Cuando el joven Emmanuel Macron se presentaba en 2017 como una nueva opción democrática de centro para Francia en sus primeras elecciones llenas de expectativas, el entonces candidato no cesaba de repetir que Francia vivía por encima de sus posibilidades desde hacía más de 30 años.
Parecía casi una obsesión para él intentar hacer comprender al pueblo que Francia producía menos de lo que gastaba. El PIB era perpetuamente menor respecto a sus gastos, por lo que el endeudamiento público era inevitable. Con la llegada de la pandemia, esta situación se agravó considerablemente. Hoy Francia es el quinto país de la Unión Europea más endeudado por detrás de Grecia, Italia, Portugal y España. En 2023, Francia pedirá a los mercados financieros la ingente cantidad de 270 mil millones de euros, por lo que se superarán – por primera vez- los 3,000 billones de euros de deuda pública.
El gobierno de Emmanuel Macron entiende que hace falta aprobar reformas de gran calado. Una de ellas es la reforma de las pensiones, la cual parece improrrogable. La propuesta de modificar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años ha sido objeto de malestar en las últimas semanas, provocando numerosas manifestaciones por toda Francia. Dos tercios de la población desaprueba esa reforma y como es habitual, los franceses salen a manifestarse. Pese al descontento, la Primera Ministra Élisabeth Borne ha anunciado el pasado 16 de marzo de 2023 que a falta de apoyos, la reforma de las pensiones no pasaría por tramité habitual parlamentario, haciendo uso del Artículo 49.3 de la Constitución francesa que permite al gobierno llevar a cabo el “compromiso de responsabilidad” (engagement de responsabilité) sobre el texto que se debate. Concretamente se trata de un decreto que permite la adopción de una ley sin contar con el apoyo parlamentario. Un artículo que fue creado en la IV República para facilitar la adopción de leyes y que algunos políticos han hecho uso excesivo de él, como lo fue Michel Rocard (Primer Ministro del gobierno de F. Mitterrand) quien recurriría a éste 28 veces.
Pero, ¿por qué esta vez es distinta? ¿por qué el malestar se agudiza? Si bien es cierto que el pueblo francés se caracteriza por ser contestatario, esta vez no solo muestra su protesta, sino que está furioso. El ciudadano de a pie se ve afectado por una ley que le concierne en su día a día y que está siendo adoptada sin ninguna legitimidad democrática. Esta ley toca el corazón de las prestaciones sociales. Una reforma de pensiones adoptada (probablemente de manera muy ajustada) en la Asamblea Nacional de manera habitual revelaría desazón, pero no furia. El pueblo francés no soporta ser ignorado. Hoy está indignado. Una indignación que se convierte en una oportunidad para la oposición y no por las mociones de censura presentadas tanto por el grupo parlamentario LIOT (centro) o Rassemblement National (extrema derecha) que con toda probabilidad no saldrán adelante dado que no parecen recabar los votos necesarios para obtener una mayoría absoluta de 287 votos. Más bien, la forma en la que está gobernando Emmanuel Macron se está convirtiendo en caldo de cultivo para alimentar aún más la extrema derecha liderada por Marine Le Pen. Ella está aprovechando el gran descontento social para presentarse con ahínco como una opción valiosa a futuro, esgrimiendo que al llegar al poder derogará la ley de las pensiones.
La dificultad de gobernar hoy en muchos países tanto de Europa como fuera del continente reside en adaptarse a las demandas de la globalización intentando sacar adelante leyes con parlamentos muy fragmentados
Ante este panorama desalentador, cabe cuestionarse si el gobierno de Emmanuel Macron ha realmente acertado o si existían otras opciones. Ciertamente, gran parte de la financiación que Francia obtiene por parte de los mercados está destinada a sufragar los gastos del funcionamiento del gobierno. La reforma de las pensiones es necesaria, pero la forma en la que se hace no. La gran torpeza de Macron ha sido argumentar en su Consejo de ministros (16 marzo 2023) que ante el actual escenario de inflación, la subida de intereses y la inestabilidad de los mercados financieros, Francia se encontraría en riesgo financiero si la reforma de las pensiones no era adoptada. No es así, Francia no está hoy perdiendo calificación en los mercados y por el momento no corre tal riesgo. Dado que la reforma es sustancialmente social, el gobierno de Macron tenía que recurrir a la legitimidad democrática, encontrar las fórmulas necesarias para recabar los apoyos requeridos.
Desafortunadamente, este doloroso capítulo para la democracia puede ser muestra de un efecto domino. La dificultad de gobernar hoy en muchos países tanto de Europa como fuera del continente reside en adaptarse a las demandas de la globalización intentando sacar adelante leyes con parlamentos muy fragmentados. Esta es la fotografía que está caracterizando las democracias de los últimos tiempos, que se hace aún más visible cuando las leyes tocan puntos sensibles de la sociedad, como es el caso del aborto en EE.UU. Sin embargo, lo que realmente es preocupante es observar cómo los Estados han entrado en la vorágine de emisión de deuda constante (sobre todo en las últimas décadas) para poder financiarse. Un mecanismo que es posible gracias al protagonismo de los mercados financieros globalizados, desplegándose un escenario cada vez más incierto y empobrecedor para el ciudadano del S.XXI.