Una propuesta federal

Una propuesta federal

Una de las novedades de esta legislatura es su necesidad de contar con el apoyo de hasta cinco partidos nacionalistas —PNV, EH Bildu, ERC, Junts y BNG— para poder avanzar. El PSOE ha establecido dos mesas bilaterales —con ERC y Junts— para hablar de lo que sus interlocutores llaman “el conflicto político” de Cataluña. Parece un buen momento para sacar del baúl de los recuerdos la propuesta federal que este partido hizo en 2013.

Francina Armengol, Isaura Leal y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, los socialistas de la Mesa del Congreso. Imagen: EP


El protagonismo que ERC y Junts han adquirido en las últimas semanas ha hecho que su relato histórico y su reclamación de un referéndum de autodeterminación hayan ocupado la actualidad y partes significativas de los acuerdos firmados con el PSOE.

 

Pero, tal vez, ya es hora de oponer otro relato y otras propuestas a las suyas y de fajarse con ellos en el debate público. No puede ser que las mesas de diálogo consistan en un “marear la perdiz” escuchando sus reiteradas reivindicaciones y, en el mejor de los casos, simplemente resistiéndose a ellas.

 

El engañoso relato histórico de la supuesta opresión de Cataluña por España desde comienzos del siglo XVIII lo desmontan fácilmente los historiadores. Recientemente, en El País —“Comprender el pasado; comprometer el futuro”, 29/11/23 —, dos catedráticos de Historia Contemporánea, uno vasco y otro catalán, explican con mucha claridad el surgimiento de la nación española a lo largo de los siglos XVIII y XIX, mientras que los nacionalismos vasco y catalán aparecen —e, inicialmente, tan solo con un carácter regionalista— a finales de este último siglo. Por lo tanto, es falsa la imagen de una nación catalana enfrentada durante siglos a un supuesto opresor estado español.

 

Ambos nacionalismos son mucho más recientes y tienen una base esencialmente económica ya que, con Madrid, son las regiones más ricas de España. No es casual que una de las primeras reclamaciones de Junts sea que Cataluña recaude el 100% de los impuestos. El País Vasco no necesita reclamarlo porque ya lo tiene y su pago al Estado del cupo no cumple con los criterios de solidaridad interterritorial que sí tienen las autonomías del régimen común. Mejorar el cálculo de este cupo sería una de las modificaciones necesarias en cualquier propuesta federal razonable.

 

Las aspiraciones secesionistas de Junts son el reflejo de una deriva egoísta de las élites catalanas —para ello, basta con ver los lugares de Cataluña donde obtiene más votos— a raíz de la larga crisis de 2008. Nunca he logrado entender por qué partidos que se reclaman de izquierda —como ERC, EH Bildu, Unidas Podemos y Sumar— son sensibles a las reclamaciones nacionalistas, cuando estas son aspiraciones de las burguesías que en nada benefician a las clases populares. Y, sobre todo, sabiendo que, para que esas nacionalidades obtuvieran el estado al que aspiran, habría que destruir forzosamente la nación y el estado españoles. Desde su punto de vista, piden la independencia de su nación pero, desde los que sentimos —de forma única o compartida— la identidad española, deberíamos hablar de una ruptura o secesión de nuestra nación.

 

Una secesión que diera lugar a un estado vasco y otro catalán sería desastrosa para dichos estados y para lo que quedara de España. Para empezar, nadie les reconocería en el ámbito europeo, tendrían que hacer frente a gastos que ahora no tienen y su peso internacional para negociar cualquier acuerdo sería insignificante.

 

La oferta que el PSOE lanzó en 2013 —y que nadie ha recogido hasta ahora, quizás debido a las sucesivas crisis sufridas desde entonces— es del todo razonable: hacer que el actual estado de las autonomías evolucione hacia un estado federal. Comparando nuestro grado de descentralización con el de estados que se dicen federales, ya lo somos de hecho, tan solo a falta de algunas estructuras.

 

La más relevante es la de una cámara de representación territorial al estilo del Bundesrat alemán. En esa cámara estarían representados proporcionalmente los gobiernos de las autonomías y tendría la capacidad de aprobar leyes que tuvieran una alta relevancia autonómica. En dicha cámara se deberían celebrar las conferencias sectoriales, la de presidentes autonómicos con el Presidente del Gobierno, e instalar en ella el actual Consejo de Política Fiscal y financiera.

 

En la propuesta se alude también a definir un modelo fiscal y de financiación que no esté sujeto a la cambiante voluntad de los sucesivos gobiernos. Y a establecer de forma clara las competencias exclusivas del estado y de las autonomías, de forma que se evitasen los numerosos conflictos de competencias actuales y, al tiempo, se simplificaran las respectivas administraciones.

 

En el federalismo también estaría la solución para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España. Nuestra Constitución actual ya ampara los hechos diferenciales de algunas autonomías, como son la lengua propia, el reconocimiento como nacionalidades de las que alcanzaron la autonomía en la Segunda República, los derechos históricos de los territorios forales y algunas especificidades del derecho civil. La propuesta federal reforzaría estos reconocimientos.

 

El único principio básico que todos —incluidos los partidos nacionalistas— tendrían que aceptar es el principio que diferencia a un estado federal de otro confederal: el de que todos los ciudadanos del estado son iguales en derechos. Es decir, ningún hecho diferencial podría suponer el privilegio de unos ciudadanos con respecto a otros. Al mismo nivel que el respeto a la singularidad estarían, pues, la solidaridad interterritorial y la cooperación de las autonomías con el gobierno del estado y de ellas entre sí.

 

También sería necesario establecer que todas ellas suministraran unos servicios públicos básicos —sanitarios, educativos, de dependencia, de pensiones— de similar calidad. Es decir, que una parte del gasto público de las mismas estuviera necesariamente destinado a esos fines.

 

Por supuesto, para que esta propuesta tuviera éxito, sería imprescindible la participación en los debates y en las conclusiones del principal partido de la oposición ya que, al final, sería incluida como una reforma de la Constitución y habría de ser votada.

 

Nuestro estado de las autonomías ha sido un completo éxito. Ha conseguido una administración más eficaz que la de un estado centralizado y, sobre todo, ha reducido notablemente la inmensa brecha de riqueza que existía entre las diferentes regiones al comienzo de nuestra democracia. No tiene sentido volver atrás, ni lo tiene desmembrar nuestro estado en varios. La única vía razonable es profundizar en la descentralización, a la vez que se corrigen algunas insuficiencias, especialmente en el terreno de la cooperación con el estado y de las autonomías entre sí.

 

Aunque el momento político actual no parezca propiciarlo, esta legislatura nos ofrece una oportunidad óptima para suscitar este debate y para avanzar hacia un modelo de estado en el que la inmensa mayoría de los españoles se sienta cómoda


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