Las actividades económicas sustentadas en el hecho de viajar se han convertido en una de las principales prioridades para personas de todas las edades y estratos sociales, es un elemento fundamental de la vida moderna y, en ese contexto, España es un mosaico de experiencias y sensaciones. Con una enorme diversidad de oferta en su territorio, playa y espacios naturales excepcionales, una rica historia generadora de una pluralidad de ciudades Patrimonio de la Humanidad, una gastronomía exquisita y una cultura vinícola de renombre mundial unida a una amplia oferta de hostelería, una planta hotelera y de alojamiento amplia y competitiva, una oferta complementaria cultural y de esparcimiento diversa, una red y servicios de transporte difícilmente igualable y una población extraordinariamente hospitalaria, nuestro país se presenta como un destino privilegiado para viajeros de todo el mundo.
El turismo en España no es solo una actividad económica más; es el motor que impulsa la economía nacional. Su aportación al PIB, vital para la balanza por cuenta corriente y para el empleo, destaca la importancia de este sector, que se ha posicionado como el más competitivo a nivel mundial y objeto de estudio de otras Administraciones turísticas y escuelas de negocio en todo el mundo.
Sin embargo, este liderazgo se encuentra en una encrucijada, amenazado tanto por políticas europeas como por iniciativas nacionales que conviene poner de relieve.
El afortunadamente excelente ejercicio del sector turístico en 2023, el hecho de una Semana Santa muy buena, incluso sin que el tiempo haya acompañado, y las muy positivas expectativas para la temporada de verano y resto de 2024, no debieran hacer olvidar a los responsables políticos, los empresariales no lo olvidan, que bajo esa brillante fachada se esconden problemas importantes y, a corto plazo, el primero de ellos, las consecuencias de la pandemia con los déficits y deudas generados en ella que no han desaparecido, ni se han amortizado ni se amortizarán en muchos casos, con los positivos resultados de 2023 y los esperables de 2024.
En efecto, sobre el sector turístico (transporte, hoteles, hostelería, rentacares, etc.) gravita la carga de la deuda generada para sobrellevar la pandemia, mucha de ella avalada por SEPI, e igualmente lo concerniente a los préstamos del llamado “rescate”, que no han sido unas aportaciones a fondo perdido, sino unos préstamos con avales y a tipos nada favorables, pero los únicos posibles en aquellos momentos para las empresas concernidas, y ello afecta a todo el tejido empresarial, sean o no pymes, microempresas o autónomos, y la única posibilidad de no destrucción del tejido empresarial tras haber sobrellevado la pandemia para no morir en la orilla, es abordar esa problemática a través de una ampliación generalizada de al menos dos años de los plazos de devolución de los créditos y extendiendo igualmente, hasta el ejercicio de 2026, el no computo de las pérdidas imputables a la COVID a los efectos de la previsión legal sobre reducciones de capital y obligaciones de disolución de la ley de Sociedades de capital, todo ello en línea con las muy acertadas decisiones adoptadas en su momento por el Gobierno de España.
Dicho lo anterior, hay que reconocer que, en lo referente a los plazos de amortización de los créditos derivados de la pandemia, se han dado ya pasos, pero es urgente, si no queremos encontrarnos con sorpresas desagradables, la revisión generalizada de los actuales periodos de amortización y alargar sus plazos de amortización en no menos de dos años, respecto a los periodos iniciales establecidos y, en lo referente al marco legal de sociedades, ampliar la fecha del ejercicio de 2024 al menos hasta 2026, en lo concerniente a la exclusión de las perdidas imputables a la COVID de las pérdidas de los ejercicios de 2020 y 2021.
