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Yo lucho por la vida

aunque me venza la muerte, 

recuerdo y deseo,

¡siempre habrá poesía!

Alberto Morate

"Alboroque de poetas"

  Ondina Ediciones

Institucionalidad, por favor

Institucionalidad, por favor

Este mes de diciembre la Constitución cumple 45 años desde que fue ratificada por el pueblo español en referéndum, con un 91,8% de votos favorables. En términos humanos, a quien tiene 45 años de vida se le supone una cierta madurez. Sin embargo, una buena parte de nuestros representantes públicos se sigue comportando con notables reminiscencias adolescentes, cuando no con manifiesto infantilismo. Sería deseable un poco más de madurez.


La democracia es un conjunto de muchas cosas, unas formales y sujetas a reglas y, otras, no formalizadas, pero igualmente importantes. Entre estas últimas están, desde luego, el respeto al adversario y el que los partidos asuman con normalidad el resultado de las elecciones cuando estos les son desfavorables.

 

Es evidente que los partidos de la derecha no están cumpliendo con estos segundos requisitos y que están instalados en una bronca permanente y estéril desde las elecciones del 23-J debido a su frustración por el resultado de las mismas. No creo que puedan soportar cuatro años esa deriva. En cualquier caso, hoy quería hablar sobre la parte formal de la democracia, sobre lo que es de obligado cumplimiento para los partidos.

 

Las reglas formales exigen, sobre todo, un respeto exquisito a las instituciones y a la separación de poderes. La democracia formal es un delicado equilibrio de poderes y contrapoderes que están diseñados para impedir que nadie, sea este un partido o un dirigente político, pueda hacerse con todos los resortes del poder e instaurar así un régimen autoritario o, en la práctica, dictatorial. La palabra clave es institucionalidad. No se puede ser demócrata sin ser institucional. Degradar las instituciones es atentar contra la democracia misma, pues corrompe el imprescindible equilibrio de poderes y deslegitima a esos órganos, impidiéndoles cumplir su función. Por desgracia, son demasiados los ejemplos en los que nuestros adolescentes partidos no respetan la institucionalidad.

 

No es institucional que el líder de la oposición se niegue a acudir a una invitación del Presidente del Ejecutivo. Ni que, cuando finalmente lo hace acuciado por la presión mediática, se niegue a ir a la residencia oficial de este poder e imponga a quien le ha invitado los temas a debatir. El mensaje subliminal que se quiere transmitir es que no se reconoce al  Presidente como tal, es decir, se deslegitima el resultado de las elecciones.

 

No es institucional —y no hay que cansarse de repetirlo una y otra vez— que el Partido Popular secuestre el órgano de gobierno de los jueces durante cinco años para que responda a una mayoría política conservadora que se obtuvo hace diez. De nuevo, ello implica no reconocer el resultado electoral y, por lo tanto, violentar la voluntad del pueblo soberano expresada en las urnas.

 

No es institucional que el citado Consejo General del Poder Judicial —caducado o sin caducar— se pronuncie sobre una ley del Legislativo sin ser requerido para ello. Hecho agravado por tratarse, además, de un pronunciamiento preventivo sobre una ley cuyo texto aún no se había publicado.

 

No es institucional que numerosos jueces pertenecientes a una asociación conservadora se pronuncien públicamente en el mismo sentido contra la citada y desconocida ley. Se trata, en ambos casos, de una invasión de un poder del estado hacia otro. Los jueces deben aplicar las leyes, no oponerse a ellas porque, una vez aprobadas, son expresión de la voluntad popular. Sería también un motivo de futura recusación de dichos jueces porque, si la ley llega a término, tendrían que aplicarla y estarían contaminados por sus pronunciamientos previos.

 

No es institucional que los miembros del Legislativo señalen con nombres y apellidos a varios jueces, y les tilde de delincuentes, desde la misma tribuna del Congreso o del Senado. Si no se está de acuerdo con las decisiones de los tribunales, la vía prevista es la jurisdiccional, en términos de recusaciones, recursos o querellas contra dichos jueces y sus decisiones.

 

No es institucional que los senadores del PSOE y de otros partidos de la izquierda no acudan a la Comisión General de las Comunidades Autónomas convocada en dicho Senado, por mucho en desacuerdo que se esté con el tema de la convocatoria. Simétricamente, tampoco es institucional que la derecha utilice su mayoría en el Senado, en las CC.AA. y en muchos municipios para imponer debates y pronunciamientos sobre temas —como la ley de amnistía— ajenos a sus competencias.

 

No es institucional que los partidos secesionistas catalanes nunca acudan a los órganos multilaterales donde se reúnen las CC.AA. con el Gobierno, tales como la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con ello quieren reforzar el relato de que ellos representan a una nación que negocia bilateralmente con el estado español.

 

Tenemos muchas otras muestras de falta de institucionalidad en el comportamiento de los partidos antimonárquicos —los situados a la izquierda del PSOE y todos los nacionalistas—, cuando no acuden a los actos relacionados con la Monarquía, como fue, por ejemplo, la reciente jura de la Constitución por parte de la heredera del trono.

 

Nuestra constitución es muy tolerante y permite defender ideas —como el secesionismo o el republicanismo— contrarias  a ella. Lo único que exige a los ciudadanos y a sus representantes públicos es que respeten sus normas y procedimientos reglados, entre los cuales está renovar las instituciones a su debido tiempo, observar la separación de poderes y acudir a los actos institucionales previstos en cada caso.

 

Nadie está obligado a ser representante público. Se puede presentar a las elecciones un antimonárquico, un secesionista, un comunista, un socialdemócrata, un conservador y hasta un antidemócrata, como es el caso de Vox. Pero, una vez elegidos, no pueden pretextar su ideología para dejar de observar las reglas formales de la democracia. 

 

Los ciudadanos no pagamos sus, por otra parte, generosos sueldos para que se ausenten del parlamento cuando deben estar presentes o para que hagan desprecios al Rey —que es, les guste o no, otra institución de nuestra democracia— no recibiéndole en la comunidad donde gobiernan o ausentándose de las ceremonias previstas por la ley.

 

Abandonen, por favor, la adolescencia, adéntrense en la madurez de los 45 años que ya tiene nuestra democracia, y sean dignos de ella y de los ciudadanos que les votan, quienes observamos perplejos sus infantiles juegos de salón.


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