En el artículo titulado “No sé si el mercado es libre, pero sí desigual”, publicado el miércoles día 1, abordé la enorme diferencia en el reparto de la riqueza entre asalariados y propietarios/altos ejecutivos en la gestión de empresas, patrias y extrajeras.
Cuando el Banco Santander ha hecho público que ha ganado, en 2022, 9.605 millones de euros, casi un 1% del PIB del Estado, la indignación se ha extendido en la sociedad. Nos pasa todos los años, que nos alarmamos ante los tremendos benéficos de la banca y las grandes empresas. Pero la conmoción solo dura unos días, me temo; luego se nos olvida.
La clase política de la izquierda, al calor de la indignación social, ha comenzado a presentar ocurrencias variadas, con el común denominador en que ninguna toma al toro por los cuernos. La derecha ha salido al quite, muy taurina ella, en favor de los intereses de los banqueros y banqueras.
Los tipos de interés no se pueden tocar, pues los fijan las instituciones internacionales, en nuestro caso el Banco Central Europeo (BCE), que es una institución que en la UE hemos aceptado que es independiente de los gobiernos e instituciones políticas; este es el primero de los errores. Porque aceptar eso es aceptar que estas decisiones, como fijar el precio del dinero o de los tipos de interés, se toman al margen de la democracia y sin importar las consecuencias que dichas decisiones tengan para los pueblos y sus ciudadanos y ciudadanas.
El mes de agosto del pasado año, Gita Gopinath, número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo, en el encuentro sobre política monetaria que realizan cada año en Jackson Hole (Wyoming): “hay que tomar medidas más agresivas, incluso si eso significa un fuerte enfriamiento de la economía y un aumento del desempleo, si la inflación resulta inesperadamente persistente” y el presidente de la Reserva Federal de los EE.UU. admitió que sería doloroso para las familias. Es decir, medidas que dañan a las familias trabajadoras. Ni una sola medida que “dañe” al mercado.
Otro horror, que no error, es que ningún partido del arco parlamentario se posiciona con fuerza y convicción sobre la devolución de los 100.000 millones de euros que las entidades financieras deben al erario público del Estado español, es decir a todos los que contribuimos, pues fue nuestro dinero el que se les dio para “sus necesidades” en la crisis de 2008 y años sucesivos. Mientras esa deuda de los bancos exista, no es necesario que se les suban los impuestos. Es suficiente con que se les aplique la misma vara de medir que ellos aplican a los clientes.
No es nuevo que muchos y muchas hemos defendido y defendemos la necesidad de Banca Pública como solución a las necesidades de banca básica
¿Recordáis cuando el Gobierno del PP, presidido por Rajoy, por boca de su Vicepresidente Económico, el Sr. De Guindos, decían: “el rescate a los bancos no nos costará ni un euro? Ja, ja, ja.
Dijeron eso y ahora no dicen ni pio, a este respecto, pues barbaridades por la boca las sueltan a diario. Al mentiroso le obsequiaron con un puestazo y su correspondiente sueldazo en esa institución “independiente”, el BCE; independiente de la mayoría social, que no de los intereses del capital.
No es nuevo que muchos y muchas hemos defendido y defendemos la necesidad de Banca Pública como solución a las necesidades de banca básica. Y eso lo sabe este Gobierno, pero todos sus miembros lo han obviado. Y lo saben las distintas fuerzas políticas del Congreso y el Senado.
Si el Gobierno se dotase de un polo de Banca Pública, sin inventar gran cosa: tomando el ICO como base económica y Correos como red de distribución de servicios bancarios, sería suficiente para moderar los precios de los préstamos y las operaciones bancarias básicas: cobros y pagos de recibos, impuestos, depósitos, etc. De esa manera, esa Banca Pública, podría ofertar préstamos hipotecarios al precio oficial del dinero, sin la parte usurera que engrosa los groseros beneficios bancarios. Los pequeños ahorradores no tendrían que hacer colas en la puerta del Banco de España, para comprar Letras del Tesoro, asqueados del saqueo que sufren en la banca privada.
Los clientes obligados de los bancos, obligados, sí, pues no tenemos alternativa, no seríamos esquilmados a golpe de “comisión” por tener nuestro dinero en el banco. Y hasta podríamos ser tratados con más respeto, el que merece todo ciudadano y ciudadana, pues desde los bancos privados es cada vez de menor calidad (falta de respeto dispensada por las entidades, que no por sus trabajadores y trabajadoras).
Si esta medida, de dotarse de una banca pública, se desarrollase en paralelo una contundente política de vivienda pública, política muchas veces teorizada pero no aplicada, posiblemente, gran parte del problema quedaría resuelto.
Por tanto, menos aspaviento y más política, pero de la de verdad.