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"La vanidad es tan anclada en el corazón del hombre que un soldado, un criado, un cocinero, un cargador se jacta y quiere tener sus admiradores." dijo Blaise Pascal, esto fue en el SXVII sin llegar a saber los efectos de la televisión y las redes sociales. 

Desinformación: también nacional y económica

Desinformación: también nacional y económica

Las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en España el 9 de junio y estudios recientes han puesto sobre la mesa dos facetas de la desinformación habitualmente desatendidas: el componente fundamentalmente nacional del fenómeno, y la variable económica que explica su desarrollo y que podría utilizarse para desactivarla. El foco habitual es securitario y de procedencia extranjera, por tanto lo podemos enriquecer con acercamientos complementarios.


Advertidos sobre la amenaza rusa en los comicios, se ha acabado colando en el Parlamento Europeo como contribución hispana una agrupación de electores autodenominada "Se acabó la fiesta", con tres eurodiputados. De esto no habíamos sido alertados. Su cabeza, Luis Pérez Fernández, alias "Alvise”.

 

La trayectoria del impulsor del hasta el momento exitoso producto político ha estado vinculado a Ciudadanos (en la Comunidad Valenciana; seguidores de aquel extremo centro ya extinto le acompañan y le votan) aunque fundamentalmente es fruto del ecosistema de plataformas digitales donde florece la fabricación de bulos.

 

Habitualmente el recorrido de este tipo de contenidos falseados pasa por ser utilizados por organizaciones, medios de comunicación tradicionales y fuerzas políticas frecuentemente de derecha extrema y extrema derecha, pero en el caso que nos ocupa el fabricante ha decidido presentarse directamente a las elecciones, saltarse intermediarios entre productor y consumidor.

 

No es extraño ni en España ni en otros países la irrupción de perfiles estrambóticos aparentemente ajenos al mundo político, y las elecciones al Parlamento Europeo se prestan a este tipo de experimentos (50% de abstención y buena parte de los que depositaron su voto lo hicieron desde el estómago ulcerado); cabe recordar a personajes como Ruiz Mateos (con la totalidad de su numerosa familia aún imputada), aquel Jesús Gil, el mismo Trump, amparados estos ejemplos en una supuesta competencia empresarial previa que se acababa siempre demostrando ficticia, y su ejercicio político entre peligroso y preocupante.

 

La novedad en el caso actual es su procedencia desde el ecosistema digital contaminado y la producción de falsos contenidos informativos que denominamos desinformación. No muy alejada se encuentra la trayectoria del actual presidente argentino Javier Gerardo Milei, en su caso procedente de la degradación televisada a donde llegó desde la economía y antes su docencia.

 

El discurso político de Alvise -no presentó programa electoral el 9J- contiene muchas amenazadas de cárcel, racismo, mensajes antimonárquicos -en este punto se admiten pocas bromas-, desprestigio de las instituciones, ataques a la prensa y un patriotismo cervecero.

 

Ya lo tendremos cinco años en el Parlamento Europeo y amenaza con presentarse a las próximas elecciones generales. Entretanto auguramos una difícil convivencia con las organizaciones políticas más cercanas y con las instituciones de las que ya forma parte.

 

Una segunda faceta de la desinformación escasamente tratada es su dimensión económica. Digamos que la materia prima del ecosistema digital es hacer negocio con el tráfico de contenidos, poco importa su naturaleza, y la densidad del tráfico es rentabilizable por publicidad.

 

Toda campaña de desinformación tiene un interés, político en muchos casos, económico a menudo y combinado casi siempre.

 

 

En este sentido de poner el foco en los ingresos, un reciente estudio publicado en la revista Nature apuntaba a la publicidad como sustento de webs y personas especializadas en manipular contenidos digitales, y detrás de la publicidad hay plataformas digitales que controlan la distribución de contenidos; y empresas o instituciones que pagan por promocionarse, habría que matizar que la financiación publicitaria de estos contenidos puede ser consciente y voluntaria y también existe la posibilidad de que las empresas no controlen el soporte final de su publicidad al gestionarse la ubicación por intermediarios automatizados (artículo referido: Ahmad, W., Sen, A., Eesley, C. et al., Companies inadvertently fund online misinformation despite consumer backlash. En Nature 630, 123–131 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07404-1).

Según el análisis publicado en Nature, "mejorar la transparencia para los anunciantes sobre dónde aparecen sus anuncios podría por sí solo reducir la publicidad en sitios web de desinformación, especialmente entre empresas que antes desconocían que sus anuncios aparecían en dichos medios y, por lo tanto, inadvertidamente financiaban la información errónea".

 

Añaden que "nuestros resultados sugieren que tanto la simple divulgación de información como las clasificaciones comparativas pueden reducir la demanda de los consumidores de las empresas que anuncian en sitios web de información errónea".

 

Existen ya organizaciones que denuncian y alertan a las empresas del soporte digital donde finalmente aparece su publicidad, y en no pocos casos la acaban retirando ante el riesgo de publicidad negativa, crisis reputacional o rechazo de los consumidores (campañas de boicot).

 

Resulta de interés atender con este enfoque al origen de la desinformación, su financiación y los intermediarios, cuando normalmente se centra la atención en el ciudadano consumidor final (a él se dirigen las iniciativas de alfabetización mediática) o en desmentir la falsedad de los contenidos falsificados ya en circulación (fact checkers, verificadores).

 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado la próxima presentación de un paquete de medidas de regeneración democrática que contemplará previsiblemente algún tipo de iniciativa relacionada con la desinformación. El marco ha sido y será la Unión Europea y su estrategia puesta en marcha desde 2018, con mucha insistencia sobre la desinformación de origen ruso y su aparente y no demostrada capacidad de alterar mentes y votos. 

 

Sin embargo, lo más interesante puesto en marcha en el último lustro desde Bruselas y Estrasburgo se centra en la transmisión de los contenidos, la responsabilidad de las grandes plataformas digitales y la transparencia sobre publicidad y financiación, línea seguida por reciente normativa sobre servicios digitales y sobre medios de comunicación, más que en la naturaleza de los contenidos, de difícil control, sobre todo por principios democráticos.

 

Como existen precedentes, esperamos en cualquier caso mucho ruido sobre las iniciativas que finalmente se presenten: los impulsores y beneficiarios mediáticos y políticos de la desinformación ya se han puesto en guardia y preparan respuesta.

 


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