Por eso, el PSOE, a través de Gregorio Peces Barba, su representante en la Comisión Constitucional, propuso la forma republicana para la jefatura del estado durante las sesiones de redacción de la Constitución de 1978. Pero, esa propuesta, fue derrotada en la ponencia frente a la forma de monarquía hereditaria encarnada en la figura de Juan Carlos de Borbón, y sus herederos. Eso, junto con el resto de las prescripciones constitucionales, fue refrendado por el 87,78 % de los votantes que representaban cerca del 60% de la población española que se pronunció el 6 de diciembre de ese año.

 

Después, en 1986, y en cumplimiento de esa Constitución, Felipe de Borbón fue nombrado heredero a la corona al jurar la carta magna en el Congreso de los Diputados. Al acto, acudió hasta Santiago Carrillo, poco sospechoso de ser un monárquico de pro.

 

Y, como el tiempo pasa, y Felipe de Borbón ha tenido descendencia, su primogénita, Leonor, ha llegado a la mayoría de edad por lo que, en estricto cumplimiento del mandato constitucional, tenía que volver a repetirse esa ceremonia del juramento de la heredera ante las Cortes Generales.

 

No sé cuántas ventajas tendrá la monarquía sobre la república, más allá de que fuera plenamente democrática al haberse aprobado, vuelvo a recordarlo, en referéndum. Pero, al menos, tiene una y es la garantía de continuidad que tiene la jefatura del estado si funciona la fisiología reproductora del titular de la corona. Y, ese, es el sentido de ese acto de la jura de la constitución por el heredero, o heredera, que garantiza la continuidad prevista por la Constitución.

 

Por eso, a ese acto acuden los máximos representantes de los poderes públicos, la mayor parte de los cuales han tenido que prestar juramento, o promesa, de fidelidad y defensa de la Constitución. Entre ellos, los miembros del Gobierno de España.

 

Pues bien, hoy, 31 de octubre, en ese acto, simbólico, y por ello significativo, en el que la futura jefa del estado añade su juramento a la Constitución al de todos los representantes del pueblo español, no han acudido tres ministros del Gobierno de España. Se trata de Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón.

 

Obviamente, con esa ausencia, deben querer significar que no son partidarios de la monarquía parlamentaria y que preferirían que estuviéramos en una república. Quizás haya quien pueda pensar que la propia Constitución da una pista de lo que pueden y no pueden hacer los ministros. Es cuando dice (Art.98) que "Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario". Ello les podría obligar a ejercer sus funciones representativas como ministros, colegiando su actuación con el resto de sus colegas, que si han acudido en lugar de considerar el acto como un problema de conciencia.

 

Pero, también, y no sé si eso será lo que realmente piensan, con su actitud parecen decir que son, solo, parcialmente constitucionalistas. Que no están dispuestos "a marchar, y yo el primero, por la senda constitucional" sino, solo por los tramos de esa senda que les gusten más. Y, eso, que, con una mano sobre un ejemplar de la Constitución, prometieron "guardar y hacer guardar" esa norma. Claro que, eso, lo hicieron cuando, de ello, dependía el que les dieran las llaves del Audi y, ahora, están a punto de tener que devolverlas.

 

Porque, en realidad, eso es lo que parece pasar, que, esperando que les confirmen el final de su ministerio, han querido tener un gesto valiente y decir que dimiten cinco minutos antes de que los cesen.