Las leyes deben cumplir la máxima de realizarse en beneficio del conjunto de la sociedad, para ello lo principal es que sea justa, que esté pensada como un instrumento que ayuda a la convivencia, a la seguridad, a dar a cada uno lo que le pertenece y, a proteger los derechos de los ciudadanos. Lo que no debe ser es una herramienta para apagar un fuego puntual. No son pocas las veces que las normas corren el riesgo de poner delante de la justicia las necesidades del legislador.

 

Cuántas veces hemos visto pedir la pena de muerte para aquellos que han asesinado; pero hacer justicia, no puede ser la Ley del Talión “de ojo por ojo”. La justicia no es venganza, tiene una misión mucho más importante, es castigar el delito y buscar la reinserción del delincuente. El dolor y la ira nunca pueden ser buenos legisladores. 

 

Todavía hoy en Europa, concretamente en Albania, nos cuentan que en el norte de la nación es de aplicación un antiguo código del Kanun, leyes consuetudinarias que se ha transmitido oralmente durante siglos, por las cuales los parientes de un hombre asesinado tienen derecho a vengar su honor matando a un varón de la familia del asesino. La justicia es entendida de formas muy diferentes según donde nos situemos.

 

Fue en el lejano 1988, cuando un candidato a la presidencia de EE. UU. le preguntaron si, en el supuesto de que violaran y asesinaran a su mujer, aplicaría la pena de muerte al culpable. El bueno de Michael Dukakis en lugar de acogerse a la opinión mayoritaria en su país, se le ocurrió hablar sobre la prevención del delito, lo que era la justicia, que la mayor pena es vivir sabiendo que eres un asesino. Ahí acabó su carrera a la presidencia. 

 

En política la verdad tiene más caras que en un carnaval, lo esencial es convencer al elector de que tú representas mejor lo que él piensa.

 

La necesidad de quién gobierne en minoría puede ser una debilidad a la hora de tomar decisiones. Así no pueden ser un buen legislador quienes usan el derecho para hacer normas a medida, para defender no el interés colectivo, sino el propio. Lamentablemente, esto se está viendo cada vez con más frecuencia en nuestro derecho. El legislador ya, indisimuladamente, usa las leyes para comprar voluntades, para conseguir apoyos o para que no pasen los contrarios.

 

Ver cómo algunos quieren, o cambian, las normas según los apoyos que le hacen falta puede producir rubor, unos votos a cambio de unos artículos que te favorezcan en el código penal y si la cosa se complica, siempre se puede cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

El que está en el poder que quiera conservarlo es algo normal y legítimo; lo que ya no lo es tanto es que, en lugar de propuestas atractivas para los electores, use leyes para seguir el mismo, crea una disfunción, de cuyas consecuencias puede que se arrepientan en futuro. ¡Madre, que tendrá el poder del que todos se quejan, pero ninguno lo quiere dejar!.

 

Cuando gobernaba el Partido Popular y explotaron los múltiples casos de corrupción, la intención y también la realidad, fue legislar para intentar mediatizar la actuación de los jueces, ahí están las hemerotecas llenas y algunas normas hoy vigentes en nuestra legislación.

 

Actualmente, se están copiando los peores métodos legislativos de esos tiempos, para ganar los apoyos que permitan mantener el Gobierno. A ello, tanto en un caso como en otro está la lucha gubernamental y legislativa, para intentar controlar por todos los medios posibles, el poder judicial, poniendo a los jueces de confianza en los puestos más importantes. Si no hay independencia judicial, todas las decisiones están heridas de credibilidad, nos basta con ver lo que sucede con el Tribunal Constitucional, que los jueces muchas veces parecen simplemente correa de transmisión de los grandes partidos, basta ver las votaciones en los temas de gran calado, que un órgano encargado de velar por el cumplimiento de nuestra Constitución.

 

¿Alguien piensa que con la composición del actual Tribunal Constitucional se iba a considerar inconstitucionales el confinamiento, el segundo estado de alarma, el cierre del Congreso?. Es aquello de "dime quién tiene mayoría, y te diré cuál es la resolución". 

 

De estas situaciones viene que el Consejo General del Poder Judicial lleve más de un quinquenio sin renovarse, que no se cumpla el propio espíritu de la Constitución. Igual que ha sucedido algo inaudito, como es pasar de Ministro a Fiscal General del Estado o juez de Tribunal Constitucional ¿Se puede ser más parcial?. Todo ello hace perder credibilidad a las instituciones, algo que para algunos parece ser un mal menor con tal de seguir ocupando el Gobierno. El problema puede ser que si el gobierno tiene poca credibilidad, la oposición quizás tenga menos.

 

¿A dónde se fueron aquellas soflamas de los políticos manifestando que nunca se puede indultar a políticos? Ya es colmo de la desfachatez que sean los propios implicados de los supuestos delitos, los que hagan las normas para autoindultarse y/o amnistiarse. Como dice la canción de Presuntos Implicados, ¡cómo hemos cambiado!