Los datos del problema son claros: actualmente hay casi 10 millones de pensionistas y el Estado gasta un 12,7% del PIB en financiarlas; entre 2023 y 2044 se jubilarán los “babyboomers” y el sistema alcanzará los 15 millones de pensionistas en 2050, fecha en que empezarán a decrecer; a igualdad de prestaciones y de PIB, deberíamos gastar en ese momento un 50% más, es decir, un 19% del PIB, lo que todos los expertos consideran un gasto insostenible.
Una posible “solución” —que haría, sin duda, las delicias de los ultraliberales— sería repartir el gasto actual entre un 50% más de pensionistas, lo que abocaría a reducir todas las prestaciones en un 33%. Una solución menos liberal, y de hecho ya en marcha, aconsejaría retrasar la edad real de jubilación, habida cuenta de que la esperanza de vida no ha dejado de crecer: entre 1970 y 2023, ha aumentado en 22 años, situándose actualmente en 83 años. La edad de jubilación, en cambio, ha permanecido invariable en 65 años desde 1919. A partir de la reforma Rodríguez Zapatero de 2011, ha ido creciendo lentamente y llegará a los 67 años en 2027, excepto para los que tengan carreras largas de cotización —como mínimo de 38 años y medio—, que se podrán seguir jubilando a los 65. Otra parte de la solución es confiar en un crecimiento sostenido del PIB, de forma que el gasto en pensiones, aun creciendo en valor absoluto, se mantenga en porcentajes de PIB razonables.
La reforma recientemente aprobada por el Gobierno con el acuerdo de los sindicatos, de sus socios de investidura y de la Comisión Europea, ha tenido en cuenta estas y otras variables —el decrecimiento demográfico, los salarios, el crecimiento de la esperanza de vida, la evolución del PIB, etc.— y ha elaborado un modelo que pretende mantener el gasto por debajo del 15% del PIB, aumenta progresivamente los ingresos del sistema para hacer frente a las nuevas jubilaciones y mantiene las prestaciones actuales, actualizándolas anualmente con el IPC.
Países como Francia, Austria y Finlandia presentan a fecha de hoy un gasto entre el 13% y el 15% del PIB; otros como Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Suecia están en el 12%; y algunos más como Grecia, Italia y Portugal superan el 15%.
Los nuevos ingresos procederán de aumentar mínimamente las cotizaciones de los trabajadores y empresarios —un 0,2% del salario los primeros y un 1% los segundos—, de aumentar progresivamente la base máxima de cotización, actualmente en 4.495 € al mes, y de una nueva contribución solidaria por parte de los salarios que están por encima de la base máxima. El coste por hora trabajada pasará, con estos aumentos, de 23,4 € a 23,8 €. La media actual en la UE es de 33,8 €, por lo que no parece un incremento inasumible para las empresas.
La reforma también obliga a volver a constituir un fondo de reserva y a gastarlo con ciertos límites entre 2033 y 2053, con el fin de impedir que los futuros gobiernos vacíen apresuradamente la hucha de las pensiones, tal como sucedió entre 2012 y 2018.
el señor Núñez Feijóo ha calificado de “parche” la reforma, ha alertado de que acabará creando “un agujero”
Finalmente, establece que la AIReF compruebe cada tres años, durante el periodo 2022-2050, que el gasto medio bruto público en pensiones no supere el 15% del PIB, proponiendo medidas correctoras en su caso.
De esta reforma se han descolgado la patronal y el Partido Popular. Los primeros, por boca de su presidente el señor Garamendi, se han quejado de que todo el peso de la reforma recaiga sobre las empresas y los trabajadores. Preguntado por cuál sería entonces su alternativa, su respuesta fue que no consideraba que esa fuera su responsabilidad.
En cuanto al segundo, su líder el señor Núñez Feijóo ha calificado de “parche” la reforma, ha alertado de que acabará creando “un agujero”, que supondrá “una hipoteca para el futuro” y de que, en su opinión, está basada en un modelo que va “en contra del crecimiento económico y del empleo”. Tampoco ha presentado alternativa alguna.
Parece que la responsabilidad de nuestras derechas económica y política se reduce a decir NO a lo que no les gusta, sin más explicaciones ni propuestas alternativas. Dado el extraordinario avance de la inteligencia artificial, un interlocutor algorítmico como Chat GPT sin duda lo haría mejor: no solo diría NO, sino que explicaría con abundantes datos las razones que le llevan a ello, propondría mejoras y alternativas, e incluso podría decir SI, si estimara correctos los datos que se le presentan.
Pero, puesto que las alternativas tampoco son muchas —el aumento de los pensionistas es seguro, por lo que, o se aumentan los ingresos, o se reducen las prestaciones— tenemos derecho a suponer que lo que la derecha quiere, pero no se atreve a decir, es que se congelen o reduzcan las pensiones futuras.
Y aquí es donde viene el problema: ¿cómo es posible que un partido que se postula cada día como alternativa de gobierno no nos muestre su modelo en un tema tan relevante como este? Los ciudadanos tenemos derecho a exigírselo, como también querríamos saber sus modelos sanitario y educativo. Nuestra Constitución es muy clara con respecto a las obligaciones del Estado en estos tres ámbitos. No son temas menores, sino que forman parte del núcleo duro de nuestros derechos democráticos. Queremos saber qué perspectivas nos ofrecen sobre ellos.
Señor Feijóo, si nos quiere congelar las pensiones, díganoslo y explíquenos sus razones. Así funciona la democracia: los partidos proponen y los votantes deciden lo que más les conviene o convence.
Esconderse en la ambigüedad, que es también lo que usted hace cuando no se pronuncia sobre sus previsibles pactos con la ultraderecha, se llama fraude democrático.