El pasado 4 de julio el Partido Popular (PP) presentó su programa electoral para estas elecciones generales del 23 de julio. Con un total de 365 medidas, con el objetivo único de "acabar con el sanchismo" y desmontar las políticas desarrolladas por el Gobierno progresista, que califican de "erróneas". Los datos desmienten estas afirmaciones, pues la afiliación de junio a la Seguridad Social ha batido un nuevo récord histórico, 20,8 millones personas, en junio de 2018 fue de 19 millones de ocupados. En el primer trimestre el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) ha sido un 0,6%, con una subida interanual en ese período del 4,2%, permitiendo recuperar el nivel del PIB anterior a la pandemia.
La recuperación del mercado de trabajo es un hecho evidente, en julio de 2018, a había un total de 3.162.162 de personas desempleadas y cinco años después, esa cifra se ha rebajado hasta los 2.688.842. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, en 2021, la tasa de paro se ha reducido del 14,8% al 12,9% en 2022, el nivel más bajo desde 2008. La tasa de temporalidad ha disminuido en 13,7 puntos porcentuales en este periodo. Además, durante la pandemia la activación del mecanismo de los ERTE permitió a 3,5 millones de trabajadores mantener su puesto de trabajo y recibir ingresos. Esta experiencia y la propia reforma laboral han dotado de flexibilidad interna y estabilidad en el empleo a nuestro sistema laboral.
Ante estas evidencias, y las advertencias de Bruselas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, declaró que respetaría la reforma laboral de 2021, que el Gobierno de coalición, presidido por Pedro Sánchez, acordó con el consenso de los sindicatos y las patronales. Pero hasta ahora no se ha adoptado ningún compromiso sobre la retirada del recurso de amparo parlamentario que el PP presentó ante el Tribunal Constitucional contra la aprobación de la reforma laboral. Por el contrario, en el objetivo 26 del programa electoral del PP se recupera la idea de la 'mochila austriaca', aunque han pretendido esconderla tras un juego de palabras, un sistema que busca desregular la protección del empleo y en el que es el trabajador y no la empresa quien paga su propio despido.
Esto es lo que se propone en el programa del PP: "Dotaremos de nuevas herramientas de flexibilidad a los trabajadores. Introduciremos cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral para ganar en equidad, eficiencia y productividad. Estas cuentas acompañarán al trabajador durante su vida laboral, y se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan. Este mecanismo mejorará la protección de los trabajadores y eliminará barreras a los cambios de empleo voluntarios de los trabajadores con mayor antigüedad".
La formulación de la propuesta del PP coincide con el modelo vigente en Austria, conocido como “mochila austríaca”, que consiste en un sistema de aseguramiento empresarial de las indemnizaciones por despido de los trabajadores, con el que las empresas aportan obligatoriamente cada mes una cierta cantidad a cuentas de ahorro individuales de cada uno de sus trabajadores, que estos pueden rescatar cuando se produce su cese. La denominación de mochila responde a que la cuenta de cada trabajador no se pierde si el trabajador se cambia de empresa de manera voluntaria, pudiendo decidir entre percibir su indemnización o acumularla durante toda su vida laboral, aumentando la cuantía de su pensión cuando se jubile.
El modelo austriaco se planteaba tres objetivos: fomentar la movilidad laboral, suprimir el coste empresarial de los despidos e impulsar un sistema de capitalización de las pensiones. Entre los resultados se pueden resaltar los siguientes aspectos: se han reducido las indemnizaciones por despido para los trabajadores con contrato indefinido y con mayor antigüedad, han aumentado las indemnizaciones los contratados temporalmente, pues a diferencia de en nuestro país en Austria no las tenían. Los resultados indican que, no ha aumentado la movilidad, la mayoría de las personas trabajadoras rescatan el fondo cuando son despedidos y no han mejorado sus pensiones.
No es la primera vez que esta cuestión se plantea en España, el Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, en su reforma del mercado de trabajo, de septiembre de 2010, preveía la creación de un Fondo de Capitalización para los Trabajadores en 2012. Para ello se creó un grupo de expertos para elaborar un informe con la participación de académicos, representantes de las patronales, de los sindicatos y del Gobierno. El Informe del Grupo de expertos sobre el Fondo de Capitalización para los Trabajadores del Ministerio de Trabajo e Inmigración fue publicado en 2011, los integrantes del grupo consensuaron sus conclusiones, en las que se constataba la imposibilidad, de poner en funcionamiento la medida por su alto coste tanto empresarial como el elevado volumen de recursos públicos que requería.
A la anterior conclusión, determinante por su inviabilidad económica, se le añade otra de fundamental, pues en nuestro ordenamiento constitucional todo trabajador tiene derecho a la tutela efectiva de la justicia en caso de despido. En el sistema austriaco el importe de indemnización es la cuantía existente en el fondo en cada momento, la contribución de cada empresa es del 1,53% del salario bruto mensual del trabajador. En cambio, la regulación del despido en nuestro país es causal, y en función de la existencia o no de las causas los jueces y tribunales señalan una u otra cuantía en las correspondientes indemnizaciones por despido.
El PP incorpora la propuesta en su programa, pese al anterior consenso sobre la inviabilidad económica y las incompatibilidades sobre la regulación del despido de la “mochila austriaca” con la legislación de nuestro país. Tampoco se explican sus consecuencias, ya que se pondría en riesgo la sostenibilidad de las pensiones, al reducir sus ingresos por destinar una parte las cotizaciones empresariales para financiar los despidos de los trabajadores. A su vez en un modelo de cuentas individuales el coste del despido para el empresario es cero lo que podría fomentar los despidos. Pues se suprimirían o recortarían las actuales indemnizaciones por despido, como ya hizo el Gobierno popular de Mariano Rajoy con la reforma laboral impuesta en 2012, lo que aumento la destrucción de empleo.
Las confederaciones sindicales de UGT y de CCOO ante el anuncio de esta medida exigieron al PP “la retirada de la propuesta de introducir un nuevo sistema que elimina las indemnizaciones por despido, haciéndolo libre y gratuito, basado en cuentas individuales de las personas trabajadoras –el denominado sistema de la 'mochila austriaca'– que supone un ataque frontal a los principios y objetivos fundamentales de la reforma laboral”. Así es, detrás de una presentación tramposa se pretende abaratar y facilitar el despido de los trabajadores. La propuesta atenta directamente contra la reforma laboral, pues se orienta en la dirección contraria a nuestro modelo de relaciones laborales basado en la estabilidad y la flexibilidad interna frente a la temporalidad ilícita y los despidos, y pondría en grave riesgo el sistema de público de pensiones.