Podría decirse que la crisis de gobernabilidad que vive el Perú desde el 7 de diciembre comenzó a gestarse en junio de 2021 durante la segunda vuelta electoral.
En ese momento, los peruanos se encontraron con el dilema de escoger entre una propuesta de extrema izquierda representada por el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo y una derecha conservadora representada por Keiko Fujimori.
El 6 de junio de 2021, el maestro rural de 52 años, Pedro Castillo se impuso por tan sólo cuarenta mil votos a Fujimori, quien en esa forma fracasó en su tercer intento por alcanzar la presidencia.
La imagen de sencillo y honesto hombre de pueblo, de abnegado educador y el gran desconocimiento que existía sobre él en la mayoría del electorado, sumado al apoyo de las iglesias cristianas, fueron suficiente para que Castillo obtuviera un ajustado triunfo y se convirtiera en presidente.
En esta forma, llegó a la presidencia Pedro Castillo casi sin proponérselo. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón quién no podía presentarse por una condena previa por corrupción, necesitaba un candidato que diera la cara por su partido, y allí estaba el bueno de Pedro Castillo. No importaba que el candidato alternativo perdiera, igual su partido obtendría algunas bancas en el Congreso.
Castillo comenzó su campaña electoral en el Perú profundó con pequeños actos, muchas veces sencillamente hablando, subido a un cajón de cerveza, con un discurso claro y reiterativo pero comprensible para los campesinos.
El maestro rural comenzó a penetrar en el electorado y a subir en las encuestas. Sorpresivamente, el candidato de Perú libre coló a la segunda vuelta, aunque tan sólo con el 18,9% de los votos.
Luego el rechazo que causaba, en una importante parte del electorado, la figura de Keiko Fujimori hizo el resto.
En esta forma, Pedro Castillo se convirtió en presidente, sin contar con un partido propio, en un parlamento atomizado en diez bancadas distintas, entre las cuales Perú Libre solo obtuvo 36 de los 130 diputados.
El partido que impulsó su candidatura: Perú libre se define como una agrupación marxista leninista, mariateguista y de orientación marxista. Es decir, de una orientación ideológica muy similar a la del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso. La agrupación terrorista dirigida por el fallecido Abimael Guzmán, “Camarada Gonzalo” que ensangrentó al Perú en las décadas de los ochenta y noventa.
El auténtico líder de Perú Libre es un neurocirujano graduado en Cuba, Vladimir Cerrón, quien, como dijimos, no pudo presentarse como candidato porque pasaba sobre él una condena de tres años y nueve meses de cárcel por corrupción.
Desde un primer momento, Pedro Castillo demostró sus limitaciones intelectuales y personales. No contaba con un programa de gobierno, ni con los suficientes cuadros técnicos para administrar eficientemente al Estado.
Para agravar la situación, Castilló sintió que debía demostrar independencia y de que era “el hombre a cargo” y se distanció de Vladimir Cerrón.
El resultado final era inevitable. La casa de gobierno asistió a un extraño ballet en que durante dieciocho meses decenas de ministros, asesores, primeros ministros y secretarios estrenaban sus cargos y al poco tiempo eran destituidos o renunciaban.
No puede sorprender a nadie que en este contexto que, en un año y medio, Pedro Castillo, acumulara contra él cinco investigaciones judiciales, cuatro por corrupción y otra por plagio en su tesis de maestría, una década antes.
Cuando el congreso peruano se disponía a tratar su destitución por “vacancia moral”, Pedro Castillo, aparentemente sin consultarlo con nadie, ni siquiera con los mandos militares que debían apoyarlo (tal como hizo el presidente Alberto Fujimori, en 1992, cuando dio su golpe de Estado) decidió dar un golpe de Estado.
El 7 de diciembre de 2022, el presidente Castillo anunció en un sorpresivo mensaje televisivo a la Nación, que disolvía el Congreso, creaba un “gobierno de excepción” que convocaría a elecciones en un plazo de nueve meses para reformar la Constitución y mientras tanto decretaba el toque de queda en todo el país.
Ante la prolongación de la violencia, la presidenta Dina Boluarte ha decretado el estado de emergencia en todo el territorio peruano por treinta días.
La convocatoria de una asamblea constituyente fue una de las promesas de Castillo durante la campaña presidencial. Además, anunció la reorganización del sistema judicial (Poder Judicial, ministerio público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional).
