Mientras tanto dejarme imaginar algunos de los aspectos que no deberían faltar, a mi juicio, en este tan necesario debate:

 

1. Resulta que la valoración de los ciudadanos españoles de la sanidad pública en el último baremo sanitario – un 6.4 sobre 10 -, ha sido la más baja desde el año 2007 para acá. Lo que significa que desde la crisis económica hasta la actualidad su valoración entre la población española ha ido empeorando, sin aparecer una mejora significativa en la valoración de los últimos 5 años – de 2018 a 2023.

 

2. Parece haber acuerdo en que la dificultad en el acceso y el progresivo empeoramiento en la atención de conjunto de la red sanitaria pública es el principal impulsor, más allá de posicionamientos ideológicos, del aseguramiento sanitario privado entre aquellos sectores de población con capacidad económica para permitírselo.

 

3. Un dato: En el año 2021 el grado de aseguramiento sanitario privado de la población había subido un 32% respecto de los índices de la década anterior.

 

4. Pero hay más. El crecimiento continuado del aseguramiento privado entre la población no es asunto banal y puede acabar poniendo en riesgo un aspecto clave y esencial en la función de cohesión y solidaridad general de nuestro modelo de Sistema Nacional de Salud: su financiación por impuestos.

 

5. Más claramente: si las clases medias españolas – donde se incluyen una parte principal de los trabajadores por cuenta ajena – van abandonando, al menos parcialmente, el uso de la sanidad pública, estamos ante un proceso creciente de deslegitimación del Sistema Nacional de Salud que se acabará expresando a través de una pregunta cada vez más generalizada: ¿Para qué voy a pagar yo más impuestos para su financiación suficiente?

 

No es difícil predecir entonces el camino de nuestro sistema público de salud: un modelo sanitario público cada vez peor financiado y centrado en las personas sin capacidad financiera para proveerse de una prestación sanitaria supletoria. O sea: una pobre sanidad creciente para atender a los pobres. (A algunas personas de mi edad es posible que les venga el recuerdo de aquella Beneficiencia General del Estado de la dictadura...).

 

6. Enfrentar el proceso de deslegitimación social y la pérdida de universalidad real del Sistema Nacional de Salud promovido y desarrollado a partir de los años 80 del siglo pasado (Ley General de Sanidad de 1986) es, por tanto, cuestión de Estado y difícilmente se va a resolver a base de prometer “más recursos y más prestaciones” en tiempo electoral. Cuarenta años después, el SNS necesita una importante reestructuración y adecuación a las necesidades actuales de la población española. Y un cambio de esta importancia exige una implicación real y continuada de los principales partidos  políticos, un gran esfuerzo de diálogo entre ellos y con el sector sanitario en su conjunto y mucho acierto en los cambios de forma que se inicie así un camino de recuperación de la confianza del conjunto de la sociedad española en su sanidad pública y en sus gestores.