Viven los Estados de los países democráticos momentos de confusión, plasmados en descontentos que se traducen en manifestaciones y protestas frecuentes por el funcionamiento deficitario de los servicios públicos. A ello se une la singular promesa de partidos situados a izquierda y derecha del espectro político prometiendo mejoras sustantivas, pero, sobre todo, anatematizando aquello que hacen o prometen hacer los rivales políticos.
En Europa, asciende la ultraderecha en varios países y siguiendo la estela de la primera ministra italiana, exigen al ejecutivo comunitario medidas antiinmigración, hasta ahora consideradas atentatorias de los derechos humanos, como la reclusión de los inmigrantes ilegales en países no comunitarios con financiación de la Unión Europea.
Estas políticas, que posiblemente sean aprobadas con matizaciones por la Unión Europea, son contradictorias con otras necesidades existentes en el territorio de la Unión, como la falta de mano de obra para numerosos oficios que los migrantes realizan, así como las cohortes de trabajadores de todo tipo necesarios para el mantenimiento del sistema de pensiones europeo.
Precisamente el envejecimiento de la población tiene especial incidencia en el marco del empleo público, pues en gran parte de las sociedades desarrolladas europeas se detecta un envejecimiento superlativo de los trabajadores públicos, especialmente en las escalas superiores de los empleados de los Estados.
Las razones de esta situación han de buscarse en las políticas restrictivas de gasto público a partir de la crisis de 2008, así como su secuela de encargar al ámbito privado la realización de tareas anteriormente desempeñadas en las Administraciones públicas, pero también tienen su origen en la dilatación, que en ocasiones alcanza varios años, de los procedimientos selectivos para conseguir trabajadores públicos.
Se imponen medidas de racionalización de procedimientos selectivos que ya vienen realizando algunos países, siguiendo la estela de la propia Unión Europea pionera en la asunción de sistemas selectivos modernos por competencias. La dificultad o tardía incorporación de grupos de empleados públicos a las administraciones públicas genera, al menos, dos consecuencias negativas para el buen funcionamiento de las administraciones y consecuentemente de la confianza ciudadana.
La primera dificultad concierne a la prestación deficiente de los servicios que, al no contar con el personal especializado en número suficiente, puede acumular retrasos y en ocasiones no prestación del servicio en tiempo razonable.
La segunda tiene que ver con la proliferación de personal temporal denominado de forma distinta en cada uno de los países: contratista en Colombia, interinos en España. El personal temporal es seleccionado mediante pruebas más rápidas o simples, con lo que previsiblemente los métodos selectivos son susceptibles de mejora. Sin embargo, los tribunales europeos han sentenciado a favor de las personas que en régimen de interinato desempeñan sus labores en algunos casos por más de veinte años.
Los problemas del empleo público tienen que ver también con las diferencias salariales con el ámbito privado, con la necesidad de establecer sistemas de evaluación del desempeño, de establecimiento de mayor control y tensión laboral, de aplicar de forma eficiente el régimen disciplinario y de institucionalizar sistemas de carrera y motivación.
Pero probablemente, uno de los aspectos de mayor relieve se relaciona con el abandono de la política y de los responsables políticos de sus responsabilidades de gestión de personal. En el ámbito privado, el consejero delegado se ocupa continuamente de los asuntos de personal, hasta tal punto que las unidades de recursos humanos reciben en la atención de las máximas autoridades prioridad considerable. En el ámbito público, la hiperreglamentación de las cuestiones funciona con frecuencia como un abandono de la atención y seguimiento de estos asuntos. En definitiva, el ministro entra en depresión si tiene que encargarse de asuntos de personal a excepción del nombramiento de sus principales colaboradores.
Y, además, uno de los factores en los que el empleo público debe formarse especialmente, es en el cambio del lenguaje para que este sea claro y accesible porque se reclama una mejor realización del derecho de los ciudadanos a comprender, a comprender que es lo que dicen los poderes públicos cuando se dirigen a ellos (Muñoz Machado,2024).
En fin, la transformación del empleo público no sería eficaz sin tener en cuenta la necesidad de la formación, especialmente en el área tecnológica y de la inteligencia artificial, para que las administraciones públicas no se queden atrás, sino que acompasen su actividad a la demanda ciudadana. Pero si los funcionarios no tienen ni idea de tecnología, porque las mega compañías con utilidades excesivas se llevan a todo el talento ―como pasa con la IA por primera vez en la historia, antes siempre había grandes cerebros en los Estados―, tenemos un problema adicional que los Estados ni entienden lo que está ocurriendo (Mazzucato, 2024). Hay que invertir en el empleo público: es un seguro para la democracia y para el bienestar ciudadano.