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"La comunicación es controlada cada vez más desde fuera. Parece obedecer a un proceso automático y maquinal controlado por algoritmos, del cual, sin embargo, ya no somos conscientes". 

     Byung-chul Han 

La renovación del CGPJ

La renovación del CGPJ

Como es sabido, el Partido Popular lleva bloqueando desde 2018 la renovación preceptiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la Constitución establece ha de hacerse cada cinco años, prolongando espuriamente una mayoría conservadora procedente de la renovación de 2013. Las dos reuniones habidas en Bruselas con la mediación de comisario de Justicia Reynders no parecen estar desbloqueando el proceso. Veamos en detalle los argumentos en litigio.


En primer lugar, lo que dice la Constitución: el Art. 1.2 establece que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Mientras queda claro cómo se produce esa traducción en el caso de los poderes legislativo y ejecutivo —elecciones generales a Cortes e investidura del Presidente del Gobierno, respectivamente— no está tan claro cómo el poder judicial “emana” del pueblo español.

 

La Constitución sí regula, en cambio, cómo se garantiza la independencia de los jueces con respecto a los otros dos poderes. El juez es soberano en su juzgado, no está sujeto a presiones exteriores en sus decisiones y éstas solo pueden ser revocadas por otras instancias del propio sistema judicial.

 

El Art. 122 establece que el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial. También, que estará integrado por 20 miembros, 12 de ellos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, 4 adicionales a propuesta del Congreso y otros 4 más a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas.

 

Según nos informa el Catedrático de Derecho Constitucional del PSOE Javier García Fernández (https://fundacionsistema.com/la-grave-crisis-judicial-que-atraviesa-espana-su-alcance-real-y-vias-de-solucion-i/) la primera vez que se reguló este órgano, por la Ley Orgánica 1/1980, los 12 Vocales del CGPJ de origen judicial serían elegidos por los propios Jueces y Magistrados. La Ley Orgánica 5/1985 —con Felipe González en el Gobierno— cambió el modo de elección de los 12 vocales de procedencia judicial, de modo que fueran elegidos, al igual que los otros 8 vocales, por mayorías de tres quintos del Congreso y el Senado.

 

Un recurso de inconstitucionalidad de Alianza Popular fue desestimado por el Tribunal Constitucional en 1986, estableciendo la constitucionalidad del cambio y señalando que el CGPJ no es el representante del Poder Judicial, sino tan sólo su órgano de gobierno.

 

Tras las elecciones de 2000, que dieron la mayoría absoluta al PP, se reformó de nuevo el sistema y los 12 vocales judiciales se elegirían a partir de unas propuestas previas de las asociaciones de jueces.

 

Según informa la propia página del CGPJ, las funciones de este son la gestión de la administración de Justicia, el nombramiento y ascenso de jueces y magistrados, tanto del Tribunal Supremo como de los presidentes de tribunales y salas. También regula las situaciones administrativas, licencias, permisos, prohibiciones e incompatibilidades, la inspección de juzgados y tribunales y el régimen disciplinario judicial. 

 

Los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo forman la cúpula del sistema judicial, donde llegan finalmente las sentencias recurridas en instancias inferiores. Renovar las vacantes de estos tribunales otorga, pues, un gran poder al CGPJ.

 

Las razones de quienes defienden el sistema vigente de elección se resumen en que el órgano de gobierno de los jueces debe reflejar de forma plural las sensibilidades y convicciones morales presentes en la sociedad en cada momento y de ahí su nombramiento —con las cautelas debidas de mayorías reforzadas, cualificación suficiente y entre candidatos previamente seleccionados por los propios jueces— por el Parlamento, donde reside la soberanía nacional. Esa sería la forma de traducir, según establece nuestro Art. 1.2, cómo emana el poder judicial del pueblo soberano.

 

Las razones aducidas por el PP para mantener el sistema antiguo se resumen en la pretensión de “despolitizar” la justicia, que se produciría, según este partido, al dejar que la elección de los vocales recayera en los propios jueces.

