< Enero 2023 >

Dejen en paz las pensiones públicas

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Imagen: EP

Dejen en paz las pensiones públicas

Un nuevo recorte se cierne sobre las pensiones públicas. ¿Es necesario? No, en mi opinión.

Desde hace décadas se viene pronosticando la quiebra de los sistemas públicos de pensiones, no solo en nuestro país. Pronósticos interesados que corren a cargo de supuestos expertos, al servicio de fundaciones e instituciones cercanas a los multinacionales del seguro y la banca.

 

Por si alguien no lo recuerda, el sistema de público de pensiones en España se nutre de los pagos que aportan las empresas; salario diferido, y de las aportaciones de los trabajadores y trabajadoras a su futura pensión de jubilación. Por tanto, no se pagan con impuestos, ni son un privilegio para quienes terminan su vida laboral. Tiene una serie de características:

 

Es de “reparto”, y cabría decir que intergeneracional, pues los pensionistas de hoy reciben su pensión de las cotizaciones sociales de los trabajadores en activo. Pensiones y cotizaciones están en función del salario de los trabajadores y trabajadoras.

 

Es “proporcional”, dado que la pensión que se recibe se relaciona directamente con las aportaciones que el pensionista realizó durante su vida laboral.

 

Es “universal” porque, además de las pensiones que proceden de los salarios diferidos de los trabajadores y trabajadoras, las pensiones contributivas, también cubre a personas que no han contribuido al sistema o que no tienen 15 años cotizados, como mínimo. Estas pensiones no contributivas tienen la consideración de “ayuda asistencial” y se pagan con dinero de los impuestos.  Pero hoy me referiré a las contributivas, pues son las receptoras habituales de las reformas regresivas.

 

Es de “gestión pública”, pues su reparto y distribución corre a cargo de la Seguridad Social.

 

Por último “la suficiencia”, que es el derecho constitucional que fija el Artº. 50 de la Constitución:

 

“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

¿Por qué se insiste en la falsa insostenibilidad del sistema? ¿por qué se continúan proponiendo reformas regresivas? ¿por qué el Gobierno no encarga la Auditoría a la que está obligado por ley?

 

 

Como decía al inicio, hay mucha literatura sobre la sostenibilidad del sistema y se han hecho muchos “experimentos”, a nombre de la “insostenibilidad”, todos con el común denominador de rebajar el importe de las cuantías, como es el caso de la que actualmente propone el ministro Escrivá o como la que llevó a cabo el gobierno del señor Rajoy en 2013, por la que una de sus medidas vinculaba la pensión futura con la esperanza de vida, y la otra medida revalorizó las pensiones durante varios ejercicios económicos al ridículo 0,25%.

 

El primer problema es que se ha venido drenando los ingresos de la Seguridad Social para el pago de pensiones por la vía de las tarifas planas, exenciones y rebajas en las cotizaciones. Dicho de otro modo; la devaluación del salario diferido, de la misma manera que el salario directo se devalúa con la inflación, por ejemplo, y el indirecto por el recorte en los servicios públicos. En 1980 las empresas cotizaban el 29,25% de la base de cotización y el trabajador el 5,15%. Hoy, las empresas cotizan el 24,1% y los trabajadores el 4,8%. Es decir, que las empresas cotizan un 17,61% menos que en 1980, y los trabajadores cotizarán un 6,79% menos. Esa devaluación de los salarios diferidos, en favor de las empresas, supone que la Seguridad Social deja de ingresar más de 1.000 millones anuales, por cada punto porcentual de los 5,15 puntos que hay entre el 29,25 de 1980 y el actual 24,1.

 

El segundo problema lo puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas del Estado en su informe de marzo de 2020, según el cual el Estado, como gestor del dinero procedente de las cotizaciones, ha utilizado dinero para pagos indebidos:

 

El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.

 

Este informe del Tribunal de Cuentas abarcó el periodo 1989 a 2013. Cuando las asociaciones de pensionistas tuvieron noticia de este informe, comenzaron a reivindicar que se lleve a cabo una Auditoría, por parte del Tribunal de Cuentas, para esclarecer a cuánto asciende la deuda del Estado con la Seguridad Social. Producto de la movilización y la perseverancia de asociaciones como COESPE, el 18 de diciembre del pasado año, se aprobó la Ley 21/2021, en la que el Gobierno adquirió la obligación de encargar un informe de Auditoría para el periodo 1967 a 2019.

 

La Disposición Adicional Sexta de la citada Ley establece que el Gobierno debería haber presentado el informe de Auditoría en junio de este año que termina, pero no lo ha hecho.

 

Cabe preguntarse, a la luz de estos datos constatables, ¿por qué se insiste en la falsa insostenibilidad del sistema? ¿por qué se continúan proponiendo reformas regresivas? ¿por qué el Gobierno no encarga la Auditoría a la que está obligado por ley? Son preguntas que debería responder el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

 


Roberto Tornamira es sindicalista. Trabajador del sector financiero desde 1979. Militante sindical, pasando por distintas responsabilidades desde 1991 hasta 2021.

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