Las perspectivas son muy pesimistas, a la luz del nivel de asfixia económica al que la Comunidad de Madrid (CM) ha sometido a las universidades públicas en los últimos doce años. Véase, si no, la evolución de las transferencias: 1.047 M€ (millones de euros) en 2012, 1.065 M€ en 2022 y 1.117 M€ en 2024, un incremento en doce años del 6,7%, muy por debajo de la evolución del IPC, el 26,4% según el INE. En esos mismos doce años, los presupuestos de la CM han pasado de 17.048 M€ a 27.624 M€, es decir, han experimentado un incremento del 62%. Si el peso de la universidad se hubiera mantenido constante en los presupuestos, le hubieran correspondido a esta 1.697 M€ en 2024 en lugar de los 1.117 M€ aportados. Es decir, la señora Diaz Ayuso ha escamoteado a la universidad pública 580 millones.

 

Otro cálculo que conduce a conclusiones similares es la comparación con otras comunidades. Madrid estuvo a la cola en 2023 con una inversión de 5.473 € por estudiante, frente a la media de 6.777 €, y muy por detrás de los 8.750 € de Navarra. Si Madrid quisiera aparecer simplemente en la media, tendría que destinar un trasvase a las universidades de 1.383 M€. Si aspirara a equipararse con Navarra, debería subir la cantidad hasta 1.786 M€. Es decir, la señora Ayuso le priva a las universidades públicas bajo su tutela de entre 266 y 669 millones.

 

Es importante constatar que la señora Ayuso representa la parte más talibán del Partido Popular en lo que respecta a degradar los servicios públicos. La comunidad valenciana, también gobernada por el PP, destinó 7.514 € por estudiante y se situó un 11% por encima de la media. Madrid, la comunidad con mayor renta per cápita de España, se sitúa en un vergonzoso 28,5% por debajo de la media, la última de todas.

 

Un tercer cálculo, nos informa de cuál debía ser la aspiración de financiación según las recomendaciones de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario). En su artículo 55, esta conmina a todas las administraciones a destinar el 1% del PIB español a la inversión en educación universitaria pública. Hechos los cálculos, eso representa 11.540 € por estudiante universitario público. Si esto pareciera mucho, compárese con los 17.578 € por estudiante que, de media, se destinan en la Unión Europea. Teniendo en cuenta que, en 2024, el Estado y las CC.AA. aportaron 1.162 M€ para becas universitarias públicas, las transferencias de financiación bajarían hasta los 10.642 € por estudiante lo que, aplicado a Madrid, daría 2.172 M€. Es decir, la financiación actual es la mitad de aquella a la que deberíamos aspirar para cumplir las recomendaciones de la LOSU y acercarnos mínimamente a la media europea.

 

Puede hacerse un último cálculo a partir de cuánto dedica la CM de su presupuesto a servicios básicos esenciales. Los porcentajes son, respectivamente, un 36,8% a sanidad, un 22,7% a educación y un 9,4% a servicios sociales, que suman un total de 68,9%. Resulta que el modelo de financiación de las CC.AA. está diseñado de tal modo que el 75% de los recursos que recaudan se reparten a todas las comunidades por igual haciendo uso de una unidad de medida llamada “habitante ajustado”. Esta unidad tiene en cuenta la pirámide de edad, la dispersión territorial, la insularidad, y otras variables que expresan las necesidades de gasto por habitante de cada una. El restante 25% de la recaudación no se reparte, sino que cada comunidad se queda con la suya. Pero el 75% de los fondos que reciben no tienen —a mi modo de ver, indebidamente— carácter finalista, simplemente son producto de un esquema equitativo de reparto. Pues bien, a Diaz Ayuso le faltan 6,1 puntos para dedicar el 75% de lo que recibe a servicios básicos, es decir, nada menos que 1.685 M€, que detrae de estos servicios para financiar otras políticas. Tiene, pues, margen más que suficiente para asignar 600 M€ más a las exangües universidades públicas.

 

¿Qué hay detrás de este evidente maltrato a las universidades públicas madrileñas, algunas de las cuales tienen siglos de antigüedad y casi todas ellas figuran por delante de la mayoría de las españolas en los ránquines internacionales? Pues, por desgracia, un miope cálculo económico según el cual el objetivo es detraer alumnos de las universidades públicas para dárselos a las privadas y que estas puedan cobrarles 2.000 € al mes. En España hay 39 universidades privadas y 15 de ellas tienen centros en Madrid (un 38,5%). Diaz Ayuso las ha ido aprobando una tras otra sin exigirles unos mínimos requisitos de calidad y acreditando inmediatamente sus títulos, mientras que retiene esas mismas acreditaciones para las públicas. El resultado es que las respectivas proporciones de estudiantes han pasado del 75% / 25% entre públicos y privados en 2015 —reparto que coincide prácticamente con la media nacional— al 65% / 35% en 2024. Sigue la misma estrategia que empleó su referente Esperanza Aguirre con la sanidad pública, la estrategia 3D: primero Descapitalizar, luego Denigrar y, finalmente, Desmantelar.

 

Por otro lado, lo que conocemos de su Ley de Enseñanzas Superiores no augura nada bueno para las universidades públicas. Tras algunos encuentros de la CM con los rectores madrileños, la CRUMA ha emitido un comunicado muy crítico denunciando la ausencia de una estrategia clara para el servicio público, la ausencia asimismo de un compromiso de financiación, la invasión de la autonomía universitaria en asuntos como la elección del Rector y del Gerente, y el abrir la puerta de forma indiscriminada a todas las universidades privadas españolas. También critica la propuesta de crear un distrito único para las prácticas curriculares y algunos aspectos preocupantes del régimen sancionador, que podrían entrar en conflicto con el derecho a la libertad de expresión.

 

En definitiva, asfixia económica para las universidades públicas, barra libre para las privadas e interferencias con la autonomía universitaria y los derechos democráticos. Eso es lo que veremos en breve, lo que debería poner en estado de máxima alerta a todos los que prestan sus servicios en las universidades públicas y a los estudiantes que reciben ese servicio.