La caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989, marco en el mundo el fin de la Guerra Fría y abrió la esperanza de una era de paz con el fin de las guerras por procuración, el desmantelamiento del Pacto de Varsovia y el retiro de las fuerzas soviéticas de sus bases en Europa Oriental. Por fin, el mundo dejaba de estar con el dedo en el gatillo nuclear.
La reunificación alemana y el desmantelamiento de la Unión Soviética en quince estados independientes cambio radicalmente el escenario internacional.
En Harvard, Francis Fukuyama, inspirándose en el idealismo alemán de Friedrich Hegel, llegó a afirmar que la historia humana como lucha entre ideologías había concluido, para dar paso a un mundo basado en la política y la economía de libre mercado. Fukuyama adquirió notoriedad con su impactante artículo, en Foreign Affair, sobre “El fin de la Historia”.
El Consenso de Washington
En América Latina, la caída del Muro y el fin de la Guerra Fría tuvieron efectos diversos sobre la economía, la política y el debate ideológico en los diversos países de la región.
Desde la caída de la Bolsa de Nueva York, en 1929, la mayoría de los países de América Latina adoptaron una estrategia de desarrollo económico basado en la industrialización por sustitución de importaciones. Esta estrategia demandaba un marcado intervencionismo estatal en la economía.
Tal modelo económico comenzó a tornarse inviable en la denominada “década perdida” de los años ochenta en América Latina. Caracterizada por las restricciones de crédito externo para los países latinoamericanos impuestas por la deuda y el decrecimiento económico.
Lo que llevó, hacia el final de la década, al abandono de las estrategias estatistas y reguladoras para adoptar políticas liberales propiciadas por los organismos financieros mundiales: el FMI, el Banco Mundial, el BID y el gobierno de los Estados Unidos.
El economista estadounidense John Willianson, desde el Instituto Peterson, denominó a este proceso como el “Consenso de Washington”, que propiciaba la estabilización macroeconómica, la liberación del comercio internacional, la reducción del Estado, la reforma tributaria, privatización de las empresas estatales, seguridad jurídica para los derechos de propiedad y la expansión de las fuerzas de mercado dentro de la economía interna.
Este proceso fue acompañado por la implementación de proyectos de integración económica regional que se estaban negociando desde hacía algunos años: el Mercado Común Centroamericano, el Pacto Andino y el Mercosur.
En 1994, durante la Cumbre de las Américas, en Miami, veinticinco jefes de Estado del Hemisferio se comprometieron a crear para el 2005 un área de libre comercio (el ALCA) que abarcaría desde el Yukón hasta Tierra del Fuego.
El ALCA debía comenzar a funcionar a partir de la IV Cumbre de las Américas, realizada en ciudad de Mar del Plata, en 2005, pero en esa reunión entró en crisis debido a los cuestionamientos de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, al punto que el tratado nunca llegó a ser aplicado.
En esa Cumbre, el presidente argentino Néstor Kirchner, luego de organizar una “contracumbre”, llamó al presidente estadounidense George W. Bush en una reunión personal, “presidente hegemónico”.
Por el contrario, el 1° de enero de 1994, los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y México suscribieron el Tratado de Libre Comercio, que supuso la desaparición de barreras comerciales y de inversiones entre los tres países, y se contrajo el compromiso de eliminar progresivamente los aranceles agrícolas entre Canadá y los Estados Unidos hasta su desaparición en 1998 y en el 2008 para México.
Pese a la aplicación de estas políticas la participación de América Latina en el comercio mundial nunca logró superar la barrera del cuatro por ciento.
Podría decirse que en América Latina la caída del Muro sepultó al Estado de Bienestar, las políticas liberales llevaron a la desregulación de los mercados laborales, la descapitalización de los servicios de salud, educación y vivienda social.
Una década más tarde, según datos del BID y de la CEPAL alrededor de doscientos millones de los 446 millones de habitantes de la región eran pobres y el 20% vivía por debajo de la línea de pobreza extrema.
En la segunda mitad de la década de los noventa, América Latina se vio sacudida por las crisis económica. En 1994, México, el alumno más brillante y aventajado de las instituciones financieras internacionales entró en la llamada “Crisis del Tequila” que sembró pánico entre los inversores internacionales que orientaron sus créditos hacia mercados potencialmente más seguros y prometedores en Europa Oriental y Rusia, aprovechando la ventana de oportunidad que allí abrió la Caída del Muro.
Las crisis siguieron con Brasil y la “Crisis Caipiriña”, también en 1994. La Argentina logró prolongar cierta estabilidad económica hasta el “corralito financiero” que terminó con la paridad cambiaria entre el peso y el dólar (la “convertibilidad” del ministro de economía argentino Domingo F. Cavallo, también autor del “corralito”) y provocó la renuncia del presidente radical Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001.
