< Febrero 2023 >

Perú al borde de una guerra civil

Perú al borde de una guerra civil

En tan sólo un mes de gestión el gobierno de Dina Boularte acumula 47 muertos y cientos de heridos sin que sea posible negociar con los manifestantes una solución que ponga fin a las protestas callejeras, los cortes de ruta y los ataques a los aeropuertos.

Las últimas décadas no han sido fáciles para los peruanos. En 1980, comenzó una cruenta guerra interna que se prolongó hasta el nuevo siglo. Se inició con el salvaje terrorismo del Partido Comunista del Perú -Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta mariateguista que conducía el “Camarada Gonzalo”.  El antropólogo Abimael Guzmán Reinoso, profesor de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. 

 

El accionar del PCP-Sendero Luminoso causó al Perú pérdidas económicas por más de 42.000 millones de dólares y 69.200 víctimas fatales, entre muertos y desaparecidos, además de un millón de personas desplazadas. 

 

Luego hizo su aparición la narcoguerrilla del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, un grupo insurgente de ideología marxista castro guevarista conducida por Víctor Polay Campos, que entre 1982 y 1999 causó 1.039 víctimas fatales y que se destacó por sus ataques a la minoría LGTBI.

 

Ambas organizaciones terroristas, tuvieron su apogeo durante el primer gobierno de Alan García Pérez y el de Alberto Fujimori. Luego fueron fuertemente reprimidos y sus líderes encarcelados (Abimael Guzmán falleció en un penal naval en 2021). Aunque muy disminuidos y con nuevos cuadros, remanentes de estos grupos continúan operando actualmente en el Perú profundo. Especialmente en el terreno selvático del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Una región usualmente denominada VRAEM o “Valle de la Droga”, de donde proviene la mayor parte de la cocaína que produce Perú.

 

Las cosas comenzaron a mejorar lentamente durante el gobierno del economista Alejandro Toledo para alcanzar cierta prosperidad durante los mandatos de Alan García Pérez, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Los problemas de gobernabilidad se desataron a consecuencia del escándalo de la constructora brasileña Odebrecht y sus sobornos para conseguir la adjudicación de obras públicas. Podría considerarse que la actual crisis peruana es una secuela directa de ese escándalo.

 

Castillo al poder

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú, el 6 de junio de 2021, el maestro rural Pedro Castillo se impuso por tan sólo 40.000 votos a Keiko Fujimori quien fracasó en su tercer intento por alcanzar la presidencia. En la primera ronda electoral, Castillo había obtenido tan sólo el 18,9% de los votos.

 

Pedro Castillo llegó a la presidencia con el apoyo de menos de uno de cada cinco peruanos y solo por el rechazo que causaba la figura de Keiko Fujimori en el electorado.

 

El partido que impulsó su candidatura Perú Libre, una formación política que se define como marxista leninista y mariateguista de cuna maoísta, en realidad responde a la conducción del neurocirujano graduado en Cuba, Vladimir Cerrón, quien no pudo ser candidato por que pesaba sobre él una condena de tres años y nueve meses por corrupción.

 

En una legislatura fragmentada en diez bancadas distintas, Perú Libre solo cuenta con solo 36 de los 130 diputados.

 

El gobierno de Castillo se inició sin suficientes cuadros técnicos ni una propuesta seria de gobierno. Tanto el presidente como la mayoría de sus colaboradores ignoraban los rudimentos del funcionamiento de la administración pública. Para colmo de males, al poco de tiempo de asumir su cargo, Castillo se enfrentó con el jefe su partido Vladimir Cerrón, perdiendo el apoyo de Perú libre

 

Pedro Castillo, un maestro rural de 53 años y origen campesino, en un año y medio de gobierno acumuló cinco investigaciones juridiciales en su contra, cuatro por presunta corrupción y otra por un presunto plagio realizado en su tesis de maestría, una década atrás.

 

Poco antes de su destitución, en las encuestas de opinión, el gobierno de Castillo acumulaba 86% de desaprobación y solo 10% de aprobación, en tanto que él como presidente sumaba una imagen negativa del 61% y solo 31% de imagen positiva.

 

El 7 de diciembre de 2022, el presidente Castillo intentó dar un golpe de Estado y tensionó aún más la ya frágil crisis política de ese país tras anunciar en su mensaje televisado a la nación que disolvía el Congreso y creaba un “gobierno de excepción” durante el cual gobernaría por decreto.

