altos costos, al no existir una política de becas sostenible. Más aún, los recortes frenan la capacidad de las universidades públicas para contratar investigadores, lo que afecta la producción científica nacional. Por su parte, los docentes universitarios enfrentan una creciente precariedad laboral, con salarios estancados y contratos temporales que dificultan atraer y retener talento académico.
En países como Alemania o los Países Bajos, el modelo de educación superior favorece la colaboración entre universidades públicas y privadas. Las universidades públicas reciben una financiación garantizada que les permite mantener altos estándares académicos y de investigación, mientras que las privadas complementan la oferta con programas especializados. En estos países, la proporción de financiación pública destinada a la educación superior es significativamente mayor que en España, reflejando un compromiso por garantizar el acceso equitativo a la educación.
En contraste, la política de Ayuso no prioriza este equilibrio y parece favorecer un modelo estadounidense de mercantilización de la educación superior, que perpetúa desigualdades y limita las oportunidades para las clases medias y bajas. A la vez, generaliza un modelo similar al sudamericano, con múltiples universidades privadas de baja calidad y escaso aporte al desarrollo del país.
Un modelo más equilibrado debería centrarse en garantizar una financiación mínima adecuada para todas las universidades públicas, vinculada a objetivos de calidad e inclusión. Esto podría complementarse con incentivos fiscales a las universidades privadas que colaboren en proyectos de investigación conjuntos o que ofrezcan becas significativas para estudiantes de menor renta.
Es esencial impulsar un pacto educativo que establezca principios claros sobre el papel de cada tipo de universidad, garantizando siempre la accesibilidad, la excelencia académica y la libertad de cátedra, tanto en las universidades públicas como en las privadas. Esto evitaría que la educación superior se convierta en un campo de batalla ideológico y promovería su papel como motor de progreso social.
Todo esto cuesta dinero, pero es una inversión en el futuro.
Álvaro Frutos Rosado es miembro del Consejo Social de la Universidad Carlos III y del Consejo de Universidades de la Comunidad de Madrid.