Para muchos madrileños y madrileñas, la gran manifestación que discurrió por las calles de Madrid el domingo día 13 de noviembre ha sido como abrir la ventana en una fresca mañana de primavera.
Desde las manifestaciones contra la guerra, en febrero de 2003, o aquellas en las que en marzo de 2004 exigíamos saber "¿quién ha sido?”, tras los atentados de Atocha y las mentiras del Gobierno de Aznar, no se veía en Madrid una masa compacta de ciudadanos y ciudadanas reivindicando al unísono; en este caso en defensa de la Sanidad Pública, o, dicho de otro modo, contra su desmantelamiento con el objetivo de fomentar la sanidad privada.
En un artículo anterior, “La agresión permanente a la Sanidad Pública”, abordé este asunto ante la alarmante cascada de ceses y dimisiones de responsables sanitarios autonómicos y desde la óptica del personal sanitario y sus reivindicaciones. Y las consecuencias que la política de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, desde que el 30 de junio de 2003 se perpetrara “El Tamayazo”, están teniendo para la Sanidad de todos y todas. Hoy quiero abordar un par de este asunto tras la multitudinaria manifestación del fin de semana pasado.
Cabe la posibilidad de que, ante el estallido democrático madrileño, el Gobierno regional quiera buscar una solución rápida al conflicto con los médicos y que acepte contratar a los 40 facultativos que, como mínimo, faltan en el servicio de urgencias extrahospitalarias en los pueblos de la Comunidad, ojalá. Pero eso no resolverá el profundo deterioro que se ha producido en la Sanidad Pública y sus graves consecuencias para los y las pacientes.
El problema no es solo de gestión, es un problema político; por mucho que a la señora Díaz Ayuso le moleste. Es por eso que alguien debería asumir responsabilidades por el caos creado, en primer lugar, el Consejero de Sanidad, el Sr. Ruiz Escudero. Pero incluso si dimitiera ella misma, como coreaban los manifestantes, eso tampoco resolvería el problema.
La solución para los 6,8 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid se daría si se produjese un giro copernicano en la política que se aplica. Es decir, que cuando dicen que construyen hospitales que sea cierto y que no pretendan que aceptemos como hospital el “Zendal”, cuando en realidad es un almacén de enfermos, pues como bien preguntó el Sr. Casado el día de la inauguración ¿dónde están los quirófanos?
La solución llegará cuando no haya hospitales con más de 400.000 habitantes asignados como pacientes, como es el caso del Ramón y Cajal, La Paz, o el 12 de Octubre… por citar solo tres ejemplos. Si eso ocurriese, disminuirían las listas de espera para operaciones, para consultas externas con especialistas y la saturación de las urgencias hospitalarias. Hay que contratar médicos, enfermeras, auxiliares y celadores.
Si además se deja de maltratar a los Médicos Interinos Residentes (MIR), tanto en sus condiciones económicas, de jornada y de asignación de plazas, estaríamos en el camino de devolver el reconocimiento que nunca debió perder el ejercicio de la medicina, en el ámbito público.
Cualquier ciudadano un poco informado percibe, sin entrar a criterios económicos que dejan claro que esto no es un error sino un plan premeditado
Hay que dotar de plantilla a los Centros de Atención Primaria en toda la Comunidad, de manera que se acabe con lo que nos dijeron que era por la pandemia: la atención médica telefónica, la de la cita previa telemática… y todas las trabas que los usuarios y usuarias venimos sufriendo en los últimos tiempos. Por supuesto, es inaceptable la pretensión de establecer la videoconsultas.
No soy yo quién para establecer cuáles son las soluciones en materia sanitaria a los problemas generados por la política de devaluación de la Sanidad Pública que se aplica en esta Comunidad. Solo he querido señalar lo que cualquier ciudadano un poco informado percibe, sin entrar a criterios económicos que dejan claro que esto no es un error sino un plan premeditado, aspecto que señalé en el artículo antes citado.
Por otra parte, de la macro manifestación del pasado domingo se desprende que los ciudadanos y ciudadanas también tenemos derecho a la política. Aunque escuchando las reacciones de Dª. Isabel y su ¿equipo?, pudiera parecer que solo ella y el PP tienen derecho a ejercerla. Esta pretensión de la derecha española no es novedosa, la expresan de forma sostenida en el tiempo cuando no gobiernan; momentos en los que todo gobierno es ilegítimo, según ellos claro está. La anti política es uno de los peligros que nos acechan.
El derecho a la libertad de expresión y de manifestación, aunque el PP los lesionó con su “Ley Mordaza” en 2015 (aún no derogada), son derechos para el libre ejercicio político de las personas, y eso es lo que ocurrió el domingo. Es evidente que para que haya una movilización alguien tiene que convocar, fijar un recorrido y un horario, entre otras cosas porque es lo que obligatoriamente se tiene que hacer ante Delegación de Gobierno. Pero de lo que no puede caber ninguna duda es que el día 13 de noviembre se manifestaron, libremente, madrileños y madrileñas de todas las edades, y por lo que expresaban, muy conscientes de querer defender la Sanidad Pública que pagan con sus impuestos. Puede que hubiese muchos y muchas de ellos que también tengan una póliza con alguna entidad médica privada, pues bien saben que, salvo las tarjetas “premium”, en la sanidad privada también hay clases y que cuando la cosa se complica les derivan a la pública.
No quiero terminar sin señalar algo que me ha llamado la atención, tras la manifestación, al leer, ver y escuchar algunos medios de comunicación. Resulta que ¡la Plaza de Cibeles ha encogido! Sí, a mi también me ha parecido increíble. Es la conclusión a la que he llegado tras recordar que dichos medios, hace seis meses, publicaban que a la celebración de la 14ª “Champions League” del Real Madrid habían acudido a Cibeles 500.000 seguidores. El domingo, yo no pude pasar de Atocha.