Los perros son unos animales adorables, pero tienen la mala costumbre de orinar en todas las esquinas de la calle, con lo que pasear con ellos se vuelve a veces una pesadilla. Se dice que lo hacen para marcar su territorio y dejar su olor por encima del de sus adversarios, los demás perros. La convalidación en el Congreso de los tres primeros decretos de esta legislatura ha evidenciado que muchos de nuestros partidos emplean la misma táctica perruna a la hora de decidir su posición.
El primer decreto establece compromisos acordados con la UE, tales como la digitalización de la justicia, para liberar un pago de 10.000 millones de los fondos Next Generation. El segundo, extiende algunas medidas anticrisis tales como rebajar al 0% el IVA de los alimentos básicos, fijar el IVA del recibo de la luz en el 10% —en lugar del 21% habitual, aunque superior al 5% del último año— y bonificar el transporte público. También recoge una revalorización del 3,8% para las pensiones contributivas. Y, el tercero, mejora el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, pasando este de 480 € mensuales a 570 € los seis primeros meses y a 540 € los seis siguientes.
Es fácil convencerse de que estas medidas no perjudican a nadie y de que, en cambio, benefician a millones de personas, posiblemente a todos los ciudadanos sin excepción, porque todos compramos patatas alguna vez y pagamos la luz.
Sin embargo, los dos primeros decretos se han aprobado agónicamente por un voto de diferencia —172 frente a 171— y el tercero ha sido rechazado por 9 votos, gracias a la oposición de Podemos, que se unió en esta ocasión a PP y Vox. En los tres casos, el PP y Vox votaron en contra y Junts se abstuvo, tras amagar toda la jornada con oponerse.
En el caso de Junts, dejaron bien claro en sus intervenciones que lo que le pase a España les trae sin cuidado y que a ellos solo les importa Cataluña. Vamos, que no están ahí para favorecer la gobernabilidad, ni tonterías semejantes, sino para que cada voto suyo se otorgue a cambio de contrapartidas. No aclararon por qué los millones de pensionistas, consumidores o parados catalanes de más de 52 años deberían haber sufrido las consecuencias de su voto negativo a los decretos. Ni tampoco, por qué Cataluña debería haber perdido en ese caso una parte de los 10.000 millones europeos.
La triste realidad es que Junts está queriendo marcar su territorio desde el comienzo de la legislatura. Tanto frente al Gobierno del PSOE y Sumar, como frente a sus adversarios de ERC. Tienen que demostrar a sus votantes que son más exigentes en sus demandas que lo fueron sus antiguos socios de gobierno y, frente al Gobierno, advertirles de que no deben dar nada por ganado. Cada voto suyo exigirá nuevas contrapartidas. En esta ocasión, consiguieron la delegación de las políticas migratorias, la anulación de un artículo de la ley de Enjuiciamiento Civil que traspone una directiva europea, la publicación de datos que les permitan calcular lo que llaman las “balanzas fiscales” y algunos incentivos para que vuelvan a Cataluña las empresas que salieron como consecuencia del procés. Todavía estamos a la espera de que el PSOE y Sumar expliquen el alcance y la justificación de estas concesiones.
En el caso de Podemos, se trataba también de marcar su territorio después de la ruptura con Sumar, y de perjudicar las iniciativas de Yolanda Díaz, que era la promotora del tercer decreto. Su pobre justificación de que el subsidio era un recorte de cotizaciones no se sostiene ni un segundo. Basta con ver que el 100% de 1.080 € —el SMI de 2023— es 160 € mayor que el 125% de 736 € —el SMI de 2018—. Es decir, con su voto han dado prioridad a su pugna con Yolanda Díaz, golpeando con ello las cabezas de 730.000 parados. Toda una proeza de la izquierda más pura del universo, de la que algún día tendrán que rendir cuentas cuando pidan el voto a los electores.
Por último, el voto negativo del PP —el de Vox, ni vale la pena comentarlo— no se justifica en base al contenido de los decretos. Al PP le parece bien bajar el IVA, subir las pensiones —o eso dicen, aunque no lo hagan cuando gobiernan—, que España consiga 10.000 millones, y también las restantes medidas. Lo que no les parece bien es “darle” los votos a Sánchez, al que llevan años tildando de traidor, dictador, rompepatrias y un sin fin de calificativos más. Quién mejor lo ha expresado ha sido Díaz Ayuso: “A Pedro Sánchez, ni agua”. Han hecho todo lo posible por tumbar los tres decretos y, con la ayuda de Podemos, lo han conseguido en uno de ellos. Porque lo importante no es mejorar la vida de los millones de pensionistas, consumidores y parados, sino que Sánchez se hunda en la miseria y que así ellos recuperen territorio. También aquí el PP sigue la misma táctica perruna de Junts y Podemos.
En una democracia ideal, los partidos representan a los ciudadanos y dedican su actividad a la política —“política”, en griego, los asuntos de la ciudad, los asuntos de los ciudadanos—. Aquí, en cambio, se representan a sí mismos y se dedican al “politiqueo”, es decir, a los asuntos de los políticos, que es algo muy distinto. En lugar de democracia —en griego, el gobierno del pueblo—, tenemos partitocracia, el gobierno de los partidos.
En cualquier caso, lo que hacen estos partidos perrunos cuando marcan su territorio no es política sino “antipolítica”, que consiste en perjudicar a los ciudadanos para que ellos obtengan algún beneficio. Y también, al igual que los perros, dejan muy mal olor en todas las esquinas.