Decimos “reducir” con fundamento, porque la subvención pasaría de 1.043 M€ (millones de euros) en 2024 a 1.052,3 M€ en 2025, lo que supondría un 0,9% de “aumento” que no compensará el IPC medio de 2024 estimado en torno al 3%. Tampoco dará para cubrir el 3% de aumento de las nóminas que se producirá como consecuencia de la actualización de los sueldos y los complementos de antigüedad.

 

Los rectores habían advertido que necesitaban al menos 200 M€ más, simplemente para “salvar los muebles” porque la subvención actual apenas llega para cubrir el 70% de la nómina de las universidades. Lo que falta y el resto de necesidades deben cubrirlas con las tasas de matrícula. Los gastos corrientes y las inversiones se han reducido al mínimo. Por ejemplo, la Universidad Complutense ha pedido a todos sus centros que reduzcan sus gastos corrientes un 30%. 

 

La decisión se toma contradiciendo las declaraciones del propio Director General de Universidades de la CM, Nicolás Casas, que aseguró en abril que “eran perfectamente conscientes de la situación financiera de las universidades” y que iban a remediarlo en 2025. Si eran conscientes y, pese a ello, deciden reducir la subvención, hemos de concluir entonces que se trata de una estrategia deliberada para dañarlas.

 

Los representantes del PP en los consejos sociales de las universidades públicas empiezan a difundir la idea de que la CM no está dispuesta a financiar la “ineficiencia” de las universidades. Se trata, obviamente, de una justificación basura o, si se prefiere, de una tinta de calamar para ocultar sus verdaderas intenciones. La universidad pública madrileña es la más eficiente de España porque da un servicio de la máxima calidad con una subvención por estudiante un 21% menor que la media, la más baja de todas. Concretamente, con 5.473 € por estudiante frente a los 6.777 € de media y muy alejados de los 8.750 € que dedica la universidad pública de Navarra.

 

En el artículo citado más arriba estimábamos que la subvención debería subir en 2025 entre 400 M€ y 600 M€, dependiendo de si Madrid quería situarse en la media nacional o en la parte alta de la tabla, tal como correspondería a la comunidad más rica de España y al hecho de tener unas universidades entre las más antiguas y prestigiosas de nuestro sistema de Educación Superior.

 

Pero los objetivos de la señora Ayuso y de su consejera de Hacienda, Rocío Albert, son otros. La segunda es una conocida lobista de las universidades privadas y, entre ambas, han decidido un modelo para Madrid en el que las universidades privadas tengan el campo despejado para hacer su negocio. Para ello, es imprescindible que las universidades públicas no puedan crecer, ni ofrecer nuevos títulos, ni contratar nuevos profesores. Ni siquiera que puedan reponer los que se jubilan. Ello, junto con una oferta agresiva de las privadas en los títulos más demandados, provocará —está provocando ya desde 2102— una emigración de estudiantes desde las públicas a las privadas. Siempre, por supuesto, que estos puedan pagar las matrículas de entre 7.000 € y 23.000 € que estas cobran por curso.

 

No obstante, hay algo más. Hay también una componente ideológica. La señora Ayuso ha deslizado varias veces en la Asamblea de Madrid que las universidades públicas están llenas de “chiringuitos” de la izquierda y que sus profesores y estudiantes están adoctrinados y se manifiestan con demasiada frecuencia contra las políticas de su gobierno. Como profesor de la universidad pública durante 36 años, 29 de ellos en una de Madrid, lo más que puedo afirmar es que estas son muy plurales, tanto entre sus profesores como entre sus estudiantes. Si acaso, entre los profesores predomina ligeramente el pensamiento conservador.

 

Pero las señoras Albert y Ayuso quieren algo más conservador aún. De las 13 universidades privadas de Madrid, 8 son propiedad de la Iglesia Católica en alguna de su variantes —Opus Dei, Asociación Católica de Propagandistas, Legionarios de Cristo, Compañía de Jesus, Conferencia Episcopal— y 3 son propiedad de fondos de inversión. Es decir, quieren reproducir en la universidad el modelo que han aplicado con éxito en la enseñanza media: que la Iglesia conforme las conciencias de nuestros jóvenes y así, con un poco de suerte, conseguirán buenos ciudadanos de derechas para Madrid, personas de orden que no pongan en cuestión sus políticas neoliberales. Y, de paso, también conseguirán reducir el acceso a la universidad solo a quienes puedan pagárselo. Toda una opción de clase.

 

Las señoras Ayuso y Albert unen a su fanatismo neoliberal la osadía y la ignorancia, porque solo desde la ignorancia es posible tener la osadía de desmantelar unas universidades que atesoran tanto conocimiento y buen hacer como tienen las universidades públicas madrileñas. Generaciones de profesores desde la Transición han dedicado sus mejores esfuerzos a salir a la escena internacional con sus publicaciones, a competir en el ámbito de la Unión Europea por los proyectos de investigación y a actualizar sus programas docentes con los mejores conocimientos disponibles. Gracias a las universidades públicas españolas, España es hoy la undécima potencia mundial en publicaciones científicas de calidad, un lugar acorde con nuestro PIB. Unos esfuerzos en absoluto comparables a los de unas universidades privadas advenedizas que, en la mayoría de los casos, no dedican ningún recurso a la investigación. Muchas de ellas se han aprobado incluso con informes negativos de la Conferencia General de Política Universitaria, informes que por desgracia no son vinculantes para las CC.AA.

 

Este es el escenario en que nos sitúan las decisiones del gobierno autonómico más conservador de España. Ahora está en manos de la sociedad madrileña y de sus universitarios decidir si van a consentir o no este nuevo atropello a los servicios públicos y a la igualdad de oportunidades.

 

En las próximas elecciones, los ciudadanos de las clases media y trabajadora deberán pensarse muy bien si es una buena idea poner a los zorros al cuidado de nuestras preciosas gallinas. Los zorros ya han degradado la sanidad pública y la enseñanza no universitaria hasta extremos impensables hace años. Ahora van a por nuestras universidades.