La nueva ley no supone la desclasificación de documentos, salvo acuerdo con las autoridades

La nueva ley no supone la desclasificación de documentos, salvo acuerdo con las autoridades

Se desclasificarán poco a poco si lo deciden "de oficio" las autoridades competentes o a instancias de personas afectadas

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la nueva Ley de Información Clasificada, que no conlleva la desclasificación automática de los secretos oficiales clasificados hasta ahora, sino que deberán levantarse por parte de las autoridades competentes o a instancias de aquellas personas afectadas que así lo soliciten. El anteproyecto no entrará en vigor hasta seis meses después de la aprobación en las Cortes, que el Gobierno augura para inicios del año 2023.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La desclasificación de los documentos clasificados hasta la fecha, y los que se clasifiquen hasta la entrada en vigor de la nueva ley, dependerán de las autoridades competentes o de las personas afectadas que así lo soliciten. "La regulación de la norma se aplica a todas las instituciones por igual", ha explicado Bolaños, recordando que la medida no proporcionará especiales restricciones o protección de los documentos vinculados a la Corona.

 

En la línea de lo que anunciaba Sánchez hace unas semanas, calificando la nueva ley como algo "fundamental e impostergable", Bolaños la ha considerado "avanzada y garantista", y ha señalado que "era una asignatura pendiente" por la importancia del "derecho a conocer", eso sí, garantizando también la seguridad y la defensa nacional.

 

El anteproyecto clasifica estos documentos en cuatro categorías diferentes: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Aquellos documentos que entren en las dos primeras categorías, se dejarán en las manos del Consejo de Ministros, mientras que los dos tipos restantes, corresponderán a autoridades como ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, delegados del Gobierno, etc.

 

Respecto a los plazos de clasificación, el máximo serán 65 años. Para las informaciones de alto secreto, se fijará un plazo de 50 años, prorrogable por otros 15 más; los documentos "secretos", podrán permanecer así por 40 años, con una prórroga de diez más. Los confidenciales entre siete y diez años y los restringidos entre cuatro y seis. Una vez prescritos los plazos máximos, las informaciones deberán ser desclasificadas automáticamente. "No existe la posibilidad de que algo esté clasificado de por vida", ha indicado Bolaños.

 

Será la Autoridad Nacional para la Información Clasificada, dependiente del departamento de Bolaños, la que se encarque de este tipo de informaciones, además de contar con funciones de asesoría del Ejecutivo, fijar criterios homogéneos que amparen a toda la administración, así como valorar la idoneidad de las personas con acceso a los secretos oficiales.

 

Otra novedad será la posibilidad de que una persona directamente afectada pueda solicitar la desclasificación, y en caso de que la demanda no sea atendida, podrá presentar recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. "Se regula que la Comisión de Secretos Oficiales sea el órgano competente para encauzar todas las peticiones de desclasificación de información que puedan hacer los diputados y diputadas", ha señalado Bolaños, antes de añadir: "Cualquier solicitud de petición de desclasificación de un documento se hará a través de esa comisión y, en el caso de que se desclasifique finalmente el documento, se exhibirá a los miembros del parlamento que están allí presentes".

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