Las previsiones económicas de invierno de la Comisión Europea parecen haber ido en el buen sentido cuando hace tan solo unos meses anticipaban que la economía europea sería capaz de esquivar la recesión. El crecimiento moderado de la producción, la resistencia del mercado de trabajo, el menor precio de la energía y la relativa contención de algunos precios, han evitado los peores vaticinios.
En las nuevas previsiones de primavera, el Comisario de Economía europeo, Paolo Gentiloni, tiró de optimismo y “mejoró” las previsiones de crecimiento para la economía europea y la zona Euro al incrementar ambas cifras, respectivamente, en un exiguo 0,2 y 0,1 puntos porcentuales en relación a la previsión del pasado mes de febrero. Algo más significativa es la revisión que hace para la economía española, al establecer en el 1,9% la previsión de crecimiento, 5 décimas más que en invierno.
Se mantiene así la previsión de que España estará a la cabeza de las economías de la zona Euro que más crecerán en 2023. El sostén de esas buenas expectativas y las que también se esperan para el año próximo recae, principalmente, en el buen comportamiento que está teniendo el mercado de trabajo español y el apoyo que está suponiendo la inversión de los fondos de recuperación de la UE.
No obstante, resulta conveniente poner atención en otras variables cuya evolución a corto plazo pueden resultar tan importantes como el crecimiento del PIB, tales como: el déficit público, la deuda pública y los tipos de interés.
La Comisión Europea lleva tiempo dejando entrever su deseo de recuperar en toda su extensión las reglas de estabilidad fiscal, suspendidas temporalmente por la pandemia, por lo que cabe esperar que en pocos meses exijan a los diferentes Estados miembros ajustar sin demora sus cuentas públicas. El déficit público en España, que creció significativamente como consecuencia de los efectos de la pandemia en 2020, viene reduciéndose extraordinariamente en los últimos dos años merced al impulso de la recaudación, pero aún está en el 4,8%, por encima de las restrictivas reglas fiscales europeas del 3% que el gobierno de España se ha comprometido alcanzar en 2024, un año antes de lo inicialmente previsto.
La AIReF considera que en otoño será necesario un duro ajuste en las cuentas públicas españolas si se quiere cumplir con ese objetivo de déficit para 2024 ya que, según sus predicciones, el déficit para comienzos de ese año alcanzará el 3,7% y superará con creces el límite de los 15.000 millones de euros que permitirá Bruselas en su nuevo marco fiscal.
Respecto a la deuda pública española, si bien es cierto que desde la pandemia ha seguido una deseable senda de reducción, sigue aún por encima del 113% respecto del PIB y todavía lejos del objetivo del Gobierno de situarla en torno al 110% para el próximo año. Mantener niveles demasiado elevados de deuda pública en un entorno de tipos de interés elevados supondría un mayor coste financiero para nuestra economía y dificultaría el crecimiento a medio plazo. En este mismo sentido se ha manifestado recientemente la AIReF al afirmar que, en su opinión, para volver a un adecuado nivel de deuda será necesaria una década de ajuste presupuestario.
Por su parte, los tipos de interés han crecido de manera muy notable en el último año, pasando del 0,5% al 3,75% en apenas 10 meses. La política monetaria restrictiva aplicada por el BCE desde julio del año pasado ha endurecido significativamente las condiciones de financiación y está suponiendo una enorme carga para las familias hipotecadas y las empresas en toda Europa, especialmente para aquellas que ya partían de una maltrecha situación económica y falta de liquidez.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, mantiene que aún existen grandes riesgos al alza para la inflación en Europa y que los tipos de interés no son suficientemente restrictivos, dejando la puerta abierta a futuras subidas de tipos con los que tratar de rebajar la inflación hasta el 2%. Las medidas de política monetaria adoptadas en estos últimos meses por el BCE pueden encontrar justificación, pero es discutible que la intensidad sea la adecuada en una coyuntura inflacionista provocada principalmente por shocks de oferta y con unos niveles de endeudamiento público y privado todavía elevados.
En un contexto de incertidumbre como el actual, resulta esencial requerir a las autoridades comunitarias la aplicación de políticas económicas prudentes, con efectos claros sobre la economía real. Del mismo modo, habrá que reclamar al próximo gobierno de España que salga de las urnas en diciembre, capacidad para combinar con maestría la consolidación fiscal y las reformas estructurales necesarias. En definitiva, se trata de conseguir que España cumpla con el Pacto de Estabilidad en Europa al mismo tiempo que se garantiza un crecimiento robusto y sostenible, que favorezca la equidad y refuerce el bienestar de la mayoría social.