 

Este argumento es claramente falaz porque la justicia ya está politizada y la elección de los vocales entre los jueces la politizaría aún más, eso sí, en un sentido conservador. Lo está porque la mayoría de los jueces se encuadran en una de las tres grandes asociaciones profesionales que se denominan a sí mismas conservadora, progresista y de centro, con una amplia predominancia de la primera. También, porque el sistema de acceso a jueces, magistrados y fiscales se realiza mediante unas oposiciones muy competidas y selectivas que exigen una preparación a tiempo completo durante una media de tres años, que se suman a los de la propia carrera de Derecho. Eso establece un filtro económico y de clase que sesga la propia profesión en un sentido conservador. Si los 12 vocales del CGPJ fueran elegidos por los propios jueces, ello garantizaría a este órgano una composición conservadora permanente, al margen de cuáles fueran las sensibilidades predominantes en la sociedad.

 

Cabe preguntarse, entonces, si sería realmente deseable que la justicia estuviera despolitizada y, en caso afirmativo, cómo conseguirlo con unos jueces mayoritariamente conservadores. Siguiendo al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III Tomás de la Cuadra Salcedo (El País 14/02/24), “la influencia de las convicciones morales  religiosas, ideológicas o sociales en la interpretación de las leyes ha existido siempre. Aunque en la mayor parte de los casos dichas convicciones no influyan en las decisiones de los jueces, sí juegan un papel decisivo en algunos supuestos relevantes”. Añado yo como ejemplos, los temas de corrupción, los de fuerte carga ideológica como el aborto y la eutanasia, los delitos sexuales, o la resolución de recursos contra decisiones del Ejecutivo de turno.

 

Ese es el sentido de las previsiones constitucionales sobre la participación de las Cortes en los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional y de los integrantes del CGPJ. Así se quiere lograr que en la composición de los tribunales se produzca ese reflejo y correspondencia de sus miembros con la diversidad de convicciones morales existentes en la sociedad”.

 

Ricardo Bodas, que fue magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, insiste en esa opinión (El País, 31/01/24) afirmando que “el CGPJ es un órgano constitucional del Estado cuya naturaleza política es indiscutible, porque se le encomienda el gobierno del poder judicial, lo cual implica que debe hacer necesariamente política judicial, ya que no existe ningún gobierno despolitizado o que no haga política”.

 

Si admitimos esto, la elección por el Parlamento de los vocales judiciales no añade ni resta politización a la Justicia. Lo que le proporciona es pluralismo. Es la pluralidad en el CGPJ, y no el monopolio de las asociaciones judiciales conservadoras, lo que garantizaría la independencia del Poder Judicial. En una justicia que emana del pueblo no han de tomarse en cuenta las corrientes de opinión existentes en la carrera judicial, sino las existentes en el pueblo del que emana la justicia.

 

La forma de elección de los magistrados de forma que reflejen las tendencias ideológicas de la sociedad de forma plural siempre ha sido objeto de controversias. Por ejemplo, en la Atenas de Pericles, los tribunales que habían de dictar sentencias, se elegían por sorteo entre los ciudadanos, se renovaban cada año y tenían prohibida su reelección. De esta forma, virtualmente todos los ciudadanos eran jueces alguna vez en su vida. La institución del jurado es una reminiscencia de esta forma de justicia directa por parte del pueblo soberano.

 

En conclusión, lo que se dirime en la controversia sobre la renovación del CGPJ es si se configura un órgano permanentemente conservador o si se establecen garantías de pluralidad, con un pluralismo acorde con la propia evolución de la sociedad. Que el PP utilice su posibilidad de veto a la renovación como arma para conseguir cambiar la ley actual a favor de sus tesis no es sino una extorsión inaceptable. Es la tercera vez que lo hace —en 1995, en 2006 y desde 2018 hasta hoy— y siempre para prorrogar mayorías conservadoras e impedir la renovación cuando el Parlamento ha sido de signo contrario.

 

Que, al menos, no nos tome el pelo con el cuento de que pretende despolitizar la justicia.


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