Venezuela está en una situación crítica política y socioeconómica, con acusaciones al gobierno de manipular el proceso electoral durante una crisis humanitaria y de derechos humanos sin precedentes. La oposición, aunque esperanzada por un cambio, enfrenta un entorno electoral controlado por el oficialismo.
Tras 25 años de revolución bolivariana, el chavismo se juega su permanencia en el poder. Llega a estos comicios con los niveles más bajos de aprobación ciudadana, frente al fenómeno político en que se ha convertido María Corina Machado, quien ha superado las crónicas divisiones en la oposición y compite simbólicamente con la candidatura de última hora del diplomático Edmundo González Urrutia, liderando la mayoría de las encuestas con una amplia ventaja.
Sin embargo, otros factores juegan a favor de Maduro, como las reglas electorales venezolanas de mayoría simple, que permiten que el candidato con más votos gane en una sola vuelta. Además, el gobierno de Nicolás Maduro ha implementado medidas como la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y la inhabilitación de candidatos opositores, incluida la principal candidata, María Corina Machado. Estas acciones han reforzado las sospechas de que las elecciones estarán sesgadas a favor del gobierno, mostrando la resistencia de Maduro a perder el poder, pero los propios chavistas están divididos en cuanto a lo que creen que sucederá el 28 de julio.
Después de años de penurias y desilusiones, la base social del movimiento chavista está harta de sus líderes, desencantada y desmovilizada. El apoyo al gobierno ha caído drásticamente, tanto en los barrios urbanos pobres como en los estados rurales. El descontento se ha traducido en abstención y apatía. Muchos exvotantes chavistas ahora apoyan activamente a González, y sostienen gran parte del entusiasmo por él y por la oposición. Algunos dirigentes piensan que sería un error ganar a cualquier precio, señalando que dejar el poder podría ayudar al chavismo a reconectarse con su base y reinventarse de cara a un posible retorno al poder, siempre y cuando el movimiento no sea perseguido.
Venezuela atraviesa una hiperinflación, violencia delictiva, represión política y escasez de alimentos, lo cual ha provocado que millones de ciudadanos abandonen el país, generando una de las mayores crisis humanitarias en América Latina y una de las mayores crisis migratorias a nivel mundial, con más de 7,7 millones de venezolanos viviendo fuera del país (1). El mayor éxodo de la historia de América Latina.
La crisis humanitaria continúa afectando a alrededor de 19 millones de personas que necesitan ayuda debido a que no pueden acceder a los servicios de salud y nutrición adecuados. Hay más de 270 presos políticos. La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó la reanudación de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU confirmó graves violaciones de derechos humanos en el país.
Una de las grandes debilidades a las que se enfrenta el gobierno es el acceso limitado a los medios de financiación internacional y la carencia de recursos, expoliados por la corrupción que existe en todas las instituciones. El 30 de enero de 2024, Transparencia Internacional (TI) testificó que Venezuela "es un ejemplo de gran corrupción". En el informe aparece como el país más corrupto de América por décimo año consecutivo. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) (2) en el sector público, con una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción), Venezuela obtuvo 13 puntos. Solo Somalia supera al país caribeño a escala global.
El "pago de sobornos y la cooptación de jueces y fiscales en todos los niveles del sistema de justicia se ha convertido en uno de los principales mecanismos utilizados por las redes delictivas para asegurar la continuidad de sus actividades ilícitas, así como su impunidad".
Aunque el país experimentó una modesta recuperación económica en 2022, una vez más se enfrenta a una recesión y alta inflación, exacerbadas por la alarmante corrupción y las sanciones estadounidenses.
ANÁLISIS DEL ESCENARIO ELECTORAL
Nicolás Maduro, respaldado por el Gran Polo Patriótico, aspira a un tercer mandato consecutivo. Maduro se enfrenta a una considerable impopularidad debido a la crisis económica y social que atraviesa el país. Edmundo González Urrutia, representa a la Plataforma Unitaria de la oposición, tras la inhabilitación de María Corina Machado. A pesar de que previsiblemente las elecciones "no serán ni libres, ni justas", una situación reiterada en procesos electorales recientes en Venezuela, la oposición cuenta con un apoyo abrumador, según Leopoldo López, quien considera que existe una oportunidad diferente para ellos en estas elecciones debido a la abrumadora mayoría de apoyo y la baja popularidad de Maduro.
