Vamos a ignorar, de entrada, los no-argumentos del hiper-mega melodrama que vienen orquestando la derecha y la ultraderecha en las últimas semanas. Porque, ni España se rompe —ya nos hemos fijado en que España solo se rompe cuando no gobiernan ellos—, ni entramos en una dictadura, ni se está dando un golpe de estado, ni es un fraude electoral. Ya han agotado todos los adjetivos y descalificaciones del diccionario con el único propósito de soliviantar a la población e indisponerla contra el Gobierno. Se trata, sobre todo, de una pésima digestión de los resultados electorales, que frustraron sus expectativas de llegar al poder.

 

Mención aparte en esta ofensiva de la derecha merecen la asociación conservadora de jueces APM y la mayoría del Consejo Podrido del Poder Judicial, que lleva cinco años ocupado espuriamente por los conservadores que nombró el señor Rajoy en 2013. Al tiempo que se quejan de la intromisión del poder legislativo en el judicial, ellos se entrometen sin pudor en la batalla política, tomando partido por uno de los bandos. Así, anuncian que la ley de amnistía será el fin de la democracia, la Constitución y el estado de derecho, que pone en cuestión la labor de los jueces y que declara nulas sus sentencias. Es también muy preocupante la falta de rigor técnico de estas afirmaciones, viniendo de unas personas que se suponen expertas en derecho. Ellos saben perfectamente que las medidas de gracia solo anulan los efectos penales, y no los delitos ni la justeza de las decisiones judiciales. La amnistía, como los indultos, son un perdón, no una anulación.

 

Entre los argumentos en contra, descartaremos también los que podríamos llamar falaces —o sea, engañosos— como son los que afirman que la amnistía anula el delito, que es inconstitucional y que no iba en el programa electoral del PSOE. En cuanto al primero, se trata de simple desconocimiento. Con respecto al segundo, tras leer numerosas opiniones de los expertos, concluyo que la amnistía podría ser constitucional si está convincentemente argumentada en el sentido de que proporcionaría unos beneficios que son de interés general. En todo caso, sería el Tribunal Constitucional el único autorizado para emitir un juicio semejante. Y, sobre el tercero, ningún partido lleva en su programa lo que luego pacta con otras fuerzas para conseguir sumar los votos necesarios. Lo único que procede argumentar, por tanto, es si lo que se pacta es o no es razonable.

 

Pasamos entonces a analizar los argumentos contra la amnistía que entrarían —según mi humilde opinión— dentro de lo defendible de un modo razonable y honesto.

 

Muchas personas, muchas de ellas dentro de la izquierda, se sienten incómodas con la amnistía porque opinan, en esencia, que “quien la hace la paga”. Los delitos que cometieron los separatistas fueron bastante evidentes y bastantes graves. Además, habían sido advertidos repetidamente por los tribunales de la ilegalidad de las leyes y acciones que iban a aprobar. Más aún, a fecha de hoy no han mostrado públicamente ningún arrepentimiento y algunos siguen proclamando que lo volverían a hacer. En esas condiciones —opinan— no merece la pena cambiar sus votos por una amnistía y sería mucho más honroso ir a nuevas elecciones.

 

Los que la defienden, lo hacen en base a dos argumentos. El principal es que se trata de una necesidad para conseguir un gobierno progresista. Las elecciones de julio consiguieron frenar por la mínima un gobierno de la derecha y la ultraderecha. La diferencia en escaños de ese bloque con el resto del arco parlamentario es muy exigua. Nada garantiza —en su opinión— que unas nuevas elecciones no reflejara un resultado, en el mejor de los casos similar al actual y, en el peor, con predominio de ese bloque, lo que supondría un retroceso de décadas para el país. 

 

El segundo argumento es que la amnistía representa una oportunidad para encauzar el embrolló catalán. Si los indultos consiguieron rebajar la tensión en Cataluña, la amnistía completaría dicho proceso extendiendo el perdón a cientos de cargos intermedios y a otros colectivos que siguen inmersos en procesos judiciales. A cambio, los partidos secesionistas aceptan reconducir sus demandas por la vía del diálogo y respetando las leyes —eso es, al menos, lo que han firmado, y no lo que algunos proclaman.

 

Ambas visiones del problema tienen, en mi opinión, sólidas razones para ser defendidas. Adicionalmente, el agónico proceso de negociación con Junts, las cesiones en temas de forma como ha sido el relato sesgado que encabeza el acuerdo, en el que remite el conflicto catalán nada menos que a la guerra de secesión de 1714 y a los decretos de Felipe V y se omiten los hechos delictivos de 2017, o la foto con urna del encuentro en Bruselas, o los injustificados retrasos de la firma, han aumentado la incomodidad tanto de los defensores como de los detractores de la amnistía.

 

Efectivamente, los secesionistas viven del teatro y del relato falaz porque no de otro modo pueden seducir a sus votantes. Tampoco hay garantías de que, pese a lo firmado, no vuelvan a las andadas dentro de un par de años. Ni tampoco la hay de que den estabilidad a la legislatura. Aprobar cada ley será un sufrimiento, no solo con ERC y Junts sino también, muy probablemente, con los cinco diputados de Podemos, que querrán hacerse patentes y mostrar su despecho.

 

Mi posición personal está un poco en el límite de las dos visiones expuestas. Comparto la gran incomodidad que me ha causado el proceso de negociación y el relato falaz reflejado en los acuerdos. También me indigna que se amnistíe a unos políticos que causaron una insoportable conmoción en Cataluña y en el resto de España, que fueron advertidos por los tribunales y que fueron muy conscientes de estar violando las leyes.

 

Pero mi parte racional me dice que con leyes y tribunales nunca tendrá solución el embrollo catalán. Así se hizo con el recurso del PP al Tribunal Constitucional, con la aplicación del artículo 155 y con las sentencias del procés y el resultado fue un crecimiento exponencial del secesionismo. La amnistía es un acto de magnanimidad, y por tanto de fortaleza, del estado democrático, el único que puede ser generoso en un conflicto de naturaleza política. Pero, además, es la mejor forma de eliminar el victimismo que impregna una parte de la sociedad catalana y de minar así la base social del independentismo. El problema no es que haya partidos secesionistas sino que millones de catalanes les voten.

 

Solo el próximo par de años nos dirá si la decisión de la amnistía ha sido correcta. Al menos, nadie podrá decir que el “odioso” estado español no lo haya intentado.