< Enero 2023 >

Una crisis constitucional no inocente

La presidenta del Congreso, Meritxel Batet anunció el cumplimiento de la decisión del Constitucional pero pidió poder defender sus argumentos ante el alto tribunal. Imagen: EP.

Una crisis constitucional no inocente

La decisión adoptada por el Tribunal Constitucional puede calificarse de muchas maneras como ya se ha hecho: insólita, inusual, inédita. Es decir, aquello que no se ha producido con anterioridad. La cuestión va mucho más lejos de si hay precedente o no. 

Hasta la fecha estábamos ante una seria crisis institucional por el bloqueo del Partido Popular, durante más de cuatro años, de la renovación, preceptiva, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. 

 

Hay un viejo principio jurídico, dado que de derecho hablamos, que reza que la causa de la causa es causa del mal causado. En este caso es palmario que lo que estamos viviendo tiene su causa en este bloqueo para un cambio reglado de un órgano que tiene a su vez que realizar un cambio de los magistrados del TC que ya tienen caducado su mandato.

 

Por tanto, la modificación normativa instada por los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno para modificar el sistema no se hubiera producido sin la torticera y reiterada actuación del Partido Popular. 

 

La vía utilizada por el Partido Popular implicando políticamente al Tribunal Constitucional ha terminado convirtiendo, lo que aparentemente parecía buscar; que la crisis institucional se convierta en constitucional. Es un escalón mayor de gravedad y sin saber qué consecuencias se pueden tener. 

 

La no renovación del CGPJ es por si ya un acto de incumplimiento de un deber constitucional por el primer partido de la oposición, apoyado por el partido de la extrema derecha y el ya irrelevante Ciudadanos. La implicación del máximo garante de la Constitución y la entrada de este en el juego político del TC, ya convierte la situación en un todos contra todos. O por lo menos eso puede parecer visto desde fuera. 

 

Lo peor es comprobar como determinados Magistrados del Tribunal, algunos con su mandato caducado, no puedan sustraerse a la disciplina partidaria de quienes los propuso. Ellos son conscientes, no solo de haber vulnerado el principio de independencia que nunca lo pretendieron, es que, por su actuación, parando cautelarmente la tramitación de una ley han intervenido directamente en el proceso de su elaboración. 

 

¿No había otra manera? Si lo que se ha producido es una conculcación de los derechos de participación de los diputados. Discutible. 

 

En todo caso, si esto se ha producido, el procedimiento a seguir es la impugnación de la ley una vez aprobada, pidiendo su nulidad por un vicio insalvable en el procedimiento de elaboración.

 

Lo que en ningún caso se puede hacer es conculcar la garantía institucional de dos órganos constitucionales esenciales como son el Congreso y el Senado. Las cámaras parlamentarias son soberanas en su competencia legislativa: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado” (art.66). 

 

De igual manera que las Cortes Generales no interpretan las leyes, ni hacen juicios de constitucionalidad de las mismas, el TC no puede interferir en la acción legislativa. En todo caso, doctores tiene la Iglesia para analizar con más rigor jurídico todo este embrollo, que parece ser todo menos fortuito.   

 

Es insólito que determinadas personas de la derecha española, grupos de opinión y profesionales de distinto cuño sigan sin aceptar los resultados electorales 

 

 

Políticamente, el Gobierno tiene que retomar, sin prisa, pero sin pausa, las reformas normativas que pretende, pues legitimidad no le falta y dispones de mayoría suficiente en las Cámaras para hacerlo. Considerar que más vale llegar tarde que no llegar y en este momento ante la quiebra del consenso constitucional por el que ha apostado el PP, es una necesidad democrática llegar demostrando que no hay un uso alternativo de la ley para mantener privilegios privados.   

 

Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza por la utilización política del Partido Popular del Tribunal Constitucional. Andrés Ollero, después de una dilata actividad política en el seno del PP siendo diputado durante diecisiete años pasó a ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional. 

 

No distinto es el caso del ínclito Enrique López que ha ido saltando del CGPJ, al Tribunal Constitucional a ser belicoso consejero en el Gobierno de Ayuso; por no hablar de Francisco Pérez de los Cobos, que compatibilizó, ilegalmente, su militancia política activa con la de ser Magistrado del TC del cual llegó a ocupar su presidencia. Por ello, hoy adquiere especial importancia no solo ser iguales sino ni parecidos.  

 

En todo caso, si nos preguntamos cuál es el pecado original de toda esta quiebra es mucho más preocupante. Es insólito que determinadas personas de la derecha española, grupos de opinión y profesionales de distinto cuño sigan sin aceptar los resultados electorales cuando no son ellos los vencedores y no aceptan los cambios legislativos cuando no son ellos los proponentes. 

 

La negación de la legitimidad se oyó contra González, Zapatero y hoy Sánchez, en las cámaras, los tribunales y la calle. 

 

Negar al otro es negar a la democracia.   

 


Álvaro Frutos es Licenciado en Derecho por la UCM, es abogado y analista. Fue Asesor y Director General del Gabinete de Crisis de Presidencia del Gobierno entre 1983 y 1996. Ha sido secretario de Formación, Estudios y Programas del PSOE de Madrid. Entre 2018 y 2022 fue secretario general de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).

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