< Diciembre 2022 >

La agresión permanente a la Sanidad Pública

NO CIERRES LOS OJOS

Los sanitarios madrileños protestan por el plan de Isabel Díaz Ayuso para las urgencias extrahospitalarias. Imagen: EP

La agresión permanente a la Sanidad Pública

NO CIERRES LOS OJOS

El 17 de octubre dimitió la gerente de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Pero es que en el verano defenestraron al director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento del Servicio Madrileño de Salud y, al poco tiempo, fue cesado el gerente del Suma 112. Es llamativo el reguero de ceses y dimisiones en el área de Sanidad en el “paraíso de libertad”, según palabras de IDA, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un “paraíso” para las grandes fortunas “tax free”, para especular con la vida y la salud de los ciudadanos, y por supuesto para tomar cañas en las terrazas que han salido como setas de alquitrán.

Es precisamente libertad lo que les falta a los técnicos que trabajan para la Administración sanitaria en Madrid. Un proceso de depuración permanente llevado a cabo por el Gobierno del PP en Madrid, que comenzó con la de la directora de Salud Pública, en mayo de 2020, por el riesgo de “colapso” de las UCI en la Comunidad de Madrid, contra la decisión de IDA de acelerar el pase a fase 1 del plan de desescalada: “dimití tras horas intentando convencer de que no cometieran una barbaridad”, escribió en su cuenta de Twitter, Yolanda Fuentes.

 

Unos meses después, en octubre de 2020, fue Alberto Reyero, no ya un técnico, sino un miembro del propio Gobierno de Ayuso, quien dimitió por la criminal acción política de negar la asistencia sanitaria a los ancianos y ancianas en residencias; unos 7.300 muertos solo en Madrid. El dimisionario ha publicado un libro cuyo título define qué ocurrió: “Morirán de forma indigna”.

 

Las dimisiones y los ceses no son más que una consecuencia concreta del caos reinante en la Sanidad Pública madrileña: “abandono de los usuarios y desprecio absoluto a los trabajadores y trabajadoras de este servicio público”, ha denunciado el secretario general de CCOO en Sanidad de Madrid, Mariano Martín-Maestro.

 

Un ejemplo claro de este caos es el procedimiento por el cual las enfermeras debían atender pacientes cuando no hubiera médicos. Otra de las instrucciones, para enmarcar, del Gobierno presidido por IDA.

 

Las ocurrencias, algunas con efectos dramáticos, obedecen al Plan para la Atención Primaria cuyo objetivo no declarado, pero evidente, es la demolición de las Urgencias de Atención Primaria (UAP). Uno de los capítulos más groseros de dicho Plan es lo que el Gobierno de Díaz Ayuso llama: “Proceso de reestructuración de las urgencias extrahospitalarias”; unas urgencias que llevan medio cerradas desde marzo de 2020, cuyo objetivo real es un nuevo recorte de personal. Con la consecuencia directa del colapso de las urgencias hospitalarias.

 

Los bajos salarios, la inestabilidad laboral y precariedad en las condiciones de trabajo son consecuencia de los recortes presupuestarios del servicio sanitario en Madrid.

 

 

 

Se echa en falta una movilización coordinada, y sostenida en el tiempo, por las organizaciones que se reclaman de la izquierda, ante un problema general, para la defensa de uno de los pilares del Estado de Bienestar

 

 

Los efectos son tremendos, no solo para los trabajadores de la sanidad, también para los madrileños y madrileñas que se ven obligados, pues nadie acude a urgencias o a una consulta médica por gusto, a ir a unas urgencias hospitalarias saturadas, y a soportar unas listas de espera grotescas, según datos oficiales: 300.000 pacientes tienen que esperar tres meses para ser atendidos por un especialista, 80.000 lo hacen para una prueba diagnóstica y 15.000 para una operación, en promedio.

 

El deterioro se corresponde con que la Comunidad de Madrid es la región del Estado español que menos presupuesto “per cápita” destina a Sanidad: 1.300,65 euros por habitante y año, frente a los 1.679,26 de gasto medio del resto de comunidades (datos presupuestarios para el ejercicio 2022), un 30% por debajo de la media.

 

Ante esta insoportable situación, los trabajadores del Servicio de Atención Rural (SAR), convocaron una huelga indefinida, que iba a dar comienzo el 25 de octubre. El anuncio de la huelga activó la repentina necesidad de negociar del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. A fecha de cerrar este artículo, el sindicato de médicos Amyts, el mayoritario, ha rechazado el preacuerdo, pues denuncian que “siguen sin entender cómo se pueden abrir 78 dispositivos con el personal de 40… y no están dispuestos a rebajar la calidad asistencial a los pacientes”.

 

Se echa en falta una movilización coordinada, y sostenida en el tiempo, por las organizaciones que se reclaman de la izquierda, ante un problema general, para la defensa de uno de los pilares del Estado de Bienestar. Esperemos que la gran manifestación que tuvo lugar el sábado día 22 de octubre, de Neptuno a la Plaza de Sevilla, en Madrid, convocada por los principales sindicatos de la Sanidad Pública en Madrid, y apoyada por el PSOE, sea la primera de muchas movilizaciones en las que se le da posibilidad de participar a los ciudadanos.

 

La única beneficiada de este caos, provocado, es la sanidad privada. Esto lo avalan los datos publicados por la prensa económica y por UNESPA, la patronal de empresas aseguradoras, que señalan 2021 como el mejor año para el negocio de las aseguradoras médicas privadas, y al hacer públicos los datos al cierre del primer semestre de 2022, con unos ingresos de 32.965 millones de euros, un 4,43% más que en 2021. Un sector en el que el oligopolio conformado por: Segurcaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre acaparan el 74,17% del negocio.

 

Los datos demuestran que los efectos de la pandemia no son solo atribuibles al virus, y que el deterioro de la Sanidad Pública se corresponde con un plan trazado para reducir la Sanidad Pública a un servicio de mínimos, con tendencia a la beneficencia, en favor de los intereses del mercado libre, el único que es libre de verdad, según los parámetros de Díaz Ayuso.

 

 

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