Mientras el presidente admira los impresionantes atardeceres sobre la plaza Jemaa El Fna el Ministerio de Hacienda y la Vicepresidencia segunda del Gobierno envían globos sonda con vistas a un posible acuerdo con las fuerzas independentistas para allanar la investidura de Pedro Sanchez. No parece que estas ofertas (al menos las que conocemos por la prensa) sean capaces de ganar la voluntad de Junts per Catalunya y ERC. La ministra Maria Jesús Montero propone una quita o condonación de la deuda de Cataluña y otras Comunidades con el Fondo de Liquidación Autonómica. Es cierto que esta medida ha sido bien recibida por sectores empresariales cercanos al soberanismo incluso por un antiguo Consejero de Economía del Gobierno de Artur Mas (ver el artículo de Andreu Mas Colell en la edición del 3 de este mes de agosto del periódico La Vanguardia), sin embargo, dejando de lado el hecho de que dicha morosidad autonómica sea en parte debida a los incumplimientos gubernamentales en revisar el sistema de financiación autonómica, parece que este tipo de propuestas, salvo que vinieran sazonadas con otras de mayor calado, son más propias de los pactos de las diferentes presidencias del Gobierno con Jordi Pujol, que de una negociación con unos interlocutores que piden autodeterminación y amnistía.
Por lo que concierne a la propuesta de Yolanda Diaz, se nos antoja bastante naif. La Vicepresidenta propone que en el Congreso de los Diputados puedan ser habladas las diferentes lenguas autonómicas cooficiales en los correspondientes territorios, por tanto, el catalán o el gallego que habla la Vicepresidenta. El catalán (y supongo que también el gallego) se enfrenta a importes problemas que ponen en peligro cierto su continuidad futura; problemas entre otros como la llegada (afortunadamente) de una emigración latinoamericana en el sector servicios que suple la magra natalidad interna, pero que no considera necesario, puesto que están en España, cambiar el castellano por el catalán; también el incremento exponencial de las relaciones personales por medio de las redes sociales o de la comunicación audiovisual vía internet, mediante las plataformas de contenidos, que supone una exclusión de las lenguas minoritarias; en todo caso estos problemas no parece que los vaya a resolver que 350 señorías, que hablan todas ellas con razonable solvencia la lengua común, utilicen lenguas diversas en el Congreso.
Junts i ERC continúan exigiendo el referéndum de autodeterminación y la amnistía, respondiendo la ministra Isabel Rodríguez la obviedad de que el Gobierno no negociará fuera de la Constitución. En esa situación de bloqueo llega la propuesta de Iván Redondo; Redondo, tras dejar Moncloa, inició una colaboración semanal con el periódico La Vanguardia, artículos publicados los lunes altamente recomendables; pues bien, en la edición de dicho periódico de 31 de julio, Redondo formulaba su propuesta: amnistía y artículo 92. Empecemos con el artículo 92, precepto que en la Constitución prevé la posibilidad que el Presidente del Gobierno, con la autorización del Congreso, someta una decisión importante a un referéndum consultivo; Redondo hace suya la propuesta de Sumar de que el electorado catalán vote en un referéndum consultivo el acuerdo político que las instituciones central y catalana alcancen sobre el estatus político de Cataluña, lógicamente dentro de los márgenes que ofrece la Constitución.
En lo que a la amnistía se refiere las voces que se han alzado alegando la inconstitucionalidad de la medida no nos parecen concluyentes; dichas voces argumentan que, negando el artículo 62 i) de la Constitución los indultos generales, con mayor medida estarán proscritas las amnistías sin reparar que el artículo 102 de la Constitución republicana, al que tanto debe doctrinalmente la vigente Constitución española, prohibía los indultos generales posibilitando, sin embargo, que el Parlamento acordara una amnistía. Porque el problema de dicha medida no es de constitucionalidad, sino de la profunda implicación política que supone. Acordar una amnistía supone reconocer que hay un conflicto político que requiere una previa pacificación enervando las responsabilidades penales que pudiera derivar del mismo.
La propuesta Redondo supone que las partes deban salir de su zona de confort. Para las fuerzas independistas supone aceptar que el futuro de Cataluña no pasará por la secesión sino por una solución pactada y refrendada por el electorado dentro de la Constitución. Para Sánchez supone admitir la tesis de la existencia de un conflicto político en Cataluña poco compatible con la idea de una Cataluña ya pacificada, conflicto en el que el presidente nunca acabó de creer, aceptó crear la mesa de diálogo por necesidades del voto republicano, pero dicha mesa nunca adoptó acuerdo ninguno.
El 23 de febrero de 1979 un novel inspector de hacienda destinado en La Rioja publicaba en el diario Nueva Rioja un artículo particularmente crítico con el nuevo texto constitucional. Veintiún años más tarde este inspector de hacienda conseguiría que su partido, el Partido Popular, obtuviera por primera vez la mayoría absoluta en unas elecciones generales, con el nuevo milenio empezaba una relectura restrictiva y centralista de la Constitución.
Seguir la propuesta de Redondo es rehacer el pacto territorial que ha de estar en el origen de la Constitución, ello será difícil si cientos de causas penales dificultan dicho empeño, quizás los caprichos de los resultados electorales no están dando una oportunidad que deberíamos aprovechar.