Tras cuatro años de iniciado un proceso de renovación de su carta fundamental (nueva constitución) y habiendo la población rechazado dos textos constitucionales propuestos —uno en septiembre del 2022 (progresista y renovador) y otro en diciembre del 2023 (ultra-conservador)— por sendas convenciones constituyentes, Chile termina adhiriendo, por defecto, a la constitución de 1980, aprobada en el régimen de Pinochet y parcialmente reformada, pero no sometida a referéndum ciudadano de ratificación en el 2005 bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar, lo que le restó legitimación al cambio constitucional y no cerró de forma adecuada el tema constitucional. Cabe mencionar, sí, que el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet intentó un interesante proceso de cambio constitucional basado en cabildos ciudadanos pero este fue abandonado por el segundo gobierno conservador de Sebastián Pinera.
El proceso constituyente actual surgió como la respuesta de la élite política chilena al alzamiento ciudadano de octubre-noviembre de 2019 que amenazaba la supervivencia del entramado institucional heredado de Pinochet y reformado parcialmente en democracia el que se basa en dos pilares fundamentales : la constitución Pinochet-Lagos y el modelo económico neoliberal.
El resultado del plebiscito del domingo 17 de diciembre fue que el 55,7 por ciento de la población votante rechazaba el segundo texto propuesto mientras el 44,3 por ciento lo aprobaba. El segundo texto fue redactado por una convención constituyente dominada por el partido republicano chileno de matriz integrista, conservador y neoliberal en lo económico. Ante este resultado, el Presidente Gabriel Boric anunció que no habrá un tercer proceso constituyente durante su gobierno el que termina en marzo del 2026. El tema de lograr una nueva constitución aprobada en democracia queda archivado por dos a tres años aunque ahora se pueden hacer con más facilidad modificaciones a la carta vigente dado que rebajaron hace unos meses los quórum requeridos para hacer cambios constitucionales.
¿Qué hacer ahora? es evidente constatar que es muy fuerte la percepción ciudadana sobre la incapacidad de la actual clase política chilena que no ha sido capaz de lograr una nueva constitución en los últimos 33 años, desde que Pinochet dejó el poder y tampoco en los últimos cuatro años cuando estuvo al borde de ser expulsada del poder por una enorme marea ciudadana contestaria al status-quo. Esta muy acomodada “clase política” ( y más atrás el poder económico que en buena medida la respalda) se salvó por la crisis del COVID que empezó en Marzo del 2020 y por diluir la presión inmediata por cambios reales en la situación de la población mediante un proceso constituyente.
Sin embargo los problemas estructurales del modelo chileno que dieron origen a la crisis del 2019 y otras, como son la alta desigualdad de ingresos y riqueza, inseguridad en las ciudades, la privatización de la salud, las pensiones y la educación, el alto endeudamiento de los hogares, la precariedad laboral, el excesivo centralismo administrativo sobre el resto del país de la capital de Santiago y el debilitamiento de los equilibrios ecológicos por un crecimiento económico desregulado siguen vigentes. El desafío para el gobierno de Boric y su oposición política y parlamentaria es trabajar con imaginación, contacto ciudadano y altura de miras para que estos problemas finalmente se empiecen a resolver.