La Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, conocida como la Ley “Crea y Crece” se encuentra dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y pretende ayudar al tejido productivo eliminando obstáculos regulatorios para que crear empresas sea más sencillo, así como ayudar a que se expandan. Esto da respuesta tanto a demandas del sector como a recomendaciones de organismo internacional y la ley ha sido aprobado con un amplio respaldo ya que para su redacción se ha dialogado entre los miembros del Congreso, las Comunidades Autónomas y otros agentes económicos.

 

Esta necesidad de simplificar el proceso de creación y crecimiento de empresas es de gran importancia para aumentar la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización, lo que a su vez incentiva la competitividad y el crecimiento económico. La norma reduce y agiliza los trámites y condiciones para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, fomenta su crecimiento a través de la mejora regulatoria, generaliza el uso de la factura electrónica, establece medidas para luchar contra la morosidad en operaciones comerciales e impulsa la financiación alternativa potenciando mecanismos como el crowdfunding, la inversión colectiva o el capital riesgo.

 

Una de las medidas para facilitar la creación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada es que el capital social mínimo será de 1 euro, frente al mínimo de 3.000 euros que se pedía actualmente, algo similar a lo que ocurre en otros países que no piden en capital mínimo.  También reduce los costes y plazos para la creación de empresas y facilita su creación telemática a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).

 

Para favorecer el crecimiento, la ley amplia el catálogo de actividades económicas exentas de licencia, y se refuerza la cooperación entre Administraciones. En cuanto a la lucha contra la morosidad que afecta a la liquidez y rentabilidad de las empresas, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos, para tener un mejor control sobre los pagos. Asimismo, aquellas empresas que no cumplan los plazos de la ley de Morosidad (Ley 3/2004 del 29 de diciembre) no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.

 

En el ámbito de la financiación y a fin de incluir otros métodos alternativos como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo, se modifica la regulación para adaptarla a la normativa europea que introduce una mayor flexibilidad para estos servicios.