Las políticas de descarbonización de la Unión Europea, aunque loables en sus objetivos ambientales, que el sector comparte, presentan un desafío único para España. La dependencia del transporte aéreo vital para conectar a España y sus islas con el resto de Europa y el mundo, así como el terrestre por carretera de larga distancia y circuitos, debería enfrentar un aumento en costes. Esto no solo reducirá la competitividad del turismo español y del resto de países europeos del Sur caracterizados por ser receptores de turismo, frente a otros destinos como Marruecos, Túnez, Turquía o Egipto, no afectados por esas políticas y muy especialmente por la modificación de la fiscalidad del carburante e introducción de ésta en el queroseno de aviación, sino que ello impone una carga adicional al sector turístico para coordinar sostenibilidad medioambiental con sostenibilidad económica y es necesario tener en cuenta esta última sin la que la medioambiental es una quimera y también que la recaudación fiscal no debería ser el objetivo real de la necesaria descarbonización que se invoca en las propuestas del Fit for 55 de la Comisión, algunas de cuyas propuestas por su escasa incidencia sobre la descarbonización frente a otras como el Cielo Único, más parecen tener como objetivo real la recaudación fiscal, aunque con la justificación de la descarbonización.
Y es bueno recordar que solo la propuesta de la fiscalidad en el transporte aéreo, en el horizonte de 2030 representaría una pérdida en España de 4,5 millones de turistas internacionales, 169.000 empleos especialmente localizados en las áreas turísticas (Baleares, Canarias, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana) una pérdida de 0,6% del PIB y sus consecuentes efectos sobre la balanza de pagos.
Además, el actual proceso de modificación de la directiva de viajes combinados en la UE que podría endurecer los requisitos financieros exigibles a los organizadores de este tipo de viajes, imponiendo obligaciones respecto a viajes fuera del Espacio Económico Europeo de una manera que podría desequilibrar la viabilidad del sector emisor al exterior y también la viabilidad financiera de muchos organizadores e incluso de las agencias minoristas, para las que las Comunidades Autónomas no han reformado adecuadamente su normativa para adaptarla a la reforma de la responsabilidad solidaria de la de Ley de Consumidores y Usuarios, y sin que la experiencia de las dificultades enfrentadas por organizadores y minoristas durante la pandemia, parezcan recogerse en esa propuesta de modificación.
Cesar Gutiérrez Calvo Presidente de FETAVE y José Luis Méndez Álvarez Presidente de UNAV
FETAVE y UNAV son dos asociaciones de agencias de viajes que, conjuntamente, representan a más del 50% de las agencias españolas asociadas, ambas son miembros de CEOE y tienen la representación de las agencias de viajes en el Consejo Español de Turismo (CONESTUR)
A nivel nacional, propuestas como la prohibición de vuelos cortos, la de una eventual imposición al billete aéreo, la generalización de tasas turísticas sin destino finalista y como vía de financiación de las Haciendas Locales, la regulación de horarios en la hostelería y actividades complementarias sin tener en cuenta sus singularidades, la regulación de las zonas de bajas emisiones en los centros turísticos a espaldas del sector, regulaciones burocráticas innecesarias para algunas actividades como entre otras las agencias de viajes por Interior, la anunciada y no consultada ni consensuada modificación del IMSERSO, etc., aunque pueden tener buenas intenciones, corren el riesgo de menoscabar la competitividad y la reputación del turismo español. Es esencial encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y social y la viabilidad económica y ello pasa por negociación y consensos para lo que es necesario establecer un dialogo con las asociaciones empresariales del sector turístico (agencias de viajes, transportes, hoteles, hostelería, etc.) y la representación sindical
En este contexto, se hace imperativo reivindicar y fortalecer el sector turístico en España. Trabajando juntos, podemos asegurar que el turismo no solo sea sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico, sino que también sirva como catalizador para el desarrollo de otras industrias y disfrutable para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel económico. Es crucial reconocer la importancia de este sector y protegerlo de injerencias injustificadas que podrían poner en peligro no solo al turismo, sino a la economía española en su conjunto y ello es compatible con el deseable crecimiento porcentual de otros sectores en el PIB, pero por el crecimiento de estos y no por la contracción del sector turístico.
Nuestra meta debe ser preservar esa magia que convierte a España en un destino único, asegurando que la industria del turismo continúe siendo una fuente de felicidad y prosperidad para todos en perfecta convivencia con la población residente y el medio ambiente, esto es, una actividad sostenible socialmente, medio ambientalmente y económicamente