Tanto oposición como ONGs han denunciado la desinformación, amenazas y agresiones físicas, tanto por parte de partidarios del chavismo como del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última verdadera insurgencia de Colombia y una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina. Con su expansión y fortalecimiento en Venezuela durante los últimos años, se ha constituido como una guerrilla binacional (3).
La población de Venezuela en 2023 era de aproximadamente 28 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE). En ese mismo año la crisis económica y social había provocado la emigración de unos 7,3 millones de venezolanos, subrayando la magnitud de la diáspora.
La situación actual hace pensar en posibles maniobras políticas, incluyendo una intervención militar en el territorio del Esequibo. Esta estrategia podría utilizarse para obtener beneficios políticos frente a la coyuntura de las elecciones presidenciales.
Este escenario refleja la complejidad y las dificultades del proceso electoral en Venezuela, donde las condiciones no son favorables para una contienda justa y equitativa. Sin embargo, el apoyo popular y la determinación de la oposición podrían jugar un papel crucial en las próximas elecciones.
En este complicado contexto (4), el 1 de julio, a pocas semanas de las elecciones, Maduro anunció en su programa de televisión de los lunes, "Con Maduro+", que retomaba las conversaciones con Washington. “He recibido la propuesta durante dos meses continuos del Gobierno de EE. UU. para restablecer las relaciones y el diálogo. Luego de pensarlo, he aceptado y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos para que cumpla con los acuerdos firmados en Catar y para restablecer los términos del diálogo con respeto”.
“Ellos saben quién va a ganar y se lo voy a poner fácil: soy un hombre de diálogo y quiero que a través del diálogo se respete a Venezuela, su democracia, su pueblo, quiero superar este conflicto de confrontación brutal y estéril con ellos, en referencia a EE. UU., ya queda de ellos cumplir”, agregó Maduro, quien además informó que el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, lo representará en estas conversaciones que aseguró no serán secretas.
Estas declaraciones han dado pie a todo tipo de especulaciones, desde las que creen que Maduro trata de ganar tiempo e incluso podría posponer las elecciones, hasta las que piensan que busca una salida negociada y una especie de amnistía para las personas que ocupan cargos importantes en el gobierno. En cualquier caso, lo que parece claro es que, ante la eventualidad de estas conversaciones, resulta muy difícil que las medidas que en su caso se puedan adoptar tengan un efecto real en las próximas elecciones.
La posible pérdida de poder político llevaría a cambios estratégicos dentro del país. Las elecciones en EE. UU. pueden alterar su política hacia Venezuela, afectando sanciones y diplomacia. La administración Biden ha adoptado un enfoque más diplomático y abierto al diálogo, en contraste con la política de "máxima presión" de Trump. Esto incluye la relajación parcial de sanciones y la búsqueda de elecciones libres, lo que ha modificado significativamente el panorama internacional de la crisis venezolana, haciéndola más propicia a una solución pacífica.
También existe una fuerte presión del lobby petrolero para poner fin al aislamiento económico y financiero de un país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Una reimposición de las sanciones podría estancar la producción de crudo del país, afectando negativamente las pequeñas mejoras que ha logrado en los últimos años. Actualmente, Venezuela, un país miembro de la OPEP, enfrenta un futuro incierto en su capacidad de producción petrolera (5).
La evolución de la industria petrolera venezolana está, por tanto, estrechamente vinculada a las decisiones políticas y económicas en torno a las sanciones y licencias temporales otorgadas por EE. UU. El futuro del sector dependerá en gran medida de cómo se manejen estas restricciones y de las políticas internas del país para adaptarse a un entorno global cambiante.
El papel de los vecinos latinoamericanos de Venezuela, en particular Colombia y Brasil, como facilitadores de cualquier acuerdo será crucial.
Por otra parte, países como Colombia y Brasil, aliados del chavismo pero que han rechazado los incumplimientos del Acuerdo de Barbados, han propuesto hace unas semanas un pacto para garantizar los resultados de los comicios, en un intento de redefinir lo que ha quedado sin cumplir en estos meses en los que el Gobierno, lejos de negociar, ha arreciado la persecución contra la disidencia con el encarcelamiento de activistas, periodistas y miembros del equipo de Machado.
Finalmente, es importante destacar que, en caso de un cambio en el Palacio de Miraflores, Edmundo González enfrentaría una misión monumental. Desde julio hasta enero, Maduro continuaría presidiendo el país; durante ese período, cualquier cosa podría suceder. La Asamblea Nacional, dominada abrumadoramente por el chavismo, tendría un año más de mandato. González tendría que lidiar con unas instituciones cooptadas por el chavismo, siendo la más significativa de ellas el Ejército, donde predomina una mentalidad revolucionaria, lo cual es sorprendente considerando la historia militar del país.
