Su naturaleza jurídica viene determinada por el art. 23.1 de La Constitución Española de 1978:

 

“Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”

 

La primera consideración a tener en cuenta, a tenor de este artículo, es que se trata de un derecho, que implica una finalidad muy concreta: participar en los asuntos públicos. Se configura así la estructura política del Estado como una democracia, tanto directa como representativa, con la intervención directa de los ciudadanos. De ahí la importancia intrínseca del VOTO, cuya influencia en el desarrollo de la acción política es determinante.

 

Se activa este derecho con la mayoría de edad que determina el art. 12 de La Constitución al especificar “Los españoles son mayores de edad a los 18 años”. A partir de esta edad, es la voluntad libre del ciudadano la que da sentido al VOTO, convirtiéndose así en la máxima expresión de libertad individual.

 

El VOTO va siempre dirigido a la elección de una opción determinada de entre las que se proponen en una convocatoria electoral.  Si ninguna de las opciones presentadas convencen para ser elegida, surge el VOTO EN BLANCO, que significa cumplir con el compromiso de votar, pero sin definir ninguna opción.

 

No hay que confundir con la ABSTENCIÓN, que es el rechazo, no solo al acto de votar, sino el rechazo al sistema político derivado de La Constitución. 

 

La paradoja de la ABSTENCIÓN es que mientras se rechaza el sistema político en el que está inmerso, no se renuncia a los beneficios que comporta. Esta actitud denota una evidente carencia de responsabilidad social.

 

Por ello, el hecho de votar significa, consecuentemente, voluntad de estar dentro del sistema político de La Constitución Española de 1978,  voluntad de participar en los asuntos públicos y voluntad de ejercitar la libre elección de opción política