Al día siguiente de la tremenda riada que se llevó por delante personas y enseres, y en plenas tareas de búsqueda y limpieza, se presentó en Valencia para declarar que los organismos estatales AEMET —Agencia Española de Meteorología— y CHJ —Confederación Hidrográfica del Júcar— no habían informado adecuadamente y así exculpar a la Generalitat Valenciana dirigida por el popular Carlos Mazón. Claramente,  no era el momento de buscar culpables pero, sobre todo, lo que dijo era del todo falso. 

 

Afortunadamente, los medios de comunicación no colonizados por el PP o la ultraderecha han hecho un exhaustivo trabajo de proporcionar, minuto a minuto, todas las comunicaciones de la AEMET y la CHJ ese día y de detallar la ausencia de acciones del organismo de Protección Civil de la Generalitat durante las doce horas y media que transcurrieron entre la alerta roja de la AEMET (7:36 de la mañana) y el mensaje de aviso a la población por parte de Protección Civil (20:12 de la tarde). El señor Mazón mantuvo su agenda durante la mayor parte de esas horas y estuvo desaparecido en una comida e incomunicado entre las 15:00 y las 18:30, tres horas y media críticas en las que la comarca se inundaba. Apareció en el comité de coordinación, reunido desde las 17:00, a las 19:30. 

 

Durante los días siguientes, el portavoz del PP, Borja Semper, retorció varias veces su discurso. Tan pronto arremetía contra el Gobierno y le pedía que tomara el mando de la situación —desautorizando implícitamente la gestión del señor Mazón— como afirmaba que no era el momento de atribuir responsabilidades, sino de unir los esfuerzos de todas las administraciones. Finalmente, ha prevalecido el deseo de responsabilizar al Gobierno y exculpar al presidente autonómico y han decidido personalizar el ataque en la figura de la Vicepresidenta y Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que, además, es la designada por la presidenta europea Ursula von der Leyen para ser su Vicepresidenta primera en la futura Comisión de la UE.

 

Una vez desmentidos por los medios los bulos sobre los organismos estatales —que actuaron correctamente y a tiempo—, no hay una acusación concreta del PP contra ella, la cual, pese a hallarse en Bruselas el día del desastre, estuvo coordinando la acción de esos organismos y realizando varias llamadas al señor Mazón hasta que pudo localizarle cerca de las 19:30 horas. Simplemente afirman que, por ser la ministra competente, es responsable de lo que pasó. Esconden interesadamente que la Protección Civil es competencia autonómica y que, salvo que la autonomía lo pida expresamente declarando el nivel 3 de alerta o el Gobierno declare la emergencia nacional, la competencia de lo que se hizo o no se hizo ese día era de la Generalitat valenciana.

 

Pero, no contento con montar una vez más la bronca en España —en un momento por completo inapropiado en el que los ciudadanos esperarían ver a los políticos preocupados por paliar los destrozos producidos y no por arrojarse las culpas—, el señor Feijóo ha decidido llevarla también a Bruselas, intrigando con el presidente del grupo parlamentario popular europeo (PPE), Manfred Weber, para obstaculizar el placet que el parlamento europeo debe dar a los comisarios, entre ellos a la señora Ribera.

 

No es la primera vez que el PP lleva a Bruselas nuestras broncas domésticas y trata allí de obstaculizar la acción del gobierno español, aunque eso perjudique de paso a nuestros ciudadanos. Lo hizo el propio Feijóo en marzo de 2023, cuando España se jugaba la entrega de 10.000 millones de los fondos Next Generation: se vio en Bruselas con la presidenta de la Comisión y otros miembros de la misma para descalificar la reforma española de las pensiones, que era un requisito clave para desbloquear dichos fondos. También trató de forzar una evaluación crítica de la ejecución por parte de España de los fondos recibidos, proponiendo severas condiciones a los programas de recuperación y poniendo así en riesgo la recepción de dichos recursos. No lo consiguió. Y, un año antes, intentó que no se aprobara en Bruselas la llamada “excepción ibérica” que nos ahorró a  los españoles varios miles de millones en la factura de la luz.

 

Pero ahora, sus deseos de desviar el foco de la negligente actuación del gobierno valenciano y de centrarlo en el Gobierno y su ministra, ha provocado una crisis en Bruselas. La composición del nuevo ejecutivo comunitario era un delicado equilibrio, gestado a lo largo de varios meses, entre las familias políticas popular, socialdemócrata y liberal, y Teresa Ribera es una pieza clave dentro de ella. Es el contrapeso socialdemócrata a una Comisión Europea muy derechizada, Desestabilizarla supone desestabilizar todo el pacto y retrasar o imposibilitar los nombramientos, con grave perjuicio para la UE en unos momentos críticos de su historia tras la victoria de Donald Trump en EE.UU. 

 

Por ahora, los compañeros conservadores europeos del señor Feijóo, capitaneados por el presidente Weber, se han prestado al juego. En esa complicidad se halla también presente la rivalidad entre el señor Weber y la señora Von der Leyen, ambos del mismo partido, y la concepción del primero de que el PPE debería apoyarse en la ultraderecha y no en los socialdemócratas y liberales.

 

Pero el objetivo del señor Feijóo es puramente doméstico: hacer caer a Ribera en Bruselas para perjudicar a su enemigo Sánchez y desviar el foco de Mazón. Se trataría, de ser nombrada, de la primera vez en la historia en que un político o una política española iba a ser el número dos de la Comisión Europea.

 

El odio ciego del señor Feijóo hacia el presidente Sánchez y su deseo de que fracasen a cualquier precio sus iniciativas debería tener ciertos límites. No perjudicar a España y, menos aún, a la Unión Europea son dos muy claros. Hacer lo contrario es pura desvergüenza y constituye un tipo de política sin escrúpulos.