 

Pocas horas más tarde, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, y tras la renuncia de varios ministros de su Gabinete, Castillo, después de demostrar su incapacidad para gobernar, terminó destituido por el Congreso con los votos de los legisladores de Perú Libre y fue reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte.

 

Boluarte, también distanciada del partido Perú libre, formó gobierno con el apoyo de la mayoría fujimorista, las fuerzas armadas y policiales, el empresariado y la banca.

 

Al conocerse la destitución de Pedro Castillo y su detención por la fiscalía en una prisión policial del distrito limeño de Ate investigado por rebelión (actualmente cumple una condena de dieciocho meses de prisión preventiva). Sus partidarios salieron a las calles, provocaron disturbios, establecieron bloqueos en las rutas de seis de los veinticuatro departamentos del país y ocuparon los principales aeropuertos.

 

Los incidentes se prolongaron hasta el 22 de diciembre, con gran destrucción de la propiedad pública y la muerte de 28 personas y extenso número de heridos. La mayoría por disparos de armas de fuego del personal militar y policial. 

 

La jefa de Estado hizo permanentes llamados al diálogo a los grupos manifestantes y se reunió con distintas organizaciones políticas, gremiales y empresariales para encontrar un clima de calma que le permita dirigir el gobierno en este periodo de transición. Boluarte incluso, con aprobación del Congreso, adelantó las elecciones generales para abril de 2024. Pero nada conformó a los manifestantes que continuaron con sus protestas y cortes de ruta. 

 

Después del receso por las fiestas de fin de año, las protestas se retomaron el 4 de enero. El lunes 9, la violencia comenzó a escalar en el marco de un paro de actividades en la región de Puno, fronteriza con Bolivia. Especialmente en las ciudades de Andahuaylas, Juliaca y Ayacucho. Los incidentes dejaron, tan solo ese día, 18 víctimas fatales, entre ellas un policía incinerado dentro de su auto patrulla por los manifestantes, haciendo un total de 47 víctimas fatales desde el 7 de diciembre.

 

Además, de las violentas protestas de los manifestantes, el gobierno de Dina Boluarte enfrenta la hostilidad de un pequeño grupo de países latinoamericanos.

 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se negó a reconocer al nuevo gobierno peruano y otorgó asilo político a la esposa y los hijos de Pedro Castillo. Incluso extendió a este beneficio al expresidente peruano en el caso de que logre salir del Perú.

 

La presidenta Dina Boluarte, en un gesto conciliador permitió el viaje a México de Lidia Paredes y de sus hijos, aún cuando la esposa de Pedro Castillo cumplía arresto domiciliario, antes del 7 de diciembre, mientras se la investigaba, junto a tres de sus seis hermanos, por una red de corrupción en la adjudicación de obras públicas. Por lo tanto, no podía salir del país sin autorización judicial.

 

En respuesta a la hostilidad del gobierno mexicano, el ministerio de Relaciones Exteriores del Perú declaró el 20 de diciembre persona no grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país, por lo que consideró una inaceptable injerencia del país azteca en los asuntos internos del Perú.

 

Seguidamente, la Cancillería del Perú convocó a los embajadores de Argentina, Bolivia y Colombia, países sudamericanos que se niegan a reconocer al gobierno de Boluarte, para pedirles explicaciones por algunas declaraciones hostiles de sus presidentes y cancilleres. También llamó a consultas a sus embajadores en esos países y en México.

 

 

La actual crisis generada por el intento de golpe de Estado de Castillo ha incrementados las tensiones y las aspiraciones separatistas de esta región

 

 

La balcanización del Perú

Desde hace tiempo perdura una rivalidad, que se remonta a la época del Imperio Incaico, entre la población de Lima y la costa y los habitantes del sur andino, donde predominan los pobladores de origen aymará. 

 

La actual crisis generada por el intento de golpe de Estado de Castillo ha incrementados las tensiones y las aspiraciones separatistas de esta región.

 

En la última década, con el auge del discurso indigenista, se potenció ese ancestral sentimiento de rivalidad y derivó en la aparición de un movimiento separatista que pretende crear una “República Peruana del Sur”, independiente del resto del Perú.

 

La supuesta república separatista abarcaría a las actuales regiones peruanas de Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, Madre de Dios, Cusco y Apurímac. La misma área que en los años noventa fue el epicentro del accionar del PCP – Sendero Luminoso.

 

Uno de los líderes separatistas peruanos, Felipe Domínguez, presidente del Frente de la Defensa del Cono Sur (FREDICOM) ha resumido con estas palabras los argumentos que sostienen el separatismo del sur peruano: “El sentimiento de postergación, injusticia, abandonó y discriminación por parte de nuestros compatriotas del altiplano es legítimo y comprensible, la historia les da la razón de manera contundente, No nos hemos integrado, Lima y la costa siguen mirando desde arriba.”

