Además de bienes, el Estado reclama documentos y legajos que incluyen bienes de Patrimonio Nacional, bienes del Patrimonio Documental Español y bienes de dominio público, por su afectación al uso del Pazo como residencia oficial del Jefe del Estado. Además, estos últimos forman parte del Patrimonio Histórico Español por su interés histórico y artístico, vinculada a la escritora Emilia Pardo Bazán, así como a la actividad que se desarrolló en el inmueble durante la dictadura. 

 

La demanda responde a la petición formulada por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional como por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Ya en mayo de 2021, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que solicitaba el inicio de acciones judiciales para defender la titularidad pública de los bienes muebles relacionados con la historia del Pazo de Meirás y que son de titularidad y dominio público.

 

Además, la demanda tiene como antecedente dos sentencias dictadas sobre la reivindicación del inmueble en el que se encuentran situados estos bienes, en las que se estableció que: el Pazo de Meirás se adquirió con fondos de los ciudadanos e instituciones públicas, y que todo el mantenimiento, conservación, reparación, mejores y otros trabajos fueron financiados con fondos públicos.

 

A modo de precaución la demanda incluye una petición de medidas cautelares para que los bienes permanezcan dentro del Pazo y en depósito de la Administración hasta que el Juzgado resuelva a quién corresponde su propiedad, para una óptima conservación y protección, así como garantizar los intereses históricos y artísticos ligados a ellos por dónde se encuentran.