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
Las Fuerzas Armadas han sido un actor político directo e influyente en la historia del país, participando en intentos de golpe de Estado y en la preservación o cambio de gobiernos. Su influencia se extiende más allá de la defensa y seguridad tradicionales, impactando la política, la economía y el control social. La lealtad militar ha sido crucial para mantener el poder de Nicolás Maduro, quien ha colocado a militares en posiciones clave dentro del gobierno y empresas estatales, consolidando su influencia.
Las Fuerzas Armadas han sido esenciales en la seguridad y el orden público, respondiendo a protestas y manifestaciones contra el gobierno, a menudo con denuncias de uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos. También han participado en operaciones contra la delincuencia, aunque estas acciones han sido criticadas por su brutalidad.
En el ámbito económico, las Fuerzas Armadas gestionan empresas estatales y participan en la distribución de alimentos y bienes básicos a través de programas como la Gran Misión Abastecimiento Soberano, consolidando su control sobre la economía y asegurando su lealtad al gobierno mediante privilegios y beneficios. Internacionalmente, han fortalecido sus capacidades operativas y estratégicas a través de cooperaciones militares con países como Rusia, China, Irán y Cuba (6). A pesar de que algunos analistas creen que las Fuerzas Armadas seguirán siendo leales al gobierno, hay indicios de descontento en sus filas que podrían provocar cambios políticos.
CONCLUSIONES
Las próximas elecciones en Venezuela, representan un punto crucial en la prolongada disputa política del país. Tanto el gobierno como la oposición han visto estas elecciones como una oportunidad para derrotar al otro bando, pero también se presentan como una ocasión para mitigar la hostilidad mutua, especialmente evidente en la última década.
Este ciclo electoral ofrece la posibilidad de un período de cohabitación política, con el chavismo controlando el ejecutivo y la oposición desempeñando un papel significativo en el legislativo. Tal cohabitación podría facilitar la negociación de una solución integral a la crisis política. Sin embargo, el gobierno y sus aliados en el ejército solo considerarán conversaciones serias sobre el retorno a la política representativa si perciben que su viabilidad política está realmente en riesgo, y las elecciones del 28 de julio podrían ser clave para transmitir ese mensaje.
Mientras algunos opositores y aliados internacionales consideran ingenuo e inadmisible negociar con lo que ven como una dictadura, los logros más significativos de la oposición se han obtenido a través de las urnas o la negociación, y sus mayores fracasos han sido resultado de la intransigencia. Afortunadamente, la mayoría de la oposición ha adoptado un enfoque más pragmático. Pese a las represiones y la reducción del espacio cívico y político, Venezuela no ha alcanzado los niveles extremos de represión de países como Nicaragua o Cuba. Fomentar elecciones justas sin provocar una deriva hacia un mayor autoritarismo es un desafío delicado que las potencias extranjeras deberán manejar con precaución.
- Plataforma de Coordinación Inter agencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
- https://www.transparency.org/en/cpi/2023
- https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/eln-colombia/
- EE. UU. anunció en enero que no renovaría las licencias al petróleo y el gas a Venezuela si no se producía una apertura democrática del país y dio hasta abril para que el Gobierno revocara el veto a María Corina Machado. A finales de mayo venció el último plazo para finiquitar las licencias petroleras, en respuesta a los escasos avances para que las elecciones de 28 de julio fueran democráticas. No se llegó al cierre completo ya que EE. UU. permitió a las empresas continuar operando, pero solicitando autorizaciones.
- Según las proyecciones de la consultora Rystad Energy, la producción de petróleo de Venezuela apenas crecerá hasta el año 2026 y podría comenzar a disminuir a partir de entonces si las sanciones se restablecen. Sin embargo, si la licencia temporal que permite ciertas operaciones se extiende o se renueva al menos parcialmente, se espera un aumento en la producción. Bajo este escenario, la producción podría superar ligeramente el millón de barriles por día (bpd) a partir de 2025.
- Las relaciones de la dictadura venezolana con China, Rusia e Irán han dejado de ser simplemente diplomáticas o comerciales. Estas potencias, vienen ejerciendo una poderosa influencia política, geoestratégica, ideológica y militar, lo que constituye en un elemento desestabilizador para la región, afectando principalmente a Colombia.