Al momento de la Caída del Muro, en América Latina gobernaba un conjunto de presidentes que adhirieron e implementaron el Consenso de Washington y que tras unos años de gobierno exitosos, cuando cesaron las inversiones extranjeras, no pudieron sortear las crisis e incluso terminaron siendo procesados por corrupción y hasta encarcelados: Carlos Salinas de Gortari (01/12/1988 – 30/11/1994) en México, Alberto Fujimori (28/07/1990 – 21/11/2000) en Perú y Carlos S. Menem (09/07/1989 – 10/12/1999).
La crisis de los satélites soviéticos
La Caída del Muro de Berlín aceleró un proceso que se inició en 1985, cuando Mijaíl Gorbachov se convirtió en secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y lanzó sus políticas de Perestroika y Glasnost (reforma y transparencia).
Estas políticas fueron acompañadas de un drástico recorte en los fondos que el Kremlin destinaba a través de su Departamento Internacional para apoyar a los gobierno y movimientos insurreccionales en el Tercer Mundo.
Diversos grupos guerrilleros perdieron su acceso a campos de entrenamiento militar, su abastecimiento de armamentos y los recursos económicos con que financiaban sus acciones.
Por lo cual debieron acogerse a “procesos de paz y reinserción social y política”. En El Salvador, por ejemplo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmó el 16 de enero de 1992, los Acuerdos de Paz de Chapultepec que pusieron fin a doce años de guerra civil.
En Chile, donde el Partido Comunista organizó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en 1983, para llevar adelante la lucha armada contra la dictadura militar del general Augusto Pinochet Ugarte. Privado del apoyo soviético, gradualmente se atomizó en diversos grupúsculos terroristas tras el retorno de la democracia en Chile, en 1990. Su última operación de cierta envergadura fue el asesinato del senador de la derechista Unión Democrática Independiente (UDI), Jaime Guzmán Errázuriz, el 1° de abril de 1991 y el secuestro, el 9 de septiembre de 1991, de Cristián Edwards del Río, uno de los hijos del dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards Eastman.
Los grupos terroristas que decidieron continuar con “la lucha armada” pasaron a financiarse con el cobro de “impuestos revolucionarios”, o sea extorsionando a las empresas y pobladores; los secuestros extorsivos o directamente involucrándose en actividades vinculadas con el narcotráfico. Primero vendiendo protección a las organizaciones del narcotráfico, sicariato y finalmente encargándose directamente de la producción, tráfico y comercialización de las drogas.
Esto ocurrió en Colombia con las FARC y el ELN, en Perú con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, entre otros.
Fidel Castro, en Cuba, privado de la cuantiosa ayuda económica de los soviéticos y tras la pérdida de sus intercambios económicos a través del Consejo de Ayuda Mutua Económica del desaparecido Bloque Socialista, se vio obligado, en 1990, a implantar lo que se denominó como el “Período Especial en Tiempos de Paz” que provocó una brusca reducción en el PBI cubano del 40% en cuatro años.
La Isla, privada del petróleo soviético, debió volver a la tracción a sangre, se implantó un severo racionamiento de alimentos, productos de primera necesidad y hasta ropa a través de “libretas de abastecimientos”.
Los Estados Unidos, ansiosos por terminar con el comunismo en Cuba endurecieron sus sanciones económicas a través de las leyes Torricello (1992) y Helms – Burton (1996), esperando que en la Isla ocurriera algo similar a lo acontecido en Rusia.
No obstante, los hermanos Castro resistieron hasta hoy a costa de los terribles padecimientos extremos del pueblo cubano.
En Nicaragua, el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con Daniel Ortega en la presidencia, sin el apoyo soviético y de los países de Bloque Socialista (especialmente de la asistencia de inteligencia que le brindaba el HVA -Hauptverwaltung Aufklärung o Directorio Principal de Inteligencia, es decir, el servicio de inteligencia exterior- de la desaparecida República Democrática Alemana) y de Cuba para hacer frente a las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y los ataques guerrilleros de “los Contras”; se vio obligado a convocar a elecciones libres, en 1999.
En esas elecciones, la candidata de la Unión Nacional Opositora derrotó a Daniel Ortega por 54,7% de los votos contra el 40,8% obtenido por el candidato sandinista.
El discurso de las izquierdas latinoamericanas
Si para los gobiernos comunista y los grupos insurreccionales de América Latina la Caída del Muro resultó una tragedia difícil de superar para las izquierdas de la región el efecto fue devastador que las sumió en un reflujo de masas que duraría más de una década.
Por un lado, perdieron los apoyos materiales que recibían del Departamento Internacional del PCUS desde Moscú en forma de dinero, participación en eventos internacionales, cursos de adoctrinamiento político, material de propaganda, apoyo político y diplomático, etc.