 

Precisamente, en el sur: Arequipa, Apurimac y Puno han sido el escenario de las protestas más violentas y masivas, donde se produjeron la mayor cantidad de víctimas fatales.

 

En el gobierno y entre los hombres de las fuerzas armadas se sospecha que esas protestas fueron impulsadas por activistas vinculados al Foro de São Paulo y, en especial por el expresidente boliviano Evo Morales.

 

El tema de la supuesta intervención de Morales en la política interna peruana no es un hecho nuevo. Ya en noviembre de 2021, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano lo había declarado “persona non grata”, “por su negativo activismo político en Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda de gobierno”. 

 

Ahora, las autoridades creen haber detectado la presencia de activistas bolivianos en las protestas, a los cuales pertenecerían a la milicia campesina de los “ponchos colorados”, que apoyan a Evo Morales. 

 

Además, las autoridades denuncian la injerencia en la región de Vladimir Cerrón, del legislador de Perú Libre, Guillermo Bermejo, el ex primer ministro de Castillo, Aníbal Torres y de activistas del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MODADEF), una organización de derechos humanos formada por ex miembros del PCP – Sendero Luminoso y del MRTA, liberados después de haber cumplidos sus condenas por terrorismo.

 

También responsabilizan de la violencia a la participación de elementos guerrilleros provenientes de los grupos narcoterroristas que operan en el VRAEN.

 

En Lima, los políticos de derecha y los militares aseguran que Evo Morales aprovecha la existencia de una gran minoría aymara en la población y la difusión del discurso de la integración plurinacional entre los pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales, sindicales, territoriales y movimientos sociales de la región; para obtener sus objetivos geopolíticos de recuperar la salida al mar de Bolivia y al mismo tiempo apropiarse de las grandes riquezas (4,7 millones de toneladas) litio descubiertas en Puno. 

 

Para lo cual cuenta con el apoyo de la RUNASUR, entidad que forma su nombre con la conjunción de la palabra “runa” (hombre) y “UNASUR” (Unión de Naciones Suramericanas) y que fuera creada, el 7 de noviembre de 2022, en la ciudad de Buenos Aires, como una organización internacional para promover la unión de los pueblos antiimperialistas, antimonopólicas y anticapitalistas.

 

A estas actividades de Evo Morales en favor de la unidad de los pueblos sin distinciones de Estados o fronteras, se suma la poca claridad, en su momento del presidente Pedro Castillo con respecto a la salida al mar de Bolivia.

 

En enero de 2022, el periodista Fernando del Rincón, de la CNN, le preguntó a Castillo sobre una opinión que el mandatario peruano había hecho en 2018, donde manifestaba que estaba a favor de que Bolivia tuviese salida al mar.

 

La respuesta del mandatario peruano fue: “No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo… Jamás haría cosas que el pueblo no quiera” […] “Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia”.

 

Las declaraciones de Castillo provocaron un profundo revuelo en el Perú y fueron atribuidas a la influencia de Evo Morales sobre Castillo. Todos estos hechos contribuyeron a la reciente decisión de la presidenta Boluarte de impedir el ingreso del expresidente boliviano a su país.

 

Balance Final

La crisis peruana que comenzó el 7 de diciembre pasado no ha hecho más que agravarse incrementando el número de víctimas fatales.

 

Si bien el gobierno de Boluarte ha convocado al diálogo no ha presentado ni una agenda a tratar, ni una hoja de ruta para encontrar una salida consensuada a la crisis.

 

Tampoco por parte de los manifestantes aparece un referente los suficientemente representativo como para negociar con el gobierno en nombre de la totalidad de los descontentos.

 

La exigencia de los manifestantes de que Dina Boluarte renuncie, se clausure el Congreso y se reforme la constitución parece, al menos por el momento, inaceptable para el gobierno.

 

Por otra parte, realizar elecciones en abril de 2024 sin modificar la estructura institucional y constitucional que llevó a la presente crisis no tiene sentido. Seria seguir haciendo los mismo, pero esperando un resultado distinto. Perú debe encontrar un nuevo consenso ciudadano que permita encarar reformas institucionales profundas.

 

Mientras tanto, la prolongación de la violencia no solo implica nuevas violaciones a los derechos humanos, sino que incrementa las posibilidades de que el conflicto escale e incluso se internacionalice.

 

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