Al presidente de la patronal no le gusta que le observen, tanto el salario: recordemos que le molestó mucho que trascendiese que él gana más de 400.000 euros al año, de salario directo de la CEOE, sin necesidad de asumir riesgo empresarial alguno. Sin embargo, no tiene ningún pudor a la hora de negar la subida del SMI, la revalorización de las pensiones con el IPC o en negar los incrementos salariales para que no pierdan poder adquisitivo.

 

Ahora se queja porque no quiere que el Estado se dote un observatorio para hacer seguimiento de los márgenes empresariales. Es decir, que le molesta que todos sepamos cuánto gana él por un trabajo puramente burocrático y también le molesta que se haga pública la evolución de los astronómicos beneficios que obtienen las empresas españolas, en tanto el pueblo se empobrece.

 

Si algo hay que reprochar al Gobierno de Coalición (no sólo al PSOE, también a Podemos y a IU), es que hayan esperado tanto tiempo para poner en marcha un observatorio de la evolución de los beneficios empresariales. También cabría reprocharles, al Gobierno de Coalición, que se conformen con observar como desde 2008 se ha venido transvasando rentas del trabajo a rentas del capital -sabiendo que el actual Gobierno no tienen responsabilidad antes del 7 de enero de 2020.

 

Según los datos del informe de OXFAN Intermon, de enero del presente año, en España, “En 2008, el 1 % (de la población) con mayor riqueza concentraba el 15,3 % de la riqueza neta total, pero en 2021 ya representaba un 23,1%, aproximadamente 1 de cada 4 euros. La evolución de la desigualdad en España es un fenómeno preocupante: mientras los salarios pierden peso y capacidad de poder adquisitivo, las grandes empresas aumentan beneficios y la riqueza en España sigue concentrándose en manos de unos pocos”… “…la inflación ha reducido el poder de compra de los hogares en peor situación un 26 % más que el de aquellos con mayores ingresos. Al mismo tiempo, los salarios en términos reales, caen a niveles similares a los vividos durante los peores años de la gran crisis iniciada en 2008, y son ya un 4 % inferiores a los de entonces”.

 

 

En la gráfica anterior, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), puede verse la evolución del excedente bruto de explotación, partida de la Contabilidad Nacional, donde los beneficios empresariales ocupan el mayor peso. Se muestran los años en los que, mientras que la mayoría de la sociedad cargaba con las consecuencias de la crisis; pérdida de empleo: en el 1er trimestre de 2013 se alcanzó la cifra máxima de Paro en nuestro país, el 26,94% (6.202.700 hombre y mujeres en desempleo), tras la nefasta reforma laboral de 2012, para los trabajadores y trabadoras; entre 2013 y 2016 el número de desahucios no bajo de los 18.000 anuales; mientras las empresas continuaban ganando beneficios, aunque no fuese en la cantidad apetecida.

 

A excepción de 2020, año brutal de pandemia, según datos del Banco de España, desde 2018, el empresariado español, no ha parado de batir récords de beneficios: en 2018 obtuvieron 509.687 millones de euros, en 2019 los beneficios crecieron un 4,7%, en 2020 cayeron el 12,6%, en 2021 crecieron el 13% y en 2022 (último año con las cuentas cerradas) crecieron un 21%.

 

Desde la lógica empresarial es comprensible que no quieran que se le dé publicidad a esta información, que por otra parte es pública año a año en las páginas web de las instituciones económicas y estadísticas, así como en la prensa económica. Supongo que les avergüenza y les molesta que se puedan comparar sus beneficios con la pérdida de poder de compra de las pensiones y los salarios.

 

Volviendo al enfado del señor Garamendi, en su escasez de argumentos para justificar su rechazo al “Observatorio de Márgenes Empresariales”, dice que el Gobierno debería dedicarse a sus obligaciones, como “vigilar la Deuda Pública que pagamos todos”. En esto debo darle la razón al líder de la CEOE, pues el Gobierno debería haberse dedicado, hace ya tiempo, a garantizar que los bancos devuelvan el dinero que se les prestó y que ahora forma parte de la deuda pública española, compuesta entre otras muchas cosas por los 100.000 millones de euros que los bancos han recibido en estos años atrás, miles de millones de euros que se les prestó por parte del Gobierno y que debemos pagar todos y todas los que contribuimos a la Hacienda pública, no así los y las defraudadoras fiscales: 65.000 millones en dinero para el saneamiento de las entidades + 35.000 de la Sareb que la UE obligó a meter en la deuda pública).

 

Del mismo modo, la gran parte de los Fondos Europeos para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, 70.000 millones que van a la deuda pública que pagamos todos y todas, pero que los están recibiendo esas empresas que no quieren ser controladas. Pienso yo que, las que en ejercicios económicos venideros obtengan beneficios por encima del IPC deberían reintegrar ese dinero, para que no lo paguemos todos y todas.

 

Todas estas cosas no son difíciles de ser observadas, pero en la filosofía del “más vale tarde que nunca”, está bien que el Gobierno, el Banco de España y la Agencia Tributaria, constituyan un Observatorio, aunque al señor Garamendi no le guste y les saque los colores a los empresarios.