Por otra parte, el Departamento Internacional conducía a todos los partidos comunistas y grupos afines en todo el mundo fijando la interpretación oficial de la situación internacional y la de cada país en función de sus relaciones con Moscú. Esto reforzaba el “centralismo democrático” y a las conducciones, que se habían constituido con el beneplácito del PCUS, dentro de cada partido evitando la formación de líneas internas y camarillas.
Cuando desapareció la URSS, en 1991, brotaron como hongos las disputas internas y muchos dirigentes aprovecharon la oportunidad para apropiarse de fondos y bienes de los partidos comunistas. Muchos de estos partidos desaparecieron o quedaron reducidos a simples “sellos de goma”, carentes de militantes, recursos o votos.
Finalmente, lo más grave para las izquierdas fue la pérdida del “relato”. El discurso políticos que propiciaba al “modelo soviético”, como el camino histórico hacia una sociedad más justa, sin clases sociales y se explotación, se derrumbó irremediablemente con la imagen de miles de alemanes orientales huyendo de su “paraíso socialista” para arrojarse gustosos en los brazos de los explotadores capitalistas como si estos fueran sus salvadores.
La impactante revelación de la vida de privaciones y persecución política en que vivía la población de los regímenes políticos eliminó cualquier posibilidad seria de reivindicar a la Revolución de Octubre, al movimiento bolchevique y a sus sucesores soviéticos.
Frente a esta situación, las izquierdas debieron elaborar un nuevo relato, un discurso político que permitiera atraer a nuevos conversos.
Para ello las izquierdas apelaron a nuevos argumentos en una acción aparentemente divergente, pero cuya finalidad era siempre la misma posibilitar que una “vanguardia esclarecida” condujera la lucha política hacia la construcción de un “gobierno popular” (integrado precisamente por esos jóvenes dirigentes idealistas dotados de las ideas correctas) capaz de instalar un “socialismo del siglo XXI”, tal como lo denominaría el expresidente venezolano Hugo Chávez Frías.
Este socialismo del siglo XXI, según los países cambiaría de ingredientes, pero en general adhirió a los siguientes: la defensa de los derechos humanos; la reivindicación del indigenismo o de las culturas originarias; la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático; las políticas de género, la promoción del matrimonio gay y el derecho al aborto; la protección de los migrantes irregulares, la lucha contra todas las formas de discriminación, etc.
La reivindicación de los derechos de los denominados “pueblos originarios”, adquirió especial relevancia al celebrarse, en 1992, el Quinto Centenario del descubrimiento de América o de la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente.
La celebración llevó a reflotar “la Leyenda Negra” contra la colonización española del nuevo continente, generó propuestas tan disparatadas como la de demandar indemnizaciones por el oro y la plata que España se llevó de América.
En este orden de propuestas bizarras, en 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró: “Envié una carta al Rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos.”
Como tanto el rey como el Papa se negaron a aceptar el insólito requerimiento del presidente mexicano. En 2024, el gobierno de México decidió excluir al Rey de España, Felipe VI, de la ceremonia de asunción de la presidencia del país por parte de Claudia Sheinbaum, sucesora de AMLO.
En 2013, la entonces presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ordenó retirar la estatua de Cristóbal Colón, donada por la comunidad italiana de Buenos Aires, con motivo del Centenario de la Independencia argentina, en 1910, situada a espaldas de la Casa Rosada mirando hacia el Río de la Plata.
En su reemplazó, ordenó colocar una estatua de la guerrillera boliviana Juana Azurduy, que peleo contra la dominación española a comienzos del siglo XVIII.
Balance Final
La Caída del Muro de Berlín en América Latina posibilitó la implantación del Consenso de Washington, la instalación de gobiernos liberales que más tarde o más temprano terminaron fracasando en medio de la crisis económica y serias acusaciones de corrupción. El saldo positivo de la década de los noventa fueron los procesos de integración económica como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México y el Mercosur creado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y al que se agregó más tarde Venezuela y otros países asociados como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.
En ese contexto, las izquierdas de la región abandonaron el relato de la “defensa de la patria del socialismo” ante el derrumbe inocultable del camino soviético al socialismo pasando a un discurso que propicia un socialismo del siglo XXI basado en nuevos argumentos: la defensa de los derechos humanos, el indigenismo, las políticas de género y la defensa del medio ambiente.
Un discurso claramente antiliberal, anticapitalista y muy emparentado con la cultura woke.
El fracaso de los gobierno liberales también permitió el acceso al poder de líderes populistas como Hugo Chaves Frías, en Venezuela, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina; Luis Inacio “Lula” da Silva en Brasil; Evo Morales en Bolivia; Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y más tarde Andrés Manuela López Obrador en México; Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile.
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