Antes de empezar el pleno, hubo protestas del PP y de Vox por no haberse aprobado todavía el nuevo reglamento que habilitaría esta posibilidad, que estaba amparada para esa ocasión por un acuerdo puntual de la mesa. Al poco de empezar a hablar en gallego un diputado socialista, los diputados de Vox trataron de interrumpirle y, al no lograrlo, abandonaron el Congreso, dejando los pinganillos sobre el escaño de Pedro Sánchez, ausente por encontrarse en la Asamblea General de la ONU.

 

Previamente, el PP había anunciado su oposición al nuevo reglamento y también que ellos no hablarían en lenguas distintas del castellano por considerarlo “hacer el canelo”. Por su parte, Junts y ERC anunciaron que, salvo excepciones puntuales, ellos se expresarían siempre en catalán. PNV, Bildu y BNG anunciaron en cambio que ellos usarían indistintamente su lengua propia y el castellano. De hecho, sus intervenciones fueron una mezcla de ambas.

 

Las “razones” para oponerse argüidas por los populares eran de tipo funcional —según ellos, es ineficiente y costoso tener que usar pinganillos para entenderse cuando hay una lengua común que todos conocen—, mientras que las de Vox eran de tipo político: estimaban que ello suponía un paso más contra la unidad de España. Ambos consideraban que la decisión de usar varias lenguas era el primer “pago” para conseguir el apoyo de los separatistas a la investidura de Sánchez y que, después, vendrían la amnistía, la autodeterminación y la consiguiente destrucción de España.

 

Conviene, tal vez, introducir un poco de cordura en este debate en el que, al igual que ha sucedido en los últimos cuatro años, siempre parece que acaba rompiéndose España. Debemos de estar hechos de materiales muy resistentes porque nunca —ni siquiera durante el desafío separatista de 2017— hemos llegado a consumar las numerosas roturas anunciadas.

 

Ejemplos de parlamentos en los que se usan todas las lenguas oficiales sin restricciones los hay en gran cantidad: Bélgica, Finlandia y Canadá pueden usar sus dos lenguas, Suiza, sus cuatro, Sudáfrica sus once lenguas, y la India, ¡sus veintidós!. En el caso de Finlandia, el sueco lo habla tan solo el 5% de la población y, en el de Suiza, un tercio de la población solo habla una de las cuatro lenguas. En España, la cuarta parte de la población es bilingüe y, el resto, monolingüe. Los plenos de nuestro Senado permiten, por otra parte, el uso de las cuatro lenguas desde 2011.

 

Es obvio que, desde un punto de vista funcional, es más eficiente comunicarse en una lengua común que en cuatro y mediante traductores simultáneos. Pero la lengua no solo tiene un valor funcional sino también simbólico. Que los ciudadanos de Cataluña, Euskadi y Galicia vean utilizar sus lenguas —maternas para muchos de ellos— en el parlamento nacional hará que se sientan más cerca de este. Y que, los que son monolingües, vean en acción la realidad plural de nuestro país, les hará entender mejor el país en el que viven y a los habitantes de esas comunidades. Lejos de desunir, el uso de todas las lenguas oficiales será pues un factor a favor de la unidad de los españoles.

 

Muchas personas, por desconocimiento o por no haber vivido esa experiencia de cerca, reprochan a los bilingües que se expresen en otra lengua cuando tienen una que es común a todos. Según ese razonamiento, todos los habitantes del planeta deberían olvidar sus lenguas y hablar en una sola común, por ejemplo el inglés, ya que la mayoría lo conoce.

 

He tenido la suerte de vivir una estancia de años en Cataluña y muchas estancias de una semana en el País Vasco. La agilidad con que mis interlocutores pasaban de una lengua a otra, según me miraran a mi —castellanoparlante— o a un colega de su misma lengua materna, siempre me ha parecido admirable y de una gran riqueza. Tener un país con cuatro lenguas, con millones de hablantes y una literatura propia cada una, es un privilegio y un patrimonio a proteger, según reconoce nuestra propia Constitución. Realmente, es un patrimonio de todos y, si los españoles no fuéramos los tan cainitas, sería muy recomendable que todos estudiáramos en la escuela algunas nociones básicas —cómo decir los buenos días, preguntar la hora o contar hasta diez— de las tres lenguas cooficiales.

 

El nacionalismo español, por oportunismo electoral o por convicción, desprecia todo ello y nos querría a todos hablando castellano, partidarios de la Monarquía, profesando el catolicismo y poniéndonos firmes ante la bandera de España. Cualquier otra opción es, según ellos, antiespañola. Pero, al igual que la derecha nacionalista española se ha apropiado de la bandera de todos, los nacionalistas periféricos también se han apropiado de su lengua cooficial y hacen política con ella. Perciben la implantación de sus lenguas en el Congreso como un paso más hacia su reconocimiento como nación y, en un futuro, como estado independiente. Desprecian el hecho de que la mitad o más de los ciudadanos de sus comunidades hablan esa misma lengua y no comulgan con su nacionalismo. 

 

En mi opinión, tan rechazable es que los secesionistas hayan anunciado que solo intervendrán en catalán, como que el PP y Vox digan que lo harán solo en castellano. Eso provocará una reacción en contra del catalán en muchos españoles, al igual que la apropiación de la la bandera por parte de la derecha provoca un rechazo a la misma en buena parte de la izquierda. Por eso, visibilizar las lenguas cooficiales en el Congreso y usarlas por parte de todos los grupos es un modo de quitarles a los separatistas la exclusividad de su uso y de impedir que el resto de España las asocie al separatismo.

 

Para terminar, dos objeciones a los que han votado a favor del uso de las cuatro lenguas:

 

Deberían haber guardado mejor las formas: no era necesaria tanta prisa para utilizarlas y podían haber esperado a tener aprobado el nuevo reglamento. Hacerlo con más pulcritud democrática hubiera dejado un menor margen de crítica a los opositores.

 

Si tan beneficioso es el paso dado, ¿por qué no se ha dado antes? Haberse negado con anterioridad y hacerlo ahora como parte de una transacción con los nacionalistas, deja en muy mal lugar la credibilidad de los que lo han dado forzados. 

 

Lo cual no impide que el resultado final siga siendo beneficioso.