Primero, vayamos a los hechos. La denuncia ante el juez la presenta el autodenominado Sindicato Manos Limpias que ha protagonizado numerosas querellas similares contra dirigentes de otros partidos de izquierda como Podemos y Sumar. Todas ellas han sido inicialmente admitidas por algún juez instructor y finalmente desestimadas por las instancias superiores. Pero, en los largos meses que han estado activas, han dado ocasión a los partidos de la derecha para hacerse eco de ellas y desgastar al gobierno.

 

En segundo lugar, la denuncia consiste en ocho recortes de prensa como toda prueba, uno de ellos, al menos, conteniendo una noticia falsa —se refería a otra persona con el mismo nombre que la esposa del presidente— que ha sido desmentida por la empresa afectada.  Siempre que ha recibido querellas de Manos Limpias, el Tribunal Supremo ha señalado que “la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar, sin más, la apertura de un procedimiento penal” y que “la denuncia debe aportar algún indicio accesible y racional  de los hechos descritos”.

 

Los recortes proceden de pseudo medios de información digitales, tales como El Confidencial, Voz Populi, Libertad Digital y The Objective, conocidos por su orientación ultraderechista y por difundir bulos sin contrastar. La estrategia de la derecha de primero acusar en el Parlamento, después activar una “preparación artillera” de la prensa afín, y finalmente presentar una querella por parte de Manos Limpias utilizando recortes de dicha prensa -querella que acaba finalmente archivada-, ha sido empleada ya en demasiadas ocasiones como para que los ciudadanos no percibamos un patrón común a todas ellas.

 

Solo restaba, para culminarla, encontrar al juez instructor que la admitiera a trámite, y este juez ha sido Juan Carlos Peinado, Titular del Juzgado 41, que ya ha protagonizado admisiones similares de querellas de Manos Limpias que han acabado en nada. Ha decretado el secreto del sumario -lo que impide al abogado conocer las diligencias-, también una práctica repetida en este tipo de querellas sin recorrido legal.

 

Los delitos denunciados son corrupción y tráfico de influencias y se refieren a una subvención que la esposa del presidente obtuvo de Air Europa y a una carta de recomendación que escribió para un empresario, alumno de un Máster que dirige, que se presentaba a un concurso público. Air Europa, junto con algunas otras compañías aéreas, recibió ayudas del gobierno tras el parón de la pandemia, y el empresario presentó otras 31 cartas de recomendación, algunas de ellas de dirigentes del PP.

 

Alguien puede estar tentado de comparar la persecución a la esposa del señor Sánchez con las acusaciones parecidas que la izquierda ha vertido sobre la pareja de la presidenta Ayuso. La diferencia esencial es que, en este último caso, las acusaciones partían de una denuncia previa de la Inspección de Hacienda a la fiscalía, tras una investigación tributaria con indicios de delito penal. En el caso de la esposa del señor Sánchez no hay nada similar. Las primeras acusaciones se hicieron en sede parlamentaria y, una denuncia del señor Feijóo ante la Oficina de Conflictos de Intereses de Congreso, fue archivada sin más.

 

Hasta aquí, los hechos. En cuanto a la valoración, la mía es que no estamos ante una escaramuza más del lodo que venimos padeciendo en la vida política desde la moción de censura que desalojó al señor Rajoy del Gobierno en 2018, sino ante una escalada de un nivel inaceptable. Al igual que ya han denunciado numerosos dirigentes —salvo, casualmente, los del PP y Vox—, creo que esta última “escaramuza” atenta muy directamente contra la democracia y, en ese sentido, todos los demócratas deberíamos sentirnos concernidos, si no queremos que la política se convierta en algo peligroso para la salud mental de todos y para la buena marcha de nuestro país.

 

El debate político debería versar, fundamentalmente, sobre las políticas que cada partido propone y no sobre las personas. No podemos aceptar que la mayor parte de las intervenciones de la derecha consistan en la descalificación personal del adversario, ni mucho menos en atacar a su entorno familiar. Una intervención de ayer mismo de la diputada del PP Ester Muñoz, acusaba, no solo a la esposa del presidente, sino también al padre, al suegro y al hermano. Lo que confirma que se trata de una estrategia consciente de acoso y derribo que persigue quebrar emocionalmente al adversario.

 

Por estos derroteros, vamos al desastre. Fomentar el odio y la calumnia es un camino sin retorno porque el odio genera odio. Y, de las palabras agresivas, se pasa fácilmente a la agresión física, como ya hemos tenido ocasión de presenciar en los asaltos a las sedes del PSOE.

 

Creo que los demócratas de cualquier signo político deberíamos reaccionar antes estos evidentes signos de degradación. También lo deberíamos hacer cuando se producen escraches a cualquier político en su domicilio familiar —los ha habido tanto a dirigentes de la derecha como de la izquierda— o se impide hablar a un conferenciante. Todas estas actitudes nos degradan y degradan la convivencia democrática.

 

Me temo, sin embargo, que la derecha y la ultraderecha no van a parar. A juzgar por las subsiguientes declaraciones del señor Feijóo, más bien parece que van a a pisar el acelerador, porque ven la caída de su enemigo al alcance de la mano. Si ellos no rectifican, deberemos ser los demócratas los que les hagamos rectificar creando un clima social de rechazo ante estas actitudes. Si ese clima es lo suficientemente amplio y contundente, tal vez vean en peligro sus votos y den marcha atrás. 

 

Así que —y parafraseando al señor Aznar— “el que pueda escribir, que escriba”, “el que pueda hablar en público, que hable” y “el que pueda hacer, que haga”.