Pocas horas más tarde, cuando en el país reinaba una total calma y sorpresa, sin el apoyo de las fuerzas armadas y tras la renuncia de varios de sus ministros, Castillo fue destituido por 101 votos de un total de 130 legisladores, entre ellos los votos de los diputados de Perú Libre y fue reemplazado en el cargo por su vicepresidente Dina Boluarte.
En esta forma, Pedro Castillo se convirtió en el sexto presidente peruano destituido en seis años.
Castillo intentó lograr asilo en la embajada de México, pero no logró llegar a la embajada, fue arrestado acusado de “rebelión y conspiración” por sus propios custodios, por orden de la Fiscalía.
La abogada de sesenta años, Dina Boluarte, que asumió la presidencia del Perú, presenta las mismas carencias que Castillo. Esta distanciada del partido Perú Libre que la llevó al cargo, tiene muy poca experiencia en la gestión pública y ningún apoyo en el Congreso. Alcanzó la presidencia porque estaba en la línea de sucesión para salvar el orden constitucional, pero nadie confía realmente en sus condiciones para encauzar al país y gobernar hasta julio de 2026.
Al tomar estado público la destitución y detención de Castillo y la asunción de Boluarte, comenzaron las protestas callejeras y los incidentes. Organizaciones indígenas y campesinas movilizaron inmediatamente en apoyo del presidente depuesto.
Los manifestantes, que se enfrentaron violentamente con las fuerzas de seguridad comenzaron pidiendo la liberación y restitución del expresidente Castillo.
Pero pronto cambiaron sus demandas exigiendo el adelantamiento de las elecciones y la reforma de la constitución peruana. Además de los piquetes en las calles, los manifestantes ocuparon aeropuertos -como el de Cusco, que tuvo que cerrar-, terminales de buses y trenes y sedes de universidades.
Según Oscar Arriola, director de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE), las autoridades detectaron entre los agitadores la presencia de terroristas excarcelados pertenecientes a Sendero Luminoso (PCP-SL), al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MODADEF).
Hasta el momento, las protestas que se han producido en distintos puntos del territorio peruano, y con especial virulencia en los departamentos de Arequipa y Apurimac, han provocado un total de siete manifestantes muertos y cientos de heridos (entre ellos un centenar de policías y militares), acompañado de gran destrucción de propiedad pública y privada.
La presidenta Dina Boluarte tratando de distender la crisis, anunció el adelantamiento de las elecciones para abril de 2024. Aunque el anuncio es de difícil concreción porque adelantar las elecciones implica violar la actual constitución peruana.
De todas formas, los manifestantes, aunque constituyen tan solo una minoría de la población peruana, rechazaron el anuncio y continuaron con la violencia callejera y exigiendo la reforma de la constitución.
Para agravar aún más la situación, se difundió un comunicado emitido por Argentina, México, Colombia y Bolivia solicitando a las nuevas autoridades peruanas “priorizar la voluntad ciudadana”, sin hacer referencia alguna al proceder golpista del expresidente Castillo que precipitó la crisis. Estos países no han reconocido aún al gobierno de Boluarte, como si lo han hecho el departamento de Estado de los Estados Unidos, el Foreign Office del Reino Unido y la ONU.
Ante la prolongación de la violencia, la presidenta Dina Boluarte ha decretado el estado de emergencia en todo el territorio peruano por treinta días. Esto implica la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
La presidenta peruana también manifestó que las elecciones podrían adelantarse aún más hasta diciembre. Pero nada hizo que los manifestantes cesaran en la protesta.
En esta forma el gobierno de Dina Boluarte comenzó a enfrentar el dilema que tradicionalmente plantean los golpes blandos a las autoridades que los sufren.
Si reprimen a los manifestantes ocasionan más víctimas fatales y heridos que sirven de combustible a la protesta. Las organizaciones de derechos humanos comienzan a reclamar por las víctimas y a demandar la liberación de los manifestantes detenidos a quienes consideran “presos políticos”.
Al mismo tiempo, un grupo de gobiernos hostiles comenzaran a presentar denuncias contra el país por “criminalizar la protesta social”, luego solicitaran sanciones y la intervención de organismos internacionales: OEA, ONU, Amnistía Internacional, etc.
Por lo tanto, la mejor alternativa para los gobiernos afectados es dialogar con los manifestantes buscando una salida consensuada a la crisis. Solo que en el caso de Perú no parece haber un actor definido con la suficiente autoridad con quien negociar. Incluso el detenido Pedro Castillo puede carecer de la autoridad política suficiente para disuadir a los manifestantes de cesar la protesta, en el caso de que así lo deseara.
De aquí que la crisis institucional en Perú, al menos por el momento, presente un final abierto.