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Nada nuevo bajo el sol: "Para la paz en el Medio Oriente, la creación de un Estado palestino independiente es un requisito previo indispensable."

— Angela Merkel, canciller de Alemania.

Ayuso o sanidad

Ayuso o sanidad

Ese fue el eslogan más repetido en la manifestación madrileña del 12 de febrero en defensa de la sanidad pública. Y es que, la dañina gestión de la sanidad pública madrileña que está llevando a cabo el gobierno de Díaz Ayuso ha llegado a un punto, que la única elección posible es la enunciada en el título: o elegimos a Díaz Ayuso y terminamos de perder nuestra sanidad pública, o elegimos la sanidad pública y entonces debemos descabalgar a Díaz Ayuso de su presidencia, que se está demostrando incompatible con una sanidad universal y de calidad.


Avalan esta afirmación numerosos datos pero, además de estos, no se concibe que salgan a la calle cientos de miles de personas de todas las ideologías y de forma repetida —hubo una manifestación similar el 13 de noviembre de 2022— si no percibieran que hay un peligro real para su sanidad.

 

La voladura programada de la sanidad madrileña empezó ya con los gobiernos de Esperanza Aguirre y con su consejero de sanidad el señor Fernández Lasquetty, casualmente actual consejero de Hacienda y quien está poniendo más obstáculos para ampliar el presupuesto, y así atender las demandas de los profesionales. También en esos años hubo numerosas manifestaciones y se consiguieron parar algunas de sus políticas privatizadoras.

 

Según datos del Ministerio de Sanidad, Madrid y Andalucía son las dos CC.AA. que menos inversión destinan a sanidad por habitante; Madrid es la novena en longitud creciente de las listas de espera y la sexta con mayores tiempos de espera; también, la que menor porcentaje de su presupuesto destina a atención primaria y solo tiene 2,13 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, frente a la media nacional de 2,6 —es decir, el resto tiene un 22% más—. El reverso de esta moneda es que Madrid también tiene el mayor porcentaje de habitantes con un seguro privado de salud —el 38%, frente el 24% de la media nacional—. Cuando la salud de uno está en juego y la sanidad pública no te atiende, uno busca, si puede permitírselo, otra salida. Lejos de ser este un efecto lateral, se trata de una consecuencia buscada conscientemente por los gobiernos populares de Madrid. De hecho, es el leimotiv de su política sanitaria.

 

El problema no se arregla sin aumentar la inversión. El 52% de los contratos de médicos son temporales y la gran mayoría de los médicos generales y pediatras que obtienen plazas de MIR renuncian a quedarse en Madrid debido a las condiciones laborales, no solo de salario y precariedad, sino también de masificación de las consultas. Muchos se desplazan a las CC.AA. vecinas o se van al extranjero, donde son muy apreciados y están mucho mejor tratados. Pero justo eso —aumentar la inversión— es lo que el Gobierno de Madrid no quiere hacer. Todo lo que ofrece, tras cinco semanas de huelga de toda la atención primaria, es paliar parcialmente el déficit de profesionales con horas extra voluntarias a razón de 50 € la hora.

 

Para rematar su política de deterioro, la presidenta y su consejero se han enfrentado con desprecio al colectivo médico, tildándolos de estar “politizados” y manipulados por los partidos de izquierda. El consejero Ruiz Escudero tampoco ha considerado necesario reunirse con ellos, enviando a negociadores sin capacidad de decisión a las reuniones con el sindicato de médicos.

 

La sanidad pública madrileña no aguantaría otros cuatro años de voladura programada. El corazón de nuestra sociedad de bienestar, nuestra joya de la corona, la que nos da tranquilidad y seguridad, está en peligro

 

 

Pero, la política de Ayuso, y del Partido Popular en el resto de España, son tan solo la punta del iceberg de un movimiento neoconservador que se inició en los años ochenta del siglo pasado con Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. El pacto suscrito por conservadores y socialdemócratas tras la Segunda Guerra Mundial, según el cual el capital renunciaba a las ganancias sin cortapisas a cambio de que los trabajadores renunciasen a la revolución social, saltó en esos años. La caída del bloque soviético convenció al capital de que el peligro había pasado y se lanzaron sin complejos al deterioro y privatización de los servicios públicos. En el momento actual hay numerosos problemas en el Reino Unido, Francia, España y otros países europeos para mantener la sociedad del bienestar. Hablamos del sistema público de pensiones, de la educación y de la sanidad  públicas. Aquel pacto para “proteger al ciudadano desde la cuna hasta la tumba” se ha convertido en un “sálvese quien pueda” donde cada uno ha de pagarse lo suyo. O, al menos, esa es la intención. Hay, a la vez, una insumisión de las clases más acomodadas para pagar los impuestos que financiarían unos servicios públicos de calidad.

 

Pero, España tiene una renta per cápita de 28.000 €, es la décimoquinta economía mundial por PIB y la democracia número 22 más avanzada del planeta. Es decir, estamos en el cogollo del 10% de los países más avanzados material y políticamente. Con ese perfil, no podemos aceptar que nuestra atención sanitaria sea solo para quien pueda pagársela. La salud —también la educación, un salario suficiente y la protección en el desempleo y la vejez— deben considerarse derechos democráticos al mismo nivel que la libertad de expresión y de participación política. Sin salud, sin unos mínimos ingresos y sin oportunidades en la vida no hay libertad posible. 

 

Estas verdades tan obvias para la mayoría de los ciudadanos, no lo son para algunos partidos conservadores que se han apuntado al neoliberalismo salvaje. Por desgracia para los españoles, el Partido Popular está entre ellos. No cejan en su empeño de privatizar todo lo que pueden, de favorecer a los grandes consorcios sanitarios privados, a los colegios de la Iglesia y a las universidades privadas. Al mismo tiempo, allí donde gobiernan, asfixian los presupuestos de la sanidad pública y de los colegios y universidades públicas. Y cuando gobiernan el país, congelan el salario mínimo y las pensiones, como hicieron los gobiernos del señor Rajoy entre 2011 y 2018.

 

La sanidad pública madrileña no aguantaría otros cuatro años de voladura programada. El corazón de nuestra sociedad de bienestar, nuestra joya de la corona, la que nos da tranquilidad y seguridad, está en peligro. 

 

El 28 de mayo, los madrileños tenemos un plebiscito sobre nuestra salud. 


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