Por supuesto, la realidad española no es idéntica a la que se da en Francia, marcada por un singular desarrollo histórico y un poderoso legado colonialista que sigue reverberando en la política nacional. A pesar de todo, cuanto ocurre en el país vecino arroja una luz cruda sobre lo que acaece en España, sujeta a las mismas oleadas de fondo que sacuden a las naciones postindustriales de nuestro entorno. Concretamente, en Catalunya, la discusión resulta especialmente pertinente.

 

El gobierno municipal socialista de Barcelona se apresta a iniciar la tercera edición de una política pública pionera, inspirada en la llamada “Ley de Barrios” del tripartito de izquierdas catalán, y que ha tenido continuidad y desarrollo merced a los ejecutivos progresistas de la ciudad condal: el “Plan de Barrios”. Se trata de una política pública de inversiones e intervenciones enérgicas – en el plano social como en urbanismo, equipamientos o rehabilitaciones – en aquellos barrios que concentran los mayores índices de vulnerabilidad, las rentas más bajas, las condiciones de habitabilidad más degradadas, etc. Y que acogen los mayores contingentes de población inmigrada. El nuevo gobierno de Salvador Illa, al frente de la Generalitat, se propone replicar esa política en el conjunto del territorio catalán. Y esa es una decisión de gran transcendencia. Para Barcelona, por supuesto: las problemáticas que afectan a sus barrios más pobres se corresponden con idénticas situaciones en los territorios colindantes del área metropolitana. No tendría sentido desarrollar una política destinada a combatir las desigualdades sociales… que generase desigualdades entre barrios vecinos.

 

Pero el nuevo rumbo que pretende seguir la Generalitat adquiere toda su relevancia cuando observamos en qué comarcas y municipios del interior progresa la extrema derecha – comarcas y localidades que sufrieron en su día los efectos de la desindustrialización y que han recibido un notable aporte de las últimas oleadas migratorias. Es una “Catalunya interior” que mira con recelo a la capital y no se reconoce en su semblante cosmopolita y sospecha de la equidad de sus políticas redistributivas. El temor a un declive de las clases medias, que en un momento dado abrazaron la ilusión de una rápida independencia como vía de escape a su desazón, deriva en la afirmación de una identidad secular, supuestamente amenazada de extinción por los cambios demográficos en curso. Pero ni Barcelona es socialmente homogénea, ni esos territorios tampoco. Así pues, la política de los planes de barrio, desplegada en el conjunto de Catalunya, no sólo deberá reparar injusticias y desigualdades, sino propiciar en profundidad una cohesión efectiva del país. El proyecto federal de la izquierda se opone frontalmente a esa fractura artificial entre una “Catalunya catalana” y una suerte de sombra amenazadora para la nación, que tendría en la capital su principal residencia. La narrativa de la extrema derecha sólo puede ser desmontada con políticas sociales que articulen la solidaridad y forjen vínculos de ciudadanía. No bastará con cifras, datos y demostraciones académicas – por otra parte, absolutamente necesarios.

 

En ese esfuerzo, que condensa la esencia de su proyecto transformador, se juega la izquierda su capacidad de liderazgo político.