Aunque hay que seguir en esa dirección, la amnistía se retoma por pura necesidad de hacer viable la investidura. Si el PSOE o Sumar hubieran obtenido siete escaños más esta compleja negociación no se hubiera producido. De ahí la importancia de explicar a la ciudadanía la razón de nuestro repentino giro. La verdad es que la amnistía es el precio a pagar para lograr investir a un Gobierno que siga promoviendo políticas de progreso, actualice el Estado Autonómico y cierre el paso a la involución que proponen PP y VOX.

 

Pero no nos debería valer cualquier amnistía. De entrada, tenemos que preguntarnos de qué amnistía hablamos. Me refiero a cuestiones políticas, como sus contenidos y alcance. Y me centro en ello por entender que la ley recogerá, eso sí, la fundamentación jurídica rigurosa que le dé cobertura constitucional.

 

Mi opinión contempla solo consideraciones personales porque desconozco los términos de la negociación y la redacción que plantea Pedro Sánchez en la mesa. Pero las condiciones que señalo tienen el objetivo de aportar más credibilidad entre la ciudadana a la necesidad de una amnistía. Sobre todo cuando los socialistas la hemos negado, lo mismo que su constitucionalidad, hasta ayer.

 

Resulta razonable preguntarse, en caso de que no acertemos con la redacción de la ley, qué precio y durante cuánto tiempo pasaría factura al PSOE. O cómo afectaría una amnistía, sin las debidas garantías democráticas, a la convivencia de la sociedad en el resto de España ante tanta crispación y polarización y ante la ausencia de responsabilidad y consenso en la vida política.

 

Una amnistía relacionada con el procés independentista adquiere pleno sentido, en el escenario de la política española, si se explica bien que lo que se busca es la reconciliación y la concordia para evitar la repetición de aquellas situaciones conflictivas.

 

Ahora bien, una medida tan discutible y sometida a lecturas partidistas exige gestos y cesiones claras por todas las partes. ¿Qué cede Puigdemont? ¿A qué se comprometen a cambio los secesionistas? La amnistía no puede entenderse por la ciudadanía como el perdón de un Estado democrático a quienes han declarado hasta la saciedad que lo volverán a hacer, que volverían a promover un proceso unilateral saltándose la Constitución.

 

Llegado el supuesto de un acuerdo sobre la amnistía con Junts, ERC y otros grupos, la ley debería reflejar que todas las partes asumen un coste político. 

 

Por ello, defiendo que la Ley recoja en su Preámbulo que aquel proceso independentista fue contrario al Estado de Derecho por lo que a fin de garantizar su no repetición se impone el desistimiento y la renuncia a la utilización de la vía unilateral en favor del diálogo y el mutuo acuerdo y siempre en el marco de la Constitución.

 

Me parece un error estratégico que el PSOE no haya comunicado, públicamente y desde el inicio de las conversaciones, aquellas garantías que entiendo básicas en un sistema democrático para aprobar otra amnistía. Esto hubiera permitido, en caso de fracasar la negociación de la investidura de Pedro Sánchez por este asunto, acudir con mayor coherencia y más fuerza al Plan B que responde a una repetición electoral en enero.

 

Pero tras los silencios -nos dicen que es por discreción-, en contraste con los actos y declaraciones de los demás, en especial del PP y Puigdemont, acudiríamos forzados a unas nuevas elecciones y con pérdida de credibilidad por lo acontecido en estos meses.

 

Considero que no ha existido un Plan B tras nuestra derrota electoral el 23J.  Un Plan B significaba contar con una estrategia del PSOE pensada para preparar la hipótesis de unas nuevas elecciones. Se renunció a esa opción y nos hemos volcado en el Plan A para sacar adelante la investidura de Sánchez. Ahora toca cruzar los dedos y esperar.