La política industrial parece estar de moda de nuevo. Tanto la Presidenta de la Comisión Europea como el gobierno español declaran estar decididos a renovarla, convencidos que su desarrollo traerá prosperidad, autonomía estratégica y otros mucho bienes a la sociedad española y europea.
En España el gobierno pretende impulsar, con gran optimismo, una ley de industria que sustituya a la vigente, que data de 1992. Además de ser un compromiso – incumplido – con la Comisión Europea para tener acceso a los fondos Next Generation, el gobierno, a impulso del Ministerio de Industria pretende incluir el concepto de autonomía estratégica en la nueva ley, que deberá enviar al Parlamente antes del mes de octubre.
Por parte europea, después de cinco años, la Comisión ha redescubierto la necesidad de impulsar la competitividad de la economía europea y se ha propuesto impulsar un “pacto industrial”. Ya se sabe que la Comisión Europea, y sus asesores, son grandes creadores de conceptos, aunque a veces esos conceptos no pasen de los papeles. Cabe recordar el pacto verde, el “fit for 55” y otras ideas geniales para solaz y disfrute de los ciudadanos europeos.
A la espera de que se hagan públicas las designaciones del nuevo Colegio de Comisarios y las distintas asignaciones, cabe espera que tanto la política industrial como, en particular al referida a la defensa, sean un pilar de las actuaciones de la Comisión en los próximos años.
¿Cuál ha sido el detonante de esta caída del caballo de los políticos europeos? Podemos aventurar que la política proteccionista norteamericana (desde el “Buy American” a la ley de reducción de la inflación) junto con la amenaza que representa el ascenso de China (vehículos eléctricos, pero no solo eso) tienen un impacto importante en la nueva orientación de la Comisión.
Pero, nos guste o no, la política industrial es, o debería ser, completamente transversal, porque está afectada por todas las áreas de la economía y la regulación.
Una política industrial que vaya más allá de subvenciones directas requiere, en primer lugar, un marco de política energética y fiscal que haga atractiva la Unión Europea para la inversión empresarial. Como dice el Presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se requieren tres condiciones mínimas: seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma. Yo añadiría la necesidad de normalizar una prueba de competitividad para cualquier regulación, nueva o ya existente, porque puede ser estable, estar bien diseñada, y tener seguridad jurídica, pero suponer una carga adicional para las empresas europeas que no tenga justificación. La satisfacción de los anhelos de funcionarios, consultores y otras partes interesadas no siempre justifica el coste que puede suponer para las empresas, y en particular para las pymes, que muchas veces tienen que optar entre el cumplimiento de nuevos requisitos burocráticos o el mantenimiento de la actividad empresarial.
Si miramos la participación de los políticos españoles en el Parlamento Europeo, en la Comisión ITRE, que es responsable de Industria, Investigación y Energía, se reduce a 6 eurodiputados: Dos diputados del PP (Pilar del Castillo, que fue Ministra de Educación y Cultura en el segundo gobierno Aznar y el abogado Raúl de la Hoz); tres diputados del PSOE, la catedrática de historia Lina Vázquez, el enfermero Nicolás González Casares y la ingeniera técnica de telecomunicación Elena Sancho. Cabe destacar que en un ejercicio de falta de transparencia ni el Sr. De la Hoz, ni el Sr. González Casares ni la Sra. Sancho han publicado sus cv en la web del parlamento Europeo. El sexto diputado español es el ingeniero técnico informático Diego Solier, que tampoco ha tenido a bien publicar su cv en la web del Parlamento Europeo.
En España, la tradición heredera de las Cortes franquistas lleva a que las Comisiones del Congreso sean espejo de los ministerios respectivos, por lo que hay una Comisión de industria y turismo, otra de transición ecológica (los temas de energía), una tercera de economía, comercio y transformación digital (digitalización) y, por último una de ciencia, innovación y universidades (los temas de innovación).
Si nos centramos en la Comisión de industria y turismo, está presidida por una empresaria de artes gráficas de Esquerra (también es su portavoz) y los portavoces titulares son el catedrático de economía Francisco Conde (PP), el ingeniero químico Josep M. Cruset (Junts), el político Alberto Ibáñez (SUMAR), la ADE y master en Unión Europea Adriana Maldonado (PSOE), el diplomado en empresariales Oskar Matute (Bildu), el profesor de lengua y literatura gallegas Néstor Rego (BNG), el abogado y empresario Andrés Rodríguez Almeida (VOX), y la licenciada en derecho Idoia Sagastizabal (PNV).
Sin querer juzgar, en absoluto, las cualidades políticas los diputados, lo cierto y verdad es que no parecen disponer de mucho conocimiento técnico de los temas industriales que ocupan su tiempo.
Con estos mimbres, con los cuadros políticos (el Ministro es ADE y MBA y la Secretaria de Estado licenciada en derecho) y equipo técnico del Ministerio y con el que será Comisario responsable de la política industrial europea tendremos que abordar el reto de diseñar una verdadera política industrial que, en mi opinión exclusivamente personal, debe mantener que la mejor subvención es la que no existe por innecesaria y que, en todo caso, debe ser temporal. La política industria debe poner el foco en las condiciones de contorno: energía, innovación, política fiscal, laboral, sin olvidar los tres temas de Garamendi y la necesaria prueba de competitividad que muchas veces da la sensación que no se tiene en cuenta en absoluto a la hora de poner en marcha nuevas regulaciones.
Andrés Barceló es Consejero del Comité Económico y Social Europeo