Es un alivio escuchar al portavoz parlamentario socialista Patxi López decir que “Las reglas de juego las marca la Constitución” con relación a cualquier acuerdo para facilitar la investidura. En todo caso es una cierta obviedad. Recuerden aquello de Fernando VII, aquel que pasó de ser «el Deseado» a ser «el rey Felón»: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional; y mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras naciones ha sido acompañada de lágrimas y desgracias ” 1. Es lo que tocaba, aunque luego cambiara de opinión.
Las palabras deben tener sentido y sobre todo valor. Si se llama Constitución y no de otra manera es porque “constituye”, conforma, fundamenta como lo queramos decir. Por esa razón las Constituciones se elaboran, aprueban y ratifican con un procedimiento muy excepcional. La Constitución es tanto un marco jurídico como político en el que se desmuele la convivencia. Por esa misma razón cuando sus señorías al prometer o jurar la Constitución y lo adornan con diferentes eslóganes, es pura publicidad provocativa. En definitiva, cuando se acepta acatar la Constitución también se hace al Título X ( arts 166 y siguientes) que está dedicado a regular su reforma. Modificación que puede contemplar cambiar la monarquía por una república o la segregación de parte del territorio nacional. Jurídicamente esas otras formas de acatamiento pueden ser contempladas como una reserva mental a toda ella, incluso a refórmala según el procedimiento de garantías democráticas previsto.
Dado por supuesto que las palabras tienen valor y las escritas más y además ratificadas por los españoles, más valor aún. La ratifican aquellos que tienen capacidad legal y legitimidad para ello, para decir la última palabra.
La Constitución Española en su preámbulo, por cierto, redactado por Enrique Tierno Galván, dice que la Nación Española… en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes... Indica lo que indica, que la convivencia democrática se encuentra, si y sólo si, dentro de la Constitución y la Ley. La política, democrática por supuesto, es un importante instrumento para velar por la convivencia. La convivencia, por tanto, sólo se puede alcanzar dentro de la Constitución, lo contrario sería la imposición de unos sobre otros y eso, como mucho, es coexistencia.
La investidura de un presidente, el que sea, y la formación de un gobierno, de cualquier color político, es un escalón más, muy importante sin duda, del complejo edificio constitucional que sustenta la convivencia democrática de todos los españoles, pero no puede olvidar ninguna de las demás estancias de la casa común que todos habitamos. En este orden de cosas, lo que “cabe” o no dentro de la Constitución solo puede ser determinarlo por el Tribunal Constitucional, única institución facultada para interpretar la Constitución. No vale cualquiera que pase por allí. El Alto Tribunal también tiene unos límites, por supuesto, los que fija la propia Constitución, las leyes y su jurisprudencia, de la cual para apartarse deberá ser de forma razonada y fundamentada.
Esto significa que en este debate profuso y cada vez más confuso sobre las exigencias de unos diputados, sin duda democráticamente elegidos, no tienen más significado que ese. Exigencias. Estos diputados pueden propiciar o bloquear con su voto una elección eso es, por tanto, políticamente relevante, jurídicamente no, constitucionalmente nunca puede serlo. El problema político es para los que ponen sus condiciones en lo imposible y, también, para aquellos que no tengan políticamente la convicción constitucional para saber dónde están los limites para la aceptación de unas propuestas que, sin perjuicio de su constitucionalidad, tensionan lo que nos constituye como sociedad.
Las opiniones de políticos, juristas, periodistas, analistas y demás, son palabras, pero muy lejanas de tener valor a los efectos oportunos. Por ello, si yo digo que la amnistía no cabe en la Constitución y el referéndum tampoco, es una opinión más. La mía y la de los demás solo se quedan ahí. El Tribunal Constitucional será el que tenga que afrontar el problema y pensando exclusivamente, no en quien le propuso o eligió, en la Constitución y las leyes baluartes de la convivencia democrática.
Cuestión distinta es su admisibilidad y conveniencia política. Políticamente: ¿Se puede permitir al prófugo Puigdemont condicionar el voto de los suyos a unas exigencias que pueden romper las reglas del juego constitucional? Sin duda puede hacerlo, pero es inaceptable. Representan, hoy por hoy, a una insignificante minoría, que merece respeto y nada más. Puigdemont, hizo un claro uso ilegitimo de sus funciones, rompiendo la convivencia en Cataluña y tensionando políticamente a toda España. Las sentencias de los tribunales que lo condenaron son por el contrario legales y legítimas, por tanto, plenamente válidas frente a todos. Aunque en derecho se pudiera hacer, no hay razón política alguna, para hacer excepciones y menos claudicar por el voto de una minoría minoritaria. Además, ojo, si esto se produjera cargaría de ilegitimidad democrática el uso de ese voto y ya sabemos que esta cantinela ha sido constante cuando sí era radicalmente falsa.
Amnistiar, no es lo mismo que indultar a un condenado. Es olvidar (amnistía viene de amnesia) dejar en el limbo la ilegalidad producida. Políticamente eso no se puede hacer en democracia, no hay argumentos para sostenerlo. Ni en nombre de una presumible convivencia, ni por un voto, ni aunque firmaran ante notario que no lo volverán a hacer, pues de momento no es creíble. Estaríamos entrando, en caso de aceptarlo, en barrena hacia la quiebra de la institucionalidad. Habría que recordar que la tan añorada II República Española condujo a lo que condujo por la quiebra de la institucionalidad, circunstancia que fue aprovechada por aquellos que se pasaban las instituciones, y su valor, por el forro para constituir el mundo que a ellos les iba bien. Por cierto, el tema catalán también mucho tuvo que ver con todo aquello y la izquierda de hoy debería saber que solo desde la institucionalidad tiene capacidad de cambiar las cosas. Por ello al perderla, también pierde su mayor atractivo, valor y razón de ser.
Además, en una lógica ciudadana, es imposible entender que los políticos amnistíen a un personaje que ha demostrado todo menos dignidad, dignificarle a él es indignar a la mayoría de los españoles, catalanes incluidos. Tampoco lo es hacer que la polarización política, ya de por sí existente, aumente aún más y con ello que la gobernabilidad española siga dando vueltas en un carrusel de feria que no nos lleva a ningún sitio.
Es por ello que la salida más democrática, lógica y productiva es la convocatoria, sin miedo, a unas nuevas elecciones. Es mejor ahora que dentro de unos meses.
Por supuesto esto es solo una modestísima opinión.
1.-Manifiesto de Fernando VII a los españoles (Madrid, 10 de marzo de 1820)