Al escribir estas líneas, todavía no se ha consumado un pacto de investidura entre el PSOE y Sumar con las fuerzas políticas de ámbito regional, sino que prosiguen las negociaciones con Junts y el PNV. Lo que sí se ha consumado, sin embargo, es la reacción histérica de toda la derecha tratando, por métodos más que cuestionables, de que fracase dicho pacto y se convoquen nuevas elecciones.
La amnistía y el resto de concesiones a Cataluña en el pacto, ya hecho público, entre el PSOE y ERC son el combustible de dichos ataques. Entre ellas está la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado, hecho que ha sido cuestionado como un privilegio inaceptable desde todas las CC.AA. gobernadas por el PP. Eso, pese a que el texto público deja bien claro que “se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico”. Pero, siguiendo el principio “no dejes que la verdad te arruine un buen titular ”, la derecha sigue incidiendo en un supuesto trato de favor.
Como también sigue insistiendo en los argumentos falaces de que la amnistía es inconstitucional —hay numerosos argumentos que avalan lo contrario y, en todo caso, será una ley que en su día habrá de pasar el examen del Parlamento y del Tribunal Constitucional, único autorizado para decidirlo— y de que no iba en el programa del PSOE. Efectivamente, cuando un partido no tiene mayoría absoluta y ha de pactar con otros, tiene que incorporar alguna de las medidas que estos exigen para darle su apoyo.
La hemeroteca es terca y muestra las numerosas concesiones que hizo el presidente Aznar en 1996 cuando recabó el apoyo de CIU y del PNV y que tampoco iban en su programa electoral, como fueron la cesión del 33% del IRPF, el 35% del IVA, la supresión de la mili y el traspaso de las competencias de tráfico a los mossos d’esquadra. Un total de 2.500 millones de euros fueron a Cataluña en esa legislatura.
La amnistía es cuestionable, como lo es cualquier otra decisión que se pacte en el marco de una investidura, pero, en una sociedad democrática, las discrepancias deberían hacerse de forma civilizada y no recurriendo a la hipérbole continua, a la instrumentación de las instituciones y a la deshumanización del adversario.
En lugar de ello, la derecha, dirigida por sus cabezas más radicales, se ha echado al monte y no ahorra ningún medio a su alcance. El señor Aznar ha llamado a rebato y ha pontificado que “Sánchez es un peligro para la democracia ”, que “es necesario actuar” y que “todo el que pueda hacer, que haga y el que pueda moverse, que se mueva
Siguiendo esta consigna, se han convocado varias manifestaciones ilegales a la puerta de Ferraz , con la presencia destacada de otra cabeza radical, la de Esperanza Aguirre , animando a cortar el tráfico. En dichas manifestaciones también se han lanzado gritos a favor de Franco. Por su parte, la “fachosfera” —palabra feliz del periodista Idafe Martín — no ahorra insultos y ha tenido que recurrir al medievo para ampliar su repertorio. En medios como ABC, El Mundo, OK diario, Vozpópuli, El debate y otros, se tilda a Sánchez de patán, traidor, lacayo, siervo del gleba, autócrata, corrupto, zombi, vampiro, insaciable y matasiete . Muy en la línea del “felón” utilizado por el defenestrado señor Casado. También el señor Feijóo se ha apuntado a la fiesta, tildando de corruptos a Sánchez y a su pacto con ERC.
Los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial nombrados por el PP se han arrogado la atribución de condenar la amnistía y de pedir un pleno para emitir un comunicado en ese sentido. Conviene saber que este órgano solo puede emitir informes a petición del Gobierno . Es decir, se trata de una utilización espuria de una institución para ponerla al servicio de un partido. Institución, por otra parte, podrida más que caducada tras cinco años de ocupación indebida por parte de esos mismos vocales. También el Senado ha sido objeto de instrumentación partidista al convocar allí el PP un debate sobre la amnistía de la Comisión de las CC.AA.
La derecha judicial también se ha movilizado y, así, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura ha hecho público un comunicado en que afirma que la amnistía es nada menos que “el fin de la democracia”. Resulta además mucha casualidad que, en estos días de negociación sobre la amnistía, la Audiencia Nacional haya abierto juicio oral a doce encausados de los CDR —los llamados Comités de Defensa de la República que ocasionaron numerosos disturbios en 2017— acusándoles de terrorismo.
Se puede uno oponer a la amnistía sin emplear estrategias desestabilizadoras. Si desde la cúpula del partido más importante de la oposición se tilda de traidor y de enemigo de la democracia a un adversario y se llama a “hacer lo que se pueda” contra él, no es descartable que se puedan producir hechos violentos a cargo de personas incontrolables excitadas por ese ambiente de odio. Esperemos que no haya que lamentar incidentes de este tipo pero, si los hubiera, ya sabemos de quién sería la responsabilidad.
El motivo último de toda esta reacción concertada entre la derecha política, mediática y judicial no es otro que dificultar al máximo y, si fuera posible, impedir, la formación de un gobierno encabezado por el PSOE y Sumar.
Después de esta legislatura, la derecha sabe que de un gobierno así solo pueden esperar más impuestos a la banca , a las grandes empresas y a los grandes patrimonios, subidas de salarios y pensiones y, tal vez, una reducción de la jornada laboral. Y, por lo que se ve, esas medidas —que no pasan de ser una redistribución algo más justa de la riqueza de un país— les sacan de sus casillas.