< Enero 2023 >

La supresión del delito de sedición o la deconstrucción de la sentencia del procés

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, en la comparecencia que valoró la decisión del Gobierno sobre la sedición.

La supresión del delito de sedición o la deconstrucción de la sentencia del procés

Si Pedro Sánchez hubiera vivido en el siglo XV posiblemente Maquiavelo no se hubiera limitado a consignar que Cesar Borgia y Fernando de Aragón eran los más claros exponentes de príncipe renacentista (por consiguiente maquiavélicos avant la lettre), sino que hubiera añadido a la lista al actual presidente del gobierno español. 

El ejemplo más claro de ello es la proposición de ley de reforma del Código Penal, que suprime el capítulo primero del título XXII de dicho cuerpo legal dedicado al delito de sedición y modifica los artículos 557 y 557 bis, referidos al delito de desórdenes públicos para incorporar un tipo agravado de dicho delito.

 

La razón de dicha iniciativa atiende más a motivos políticos que jurídicos. Es una evidencia que durante la etapa del procés la comunidad internacional ha mantenido una actitud de plena solidaridad con el gobierno español rechazando la segregación territorial que el independentismo catalán proponía. Pero, en paralelo, también se ha constatado la incomodidad de los tribunales de diferentes países de la Unión Europea así como de algunas instancias internaciones por la severidad de las penas impuestas a los dirigentes del independentismo catalán, prueba de ello han sido las negativas de los tribunales de Bélgica, Alemania, Italia y Gran Bretaña a ejecutar las euroórdenes emitidas por el magistrado Llarena para la devolución de los políticos exiliados a España así como los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU. 

 

En realidad hay tam-tams procedentes de Estrasburgo que anuncian que las sentencias del TEDH de las demandas de los políticos catalanes podrían ser parcialmente estimatorias.

 

La reforma penal que se propone supondría la extinción de la pena de prisión para los condenados del procés y el acortamiento del periodo de su inhabilitación, para Sanchez la reforma solo presenta ventajas. 

 

La reforma no tiene a corto plazo efectos tangibles, puesto que los condenados por el Tribunal Supremo ya gozan de libertad a resultas del indulto parcial otorgado por el Gobierno, de modo que el coste político de la medida se presenta más amortiguado. 

 

Sánchez se blinda ante una eventual sentencia estimatoria del TEDH desmarcándose de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

 

Asimismo, en el caso que la Sala Tercera del Tribunal Supremo estimara los recursos interpuestos contra los indultos a los presos catalanes (lo cual sería factible de mantenerse la actual composición de la sección quinta causante de la reversión de la inicial inadmisión de dichos recursos), la reforma impediría la vuelta a prisión de los indultados, lo que hubiera supuesto, sin duda, un nuevo incendio  de Barcelona como cuando se conoció la sentencia del procés. 

 

En el caso que Llarena volviera a activar las euroórdenes para los exiliados de Bruselas posiblemente con la nueva normativa, más atemperada que la vigente, fuera factible que Bélgica viera con mejores ojos cualquier iniciativa española de cooperación penal. 

 

Si Pedro Sánchez, como dice, quiere pasar a la historia ha de mirar con luces largas el conflicto de Cataluña lo que debería suponer la reincorporación de todos los representantes de los diferentes sectores de la sociedad catalana a la vida política

 

 

Por último, la reforma penal ahora en tramitación parlamentaria ofrece al Gobierno español un importante instrumento de represión de futuras actuaciones no solo del independentismo sino también de otros movimientos sociales con la regulación del tipo agravado del delito de desórdenes públicos. 

 

De modo que ahora el balón está en el terreno de ERC; el actual Govern en minoría  depende de los votos del PSC para aprobar los presupuestos y cualquier iniciativa legislativa necesaria para la continuidad de la legislatura, de forma que los republicanos no pueden desdecirse del apoyo al Gobierno central. Sin embargo, su apuesta por la mesa de dialogo ha dado unos resultados más bien magros, solamente el indulto, que como se ha dicho podría ser revocado, cabría imputar en su haber. La derogación del delito de sedición podría ser otro logro a mostrar a su parroquia, de todas maneras podría ser un logro con trampa incorporada. 

 

Ya se ha dicho que dicha derogación tiene como contrapartida la incorporación del tipo agravado del delito de desórdenes públicos destinado a aquellos “que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación”. La indeterminación del tipo ha puesto en alerta a amplios sectores sobre su posible uso extensivo contra las diferentes formas de activismo social también contra las manifestaciones pacíficas del independentismo catalán. 

 

Incluso una entidad como Omnium Cultural con 190.000 asociados (la asociación privada más numerosa de Cataluña, más incluso que el Barça), que mantiene una posición nada radical dentro del independentismo, se ha opuesto a dicha reforma penal lo que supone un serio aviso para ERC, que reclama que la reforma alcance al delito de malversación, que supondría la práctica extinción de responsabilidad penal de los condenados en la sentencia de octubre de 2019. 

 

Si Pedro Sánchez, como dice, quiere pasar a la historia ha de mirar con luces largas el conflicto de Cataluña lo que debería suponer la reincorporación de todos los representantes de los diferentes sectores de la sociedad catalana a la vida política, en otros casos más dramáticos (Colombia, Irlanda del Norte, con muchas vidas humanas sacrificadas) así se ha hecho, de otra forma la política de apaciguamiento será mera propaganda.  

 

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