La Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, organismo especializado de Naciones Unidas, ha anunciado en un importante informe reciente que espera que el crecimiento económico de Chile en el 2022 se ubique entre los mas bajos de la región latinoamericana; además sus proyecciones identifican a Chile y Haití como las dos únicas economías de la región que se contraerán (reducción del Producto Interno Bruto) en el 2023.
Del orgulloso “jaguar de América Latina” pasamos a compartir fortunas con la economía mas pobre del hemisferio occidental. Hay causas de largo plazo en el sostenido deterioro económico chileno en gran medida asociadas a la permanencia por mas tiempo del aconsejable de un modelo económico rentista, neoliberal, y altamente desigual. No obstante, el débil desempeño esperado para el bienio 2022- 2023 obedece también a la aplicación de un ajuste económico interno por el gobierno del presidente Boric orientado a controlar la inflación y reducir el déficit fiscal cercano al 8 por ciento heredado del gobierno de Sebastián Piñera. La combinación de política fiscal y política monetaria restrictiva, aplicada intensamente, recuerda las recetas del Fondo Monetario Internacional de las décadas de 1970 y 1980, periodo difícil tanto para el mundo en desarrollo y también desarrollado (cabe notar que la moderna y progresista retorica actual de la cúspide del FMI es muy diferente a sus acciones en los programas de países). En el 2022 se ha reducido en 25 por ciento el gasto publico a lo que se suma un fuerte apretón monetario del Banco Central que viene subiendo las tasas de interés sostenidamente desde septiembre del 2021.
El problema es que la terapia monetaria-fiscal para extirpar una inflación, en gran medida de origen importado, tiene un costo social considerable sobre los grupos de bajos ingresos y Chile cuenta con un débil sistema de protección social. Por otra parte, el país viene emergiendo de tres años traumáticos de estallidos sociales y pandemia del Covid. No es claro, sin embargo, cuanto inciden estas consideraciones humanas y sociales en los fríos cálculos de muchos economistas.
El gobierno del presidente Boric ha entregado el manejo de la economía a un eje bastante ortodoxo formado por las máximas autoridades del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Los posibles contrapesos de los ministerios mas ligados al sector productivo como el Ministerio de Economía o al área social como el Ministerio de Desarrollo Social prácticamente no existen. Por otro lado, las centrales sindicales que cumplen el rol de mantener un balance entre los intereses del capital y del trabajo, son muy débiles y no tienen mayor influencia en las políticas publicas que se adoptan en Chile; asimismo la sociedad civil (salvo las centrales empresariales) parece estar dispersa y fragmentada. La tradicional dominancia del Ministerio de Hacienda en fijar las prioridades nacionales en los últimos 40 a 50 años de implementación del modelo neoliberal sigue en absoluta vigencia.
La costos de bajar la inflación están siendo absorbidos por los de siempre: los asalariados y los pobres de la ciudad y el campo. La canasta de alimentos, que afecta en forma especial a estos segmentos, ha subido en cerca de 27 por ciento entre noviembre del 2022 comparado con noviembre del 2021, mientras que el IPC promedio se acerca a un incremento de 13 por ciento en el mismo periodo. Por otra parte la pobreza oficial se ha incrementado en mas de 300 mil personas. Los determinantes económicos del estallido social de octubre-noviembre del 2019 parecen estar olvidados.
La realidad histórica reciente de las ultimas cuatro décadas de capitalización en Chile es de bajas pensiones para la población civil y altas rentabilidades para los privados que gestionan el sistema.
Una reforma importante de la administración Boric es cambiar el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, corporaciones privadas con fines de lucro, que manejan la seguridad social en Chile desde 1981, sistema iniciado con el régimen del general Pinochet y mantenido por mas de cuatro décadas. La reforma propuesta incorpora un mayor rol del Estado en la seguridad social pero sigue insistiendo en la capitalización individual esta vez no a través de las AFP sino de las compañías privadas de seguros que ofrecerán a millones de afiliados rentas vitalicias y no retiros programados.
El sistema propuesto mantiene la transferencia del ahorro desde los asalariados a los grupos económicos consolidando aun mas la alta concentración de la propiedad y la riqueza que existe en Chile. Salvo por el aumento de la Pensión Garantizada Universal (que no es aun universal) financiada con recursos públicos la esperanza de un aumento de pensiones con una sistema de capitalización 2.0 orientado a “profundizar el mercado de capitales”, no pasa de ser un buen deseo. La realidad histórica reciente de las ultimas cuatro décadas de capitalización en Chile es de bajas pensiones para la población civil y altas rentabilidades para los privados que gestionan el sistema. En contraste, un amplio conjunto de países que en la década de 1990 privatizaron en distintos grados sus sistemas de pensiones y que incluyen a Hungría, Polonia, Republica checa, Argentina, Bolivia, Eslovaquia y otros en los últimos 10-15 años han revertidos estas ilusorias reformas por sus magros resultados y han desprivatizado sus sistemas de pensiones. Esto sin mencionar que en las principales economías desarrolladas del mundo como Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia , España nunca se tentaron de adoptar el fallido experimento de la capitalización como sistema dominante para obtener buenas pensiones.
En el área de la política comercial y de inversiones se acaba de firmar la adhesión al TPP-11 (esto no estaba en el programa de la actual administración). En muchas partes del mundo hay consenso que el TPP-11 reduce los grados de soberanía económica de los países en desarrollo, fortalece el poder de las empresas multinacionales y tienden a perpetuar una modalidad de apertura externa basada en el extractivismo de los recursos naturales y la desindustrialización. La ortodoxia económica sigue vigente en Chile a pesar de los estallidos sociales de hace pocos años atrás y de la demanda por una transformación progresiva hacia un modelo económico post-neoliberal, mas productivo, menos desigual, mas sustentable y humano.