La primera pregunta fue a cargo de la portavoz de Vox y versaba sobre vivienda. Se lamentaba esta portavoz de que el elevado precio del alquiler desanimara la inversión, porque los trabajadores de las potenciales empresas no podían permitirse vivir en Madrid. La respuesta de la Presidenta, Diaz Ayuso, fue absolutamente correcta, facilitando las cifras oportunas y explicando las políticas de vivienda de su gobierno.

 

El panorama cambió ciento ochenta grados en la siguiente pregunta, a cargo del portavoz socialista. Este acusó a la Presidenta de asfixiar a las universidades públicas y favorecer en cambio el negocio de las privadas. Continuó diciendo que la financiación de la comunidad solo alcanzaba para pagar el 70% de las nóminas y que los restantes gastos debían sufragarse con las matrículas. Madrid —dijo—, es la comunidad que menos invierte por alumno y la que tiene las matrículas más caras. Mis datos corroboran esta afirmación: la media de financiación pública por estudiante universitario en España es de 9.400 €, mientras que en Madrid es de 6.100 €. Un curso de grado costó en Madrid una media de 1.110 € en el curso 2022-23, el segundo más caro detrás de Navarra.

 

La respuesta de la Presidenta se extendió en acusaciones a la izquierda de degradar la universidad pública creando —según ella— “chiringuitos” en los que se dan titulaciones unos a otros. Mencionó el máster de Begoña Gómez, a los independentistas catalanes, el “caso Koldo” y terminó tildando al PSOE de estalinista. La única mención a la política de su gobierno fue afirmar que ellos son los que más invierten en la universidad pública, algo desmentido por los datos oficiales, al alcance de todos.

 

Ese fue también el tono empleado contra una diputada de Más Madrid que quiso indagar sobre su política de vivienda. Aquí añadió menciones a “los etarras de Bildu”, a Venezuela, a la ocupación ilegal que al parecer fomenta la izquierda, a la que englobó conjuntamente bajo la etiqueta de “comunistas”.

 

Luego siguieron varias preguntas de diputados del PP. Si bien esto es legal, resulta chocante que el partido que gobierna se controle a sí mismo, salvo que pregunte para dar ocasión a su gobierno de lucirse. Pero, ni siquiera fue esa la intención.  Los diputados y consejeros del PP emplearon la mayor parte del tiempo, tanto en las preguntas como en las respuestas, en incidir sobre los asuntos suscitados por su presidenta: Bildu, la ETA, la ley que convalida en España las penas cumplidas en otro país de la UE, el Presidente Sánchez, su mujer, su hermano, el ex-presidente Zapatero, Venezuela, Cataluña y hasta los ERE de Andalucía. A Madrid, su vivienda, sus universidades, su industria y sus municipios, les dedicaron más bien poco tiempo.

 

Esta lamentable experiencia me suscita varias reflexiones que paso a desgranar. La primera, es comprobar que los puentes entre la izquierda y la derecha, si alguna vez los hubo, han saltado por los aires. El comportamiento del PP hacia la izquierda es de una agresividad extrema. Rezuma un desprecio a sus planteamientos y a su ideología, a la que no concede un ápice de credibilidad. Toda iniciativa que plantee esta será tildada de comunista, estalinista, filoetarra, u otro epíteto descalificativo, cualquiera que sea el tema en discusión.

 

La segunda reflexión es la persistente anomalía que supone usar para fines de política nacional una institución llamada a resolver los problemas de Madrid. Si ya es lamentable el espectáculo del Congreso, donde cualquier debate acaba en temas muy lejanos a las preocupaciones ciudadanas —ETA, Venezuela, la familia del Presidente del Gobierno, etc.—, al menos esos temas tratan de políticas nacionales que son de su competencia. Pero son por completo ajenos al parlamento madrileño o al de cualquier otra autonomía, donde tanto el PP como Vox emplean la misma táctica de usarlos como arietes contra el gobierno de la Nación.

 

La tercera es que, por obra y gracia del populismo creciente, los parlamentos autonómicos y el nacional se han convertido en pistas de circo donde se representa un espectáculo destinado a su difusión en las redes sociales. Cada intervención “ingeniosa” plagada de descalificaciones es inmediatamente subida a las respectivas plataformas para su consumo por parte de los adeptos y su reenvío a sus contactos y así atizar las campañas contra el Gobierno. Lejos queda la supuesta misión del parlamento de debatir los problemas que importan a los ciudadanos, tejer acuerdos, limar diferencias y adoptar soluciones útiles.  

 

Me suscitan otra reflexión descorazonadora más estos parlamentarios que hacen méritos ante la presidenta de su partido, compitiendo por ver quién es el más ingenioso en insultar y descalificar al adversario. La cúpula marca el camino y los demás lo siguen para no caer en desgracia y continuar saliendo en las futuras fotos.

 

Una última reflexión es para los votantes de estos partidos. Si fueran preguntados uno a uno, estoy seguro de que una gran mayoría de ellos sería partidaria de que la universidad pública madrileña tuviera suficientes recursos para dar una buena docencia, realizar una buena investigación y contribuir a la riqueza de la región. También de que sus precios fueran asequibles, porque esa inmensa mayoría nunca podría pagar los 1.000 o 2.000 € al mes que cuesta una universidad privada. Seguramente, se mostrarían también favorables a que hubiera en Madrid una apuesta fuerte por la vivienda pública de alquiler para que los jóvenes se pudieran emancipar, porque la vivienda privada se ha convertido en algo inasequible para una gran mayoría. Los mismos razonamientos serían aplicables a otros servicios públicos como la sanidad y la dependencia.

 

Si esto es así, ¿por qué al final el voto se decide por otro tipo de cuestiones —ETA, Cataluña, Venezuela, la familia del Presidente, y el resto de temas que agitan estos partidos en sus campañas— que nada tienen que ver con los asuntos cruciales que afectan a Madrid?