El Consejo de ministros aprueba este martes el que serán su tercer proyecto de Presupuestos Generales del Estado gracias al acuerdo que han cerrado de madrugada los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Estas cuentas públicas, las últimas de la actual Legislatura se vuelcan en el gasto social para reforzar el Estado de Bienestar y proteger a familias y empresas de las consecuencias económicas de la invasión de Rusia.
Tras este acuerdo, ahora los socios del Ejecutivo deben incrementar las negociaciones con sus habituales socios parlamentarios para conseguir aprobar estos Presupuestos en el Congreso de los Diputados. A pesar de que se mantienen contactos permanentes con PNV, ERC, Bildu, Más País y el resto de partidos minoritarios, ahora se acelerarán los encuentros con sus respectivos portavoces y líderes para cerrar definitivamente un acuerdo. Hay que recordar que la suma de los diputados socialistas y de Podemos llega a 155 escaños y necesita alcanzar los 176 votos de la mayoría absoluta. En los dos presupuestos anteriores, el Ejecutivo superó sin problemas esa cifra, pero ahora empiezan de cero la negociación.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantaba en sus redes sociales que estos Presupuestos “incluirán el mayor gasto social e inversión productiva para hacer de España un país más justo, avanzado y productivo. Los PGE de la justicia social y la prosperidad económica”.
Ha dado más detalles de las cuentas la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha afirmado que el acuerdo alcanzado es “justo y beneficioso para nuestro país”. Se trata de unas palabras completamente distintas a las que lanzaba en una entrevista en la Cadena Ser el lunes por la noche cuando afirmaba que el acuerdo estaba aún lejos y, además, decía abiertamente que no compartía la forma de negociar los Presupuestos tras comenzar a elaborarlos en el mes de agosto.
Ahora, sin embargo, la líder de Unidas Podemos afirma que “son unas cuentas públicas que aportan certidumbre, que afrontan con valentía el efecto de la inflación y que consolidan la protección social y del tejido productivo que el Gobierno está impulsando”.
Sobre medidas concretas, Montero ha adelantado que “incrementaremos el salario de los empleados públicos hasta el 9,5% en tres años, recuperando derechos y mejorando condiciones laborales; incrementaremos las partidas destinadas a las políticas de igualdad, especialmente para el Plan de inserción de víctimas de trata y el Programa Corresponsables; Dejaremos atrás el último recorte del PP en materia de desempleo recuperando el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación; todas las pensiones, sean contributivas o no, se incrementarán para que mantengan su poder adquisitivo; se incluyen permisos de conciliación para cuidadores, para atender circunstancias familiares imprevistas o un nuevo permiso parental de 8 semanas; se impulsa una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con mejores de 0 a 3 años; se reforzará con 600 millones el Plan de Choque de Dependencia; se aumentarán el Ingreso Mínimo Vital y el IPREM; se desplegará una agenda verde, con una mirada a largo plazo; consolidaremos el programa de renaturalización de ciudades y reforzaremos las zonas de bajas emisiones, etc”.
Por su parte, el presidente del Gobierno ha manifestado que “por tercera vez consecutiva, aprobamos unos Presupuestos Generales del Estado para proteger a la clase media trabajadora, avanzar en justicia social y garantizar la prosperidad económica de España”.
Las cuentas de 2023 incorporarán también los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está pensado para que la economía española se dirija hacia un modelo "más digital, más verde y más productivo".
El pasado mes de julio el Gobierno aprobó un techo de gasto para 2023 de 198.211 millones de euros, un máximo histórico que supera en un 1,1 % el de las cuentas de 2022, con una referencia de déficit del 3,9 % del PIB, 1,1 puntos menos que lo que se espera para este ejercicio.
Las cuentas del próximo ejercicio incluirán una revalorización de las pensiones conforme al IPC, como ha asegurado Yolanda Díaz así como una subida salarial para los empleados públicos del 2,5 %, a la que se podría sumar un 1 % adicional en función de la evolución del producto interior bruto (PIB) y la inflación, según el acuerdo cerrado este lunes.
También incorporarán una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1 % superior a la de 2022, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero no la extensión de las medidas para atajar la inflación -como la bonificación del carburante o la bajada del IVA eléctrico-, que se decidirá a final de año.