< Enero 2023 >

El daño ya está hecho

El daño ya está hecho

He leído y escuchado con atención gran cantidad de opiniones —de las muchas que se han vertido estos días— sobre la crisis institucional que estamos viviendo con la resolución de Tribunal Constitucional (TC) de aplicar las medidas cautelares del recurso presentado por los diputados del PP y Vox y suspender con ello la tramitación parlamentaria de dos enmiendas del Gobierno a las leyes orgánicas del TC y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo objetivo era desbloquear la renovación del primero, que tiene cuatro miembros pendientes de renovar desde hace seis meses.

No soy jurista y, por lo tanto, no tengo una opinión jurídica fundada que aportar a las muchas vertidas, pero -a través de los argumentos jurídicos dados por personas con el conocimiento suficiente- sí he podido formarme una opinión política sobre lo sucedido y creo que se ha producido un daño irreversible en al menos dos instituciones: el TC y el CGPJ.

 

Según afirma el Catedrático de Derecho Constitucional Miguel Angel Presno (El País 20/12/22), el TC “puede declarar la nulidad de leyes aprobadas por quienes representan al pueblo español … Precisamente porque esas funciones las ejerce un órgano carente de una legitimación ciudadana directa, ... la aceptación de sus decisiones y la consecuente legitimidad social de las mismas reposa en que sean el resultado de la aplicación ... de un razonamiento jurídico y no de una argumentación que refleje una determinada opción u orientación política”.

 

Se pueden mostrar varios ejemplos de que, en el tema que nos ocupa, ha faltado apariencia de imparcialidad y de argumentación jurídica y ha sobrado, en cambio, orientación política:

 

  • El recurso se llevó a pleno con extremada urgencia y no a la Sala Segunda del TC que era la que debía entender de la admisión del recurso. Casualmente, en esa sala los magistrados conservadores no tienen la mayoría, mientras que en el pleno sí.
  • La inusitada urgencia en convocar el pleno —en menos de 24 horas— no estaba justificada porque no se había agotado la vía parlamentaria. Numerosos juristas —incluidos varios del TC y el propio letrado principal de este tribunal— estiman que el control constitucional de las leyes debe hacerse a posteriori y que es muy peligroso colocar a una institución bloqueando a otra cuando, como en este caso, se trata de poderes independientes.
  • El presidente encargó la ponencia al magistrado más vinculado al PP y a la FAES, Enrique Arnaldo, cuyo nombramiento suscitó en su día numerosas críticas.
  • No se apartaron de la deliberación ni de la votación, ni el presidente Pedro González-Trevijano, ni Antonio Narváez, ambos con el mandato caducado desde junio, a pesar de que eran parte directamente afectada por la enmienda paralizada. Es decir, inauditamente, votaron y aprobaron su propia no recusación. 
  • El Presidente del TC no ha convocado hasta ahora el pleno que debe dar el plácet a los dos miembros nombrados por el Gobierno desde el 29 de noviembre. Se trata de un trámite meramente formal que, si se hubiera cumplido, habría hecho que estos dos magistrados ya hubieran sido renovados.
  • Se aceptaron las medidas cautelarísimas sin dar lugar a alegaciones y sin oír a la parte afectada (es decir, a ambas cámaras). El TC casi siempre rechaza las medidas cautelarísimas porque un tribunal de garantías debe escuchar a todas las partes y porque concederlas es tanto como anticipar la aprobación de los recursos.
  • Todas estas cuestiones se solventaron con escasa argumentación jurídica —declarado públicamente por una magistrada presente— y con sucesivas votaciones de 6 contra 5, números que responden, respectivamente, a los miembros del TC nombrados a propuesta del PP y a propuesta del PSOE.

El tribunal no ha llegado solo a esta encrucijada, sino alentado por el ambiente previo de crispación creado por el PP y Vox

 

 

El caso del CGPJ es, si cabe, más flagrante. La mayoría es, en este caso, de 10 conservadores frente a 8 progresistas. Esta mayoría es espuria porque el Consejo lleva caducado cuatro años gracias al bloqueo del PP —se nombró en 2013 para cinco años, cuando el PP tenía mayoría absoluta—. El grupo conservador del Consejo, por su parte, ha bloqueado la obligación que tiene por ley de nombrar a dos miembros del TC, que tienen caducado su mandato desde junio y que, tradicionalmente, se nombran uno a propuesta de cada bloque aunque, formalmente, ambos han de ser votados por 3/5 del Consejo. Este requisito es el que permite el bloqueo, ya que los conservadores se niegan a votar al candidato progresista y pretenden nombrar ellos a los dos. Detrás de esta estrategia está impedir que el próximo Presidente del TC sea Cándido Conde-Pumpido, al que consideran afín al Gobierno.

 

Como se aprecia, hay una decisión política de fondo del PP de mantener sus mayorías judiciales en el CGPJ y en el TC, conseguidas cuando las cámaras tenían una composición distinta. Pero, con ser muy grave esta actitud inconstitucional del principal partido de la oposición, en este momento me parece aun más grave el comportamiento politizado y partidista de la cúpula judicial. ¿Cómo vamos a acatar de buen grado las decisiones del TC y del CGPJ si ellos son los primeros que no respetan las leyes ni los procedimientos reglados y se comportan de un modo descaradamente partidista?

 

La mayoría espuria del Constitucional parece haber decidido jugar un papel político, en lugar de exclusivamente jurídico, en el fragor de la vida parlamentaria. Ya lo sospechábamos cuando aprobó los recursos presentados por Vox a los decretos de alarma del Gobierno durante la pandemia, pero ahora ha quedado plenamente confirmado.

 

El tribunal no ha llegado solo a esta encrucijada, sino alentado por el ambiente previo de crispación creado por el PP y Vox. A fuerza de llamar ilegítimo al Gobierno y a sus socios, y de elevar el tono de las críticas con adjetivos tales como golpista, dictador y tirano dirigidos al Presidente del Gobierno, estos partidos han creado el clima para empujar a las más altas instituciones judiciales a meterse en la refriega política y, lo que es más grave todavía, estas han accedido a ello.

 

El mal ya está hecho y va a ser muy difícil que estas instituciones recuperen el prestigio perdido. A medio plazo y, siempre que la derecha —que no parece interesada en cambiar nada— no gane las elecciones, habría que pensar en sistemas de elección y de renovación de estos órganos que impidieran los bloqueos y los candidatos manifiestamente ligados a los partidos, que obligaran a cumplir los plazos establecidos y que, a la vez, permitieran respetar la pluralidad política salida de las respectivas elecciones.

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