Especialmente en esta campaña de las elecciones autonómicas y municipales, me parece que el Partido Popular y Vox han cruzado bastantes más límites de los que un ciudadano medianamente informado es capaz de soportar. Me siento menospreciado y ninguneado por este tipo de políticos que apelan todo el tiempo a mis vísceras antes que a mi parte racional.

 

Lo racionalmente esperable en una campaña como la que nos ocupa sería que los partidos nos hablasen de sus propuestas políticas para estos ámbitos territoriales, es decir, de los servicios públicos de sanidad, educación y dependencia, de la vivienda, de los transportes urbanos, del agua, de la contaminación y del resto de problemas en los que ayuntamientos y comunidades autónomas tienen competencias.

 

En lugar de ello, los temas elegidos por estos partidos —“derogar el sanchismo”, “Sánchez o España”, el terrorismo de ETA, etc.— aluden tan solo a la política nacional, cuyas elecciones serán siete meses más tarde. Esto ya indica el marco en el que quieren situar al votante: pretenden que este deje de lado los problemas de su pueblo o de su región e instale en su ánimo tan solo el deseo de hacer daño al presidente actual, a su partido y a su gobierno. Es decir, no dicen al votante lo que debe valorar al votar sino lo que debe sentir, en este caso, odio o aversión a una persona y a un gobierno. También indica que se fían poco de su gestión pasada y futura al frente de esas instituciones y que prefieren vender sentimientos antes que gestión. Como dije antes, me ofende profundamente que un partido me dicte qué sentimientos debo albergar al acercarme a las urnas.

 

Con el exclusivo fin de alimentar dichos sentimientos, están explotando el error cometido por EH Bildu —rectificado parcialmente hace pocos días— de incluir en sus listas electorales a personas condenadas en el pasado por terrorismo. Este no es solo un tremendo error, sino también una muestra de gran insensibilidad hacia las víctimas y una cesión al sector duro de esa coalición, que acariciaba blanquear de ese modo su pasado. La condena que han recibido desde todo el espectro político les ha hecho rectificar y han renunciado a ser investidos los candidatos que cometieron delitos de sangre. Aunque han cumplido sus condenas de cárcel e inhabilitación —la legalidad de sus candidaturas no está en duda— no es moralmente aceptable que estas personas se erijan en representantes políticos de nadie. En política, no todo lo legal es legítimo.

 

Sin embargo, la campaña del PP y Vox no es contra Bildu sino contra el Gobierno, por haber pactado con este partido algunas de las leyes que han aprobado en esta legislatura. Vamos a profundizar en esta cuestión para poder apreciar el grado de cinismo al que me refiero en el título.

 

Para empezar, no es la primera vez desde la desaparición de ETA que Bildu presenta a condenados por terrorismo en sus listas. En 2015 fueron nueve y, uno de ellos, por delitos de sangre. También hubo trece condenados en 2019. Por lo tanto, si el tema se saca cínicamente ahora es porque hay dos elecciones en ciernes, en la segunda de las cuales la derecha se juega otros cuatro años de oposición.

 

Para continuar, la relación entre el PP y Bildu en el País Vasco —donde ambos son oposición al PNV— está más normalizada de lo que estas diatribas contrarias a pactar con ellos pueden dar a entender. Tan recientemente como el 10 de mayo de este año, Muriel Larrea, miembro del parlamento vasco y presidenta del PP de Gipuzcoa, expresaba su satisfacción por una modificación legislativa para facilitar el autoconsumo energético propuesta por EH Bildu y que el PP votó a favor. También hubo un intento de pacto entre el PP y Bildu en 2015 para recabar el apoyo de este último a Javier Maroto como alcalde de Vitoria. En 2013, el hoy portavoz del PP, Borja Semper, declaraba que “ETA se ha acabado … el futuro se tiene que construir también con Bildu” y, entre 2016 y 2019, el PP y Bildu votaron juntos en 127 ocasiones en el parlamento vasco.

 

Mi posición es que no es óbice denunciar cualquier intento de blanquear el terrorismo por parte de Bildu, o exigirles cada día que admitan el error que supuso apoyarlo en el pasado, para pactar con ellos medidas de interés general. Otra cosa distinta sería hacerles socios de gobierno. Lo criticable, por tanto, no es que el PP pacte con ellos puntualmente, o que lo haga el PSOE y UP, sino censurarlo cínicamente cuando lo hacen los de enfrente.

 

En el País Vasco, esa formación es la segunda fuerza política, que recabó en 2020 el 28% de los votos, por delante del PSE, que obtuvo el 13,7%. En las generales de 2019, consiguieron incluso más votos que en 2020. No tendría sentido establecer un cordón sanitario a esa formación, o ilegalizarla como propone Vox y una parte del PP. Se trata de un partido que cumple todos los estándares democráticos, tal como acaba de ratificar la Fiscalía del Estado. Ilegalizarlo sería equivalente a declarar ilegales a sus miles de votantes.

 

El asunto crucial es, sin embargo, qué se pacta con partidos como Bildu, ERC o Vox. Si el PP pactase con Vox políticas de recortes de derechos —como por cierto hizo en Castilla y León con el tema del aborto—, eso sí sería reprobable porque estaría siendo Vox quien arrastrase al PP a su terreno antidemocrático. Igual de reprobable sería que el PSOE pactara, por ejemplo, excarcelaciones de terroristas con Bildu. Pero, si ambos recaban los votos de Bildu o de Vox para sus propias políticas constitucionales, sucede lo contrario, que se están usando esos votos para aprobar políticas democráticas útiles a los ciudadanos. Eso es justamente lo que ha hecho el Gobierno, recabar los votos de Bildu para subir el salario mínimo y actualizar las pensiones con el IPC.

 

A los partidos que defienden cuestiones anticonstitucionales —como es el caso de Vox, EH Bildu y ERC— no se les pueden dar cotas de poder en las instituciones democráticas pero, en mi opinión, es admisible pactar con ellos leyes útiles, porque también son representantes legítimos de los ciudadanos.

 

La derrota de ETA sucedió hace ya 12 años y fue el producto de la firmeza del estado democrático, y de la unidad de los partidos constitucionales. Nunca se debió agitar el fantasma de ETA ni utilizar el dolor de sus atentados para la lucha partidista pero, por desgracia, lo hicieron tanto Aznar contra Felipe González como Rajoy contra Zapatero. La historia se repite ahora con Feijóo y Sánchez. Es muy lamentable y cínico que el PP y Vox utilicen los sentimientos de dolor en sus deplorables estrategias electorales, pero es lo que tenemos.